Ortega insiste en quitarle la nacionalidad a los que cuestionan su dictadura

Los afectados no podían ser un grupo más diverso. El listado, leído el 15 de febrero por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, incorpora también a quienes fueron parte de instituciones del Estado y se rebelaron contra el binomio Estado-partido que ha impuesto Ortega en la última década.

Nombres como Rafael Solís Cerda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y uno de los hombres más cercanos a Ortega antes de 2019, han sido presentados como traidores a la patria. Desde su renuncia al cargo, en enero del mencionado año, Solís mantuvo un perfil bajo en Costa Rica. Su nombre fue cada vez menos mediático después de provocar todo un terremoto político y de haber negado la hipótesis del oficialismo de que las protestas de abril de 2018 fueron un «intento de golpe de Estado».

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No obstante, ello no le evitó que la pareja presidencial de Nicaragua olvidara la afrenta. «Los nombres que aparecen en dicha lista evidencian que, tarde o temprano, el régimen cobra todo lo que ellos consideran una traición», aseguró un analista en el exilio que pidió mantener su nombre en el anonimato a raíz de los hechos. Muchos, como él, prefieren que la situación se enfríe. El miedo se vuelve a imponer entre las voces críticas que recurren a una nueva etapa de autocensura ante la embestida del régimen.

El efecto de la medida en los afectados es todo lo contrario a sentirse como «traidores». «Estar en esa lista es entrar a un cuadro de honor, porque las personas que están ahí son de alto respeto, principios y valores extraordinarios. Me preocuparía no haber sido incluido», asegura Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Su renuncia en medio de una sesión especial del organismo fue otro terremoto que desequilibró la política internacional del régimen. McFields era una pieza clave en la difusión del discurso oficial de la dictadura hacia la comunidad internacional. Sus comunicados mantenían un estilo que se asemejaba a la narrativa empleada por Murillo, el cual tachaba las protestas como un intento de golpe y a los manifestantes como terroristas.

«Estar ahí es una confirmación de que estamos haciendo lo correcto y que tenemos que seguir haciéndolo», reafirmó el exfuncionario. Además de él, figuran Ligia Ivette Gómez, doctora en Economía por la Universidad de Córdoba y exfuncionaria del Banco Central; y Yader Alfonso Morazán Flores, exfuncionario del Poder Judicial.

La medida ha trastocado a intelectuales críticos de Nicaragua y periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, quien dirige el semanario 'Confidencial' –cuyas instalaciones fueron tomadas en diciembre de 2018 en Managua–; Wilfredo Miranda Aburto, también periodista y editor de 'Divergentes'; Lucía Pineda Ubau, directora de '100%Noticias' y expresa política, entre otros.

Destacan los escritores Sergio Ramírez, exvicepresidente del primer gobierno sandinista entre 1986 y 1990, que hoy se dedica por completo a la escritura y es un crítico del régimen; Gioconda Belli, poeta y escritora, quien formó parte del organismo de propaganda sandinista cuando era una organización clandestina en la lucha contra los Somoza; Sofía Montenegro Alarcón, periodista y columnista que también sirvió desde la clandestinidad a los sandinistas; Mónica Baltodano Marcenaro, comandante guerrillera de la Revolución de 1979.

En Nicaragua muchos esperaban que sus bienes fueran confiscados tarde o temprano, pero el despojo de la nacionalidad de forma tan extendida y arbitraria es un nuevo límite cruzado por el régimen. Hasta el momento 316 nicaragüenses han sido afectados por la imposición. Al menos 222 de ellos fueron presos políticos desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero, en una acción coordinada por Estados Unidos. La excarcelación de los reos fue un gesto que los funcionarios estadounidenses aplaudieron y pudo abrir una puerta a un diálogo entre ambos actores.

Lo cierto es que el partido de gobierno ha hilado toda una máquina represiva a través de la justicia hasta llegar don está ahora. La estrategia ha transitado por diversos estados, cuyo punto de partida estriba en la aprobación de la Ley de defensa a los derechos del pueblo a la independencia del pueblo, la soberanía y la autodeterminación para la paz, que incorporó por primera vez el delito de traición a la patria. La norma fue aprobada el 20 de diciembre de 2020 y con ella inició una nueva narrativa que tacha de traidor a cualquier crítico del régimen.