El presidente de Ecuador no quiso ser burlado como su antecesor y ordenó el asalto a la embajada de México

Al igual que Glas, Duarte formó parte del Gobierno de Rafael Correa, como ministra de Transportes y Obras Públicas entre 2010 y 2014. Condenada a ocho años de cárcel por asuntos de corrupción, en agosto de 2020 se refugió en la embajada de Argentina para no ingresar en prisión. El Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández le concedió asilo a comienzos de diciembre de 2022 y quiso sacarla del país mediante un salvoconducto que pidió a Ecuador.

Denegado ese permito por parte de Lasso, Duarte desapareció a comienzos de abril de 2023 para resurgir unos días después en la embajada de Argentina en Caracas. Aunque el presidente argentino negó cualquier implicación de sus diplomáticos en la fuga, la Cancillería ecuatoriana concluyó que «en el mejor de los casos hubo negligencia y en peor de los casos hubo complicidad» y echó del país al embajador argentino.

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La secuencia parecía repetirse ahora y, por si acaso, Noboa se adelantó. Tras unas declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles sugiriendo que, intencionadamente, Noboa se benefició electoralmente del asesinato de un candidato rival que iba mejor en las encuestas, Quito echó a la embajadora mexicana. Al día siguiente, el Gobierno de López Obrador concedió a Glas el asilo que venía solicitando. Al otro día, Noboa ordenó el asalto de la embajada mexicana para capturar a Glas y enviarlo a prisión.

Esa escalada, aunque inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y completamente inexcusable, se entiende en el contexto del populismo y la extrema ideologización con la que algunos gobiernos latinoamericanos están conduciendo su política exterior en relación con sus vecinos. Ecuador es un Estado de derecho y no tiene ningún régimen autoritario –ni con Lasso ni con Noboa– para que primero la Argentina de Fernández-Kirchner y ahora el México de López Obrador deban conceder asilo político a personas con sentencias en firme por actualización delictiva.

No es la primera vez que López Obrador tensa la relación diplomática con otro país «hermano». En 2019 no quiso reconocer la legitimidad de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia y acogió en la embajada de México en La Paz a varios miembros del Gobierno de Evo Morales, a quien luego el propio México otorgó asilo. López Obrador tampoco ha reconocido a Dina Boluarte, que es presidenta de Perú desde el intento de autogolpe en diciembre de 2022 de Pedro Castillo, a cuya esposa e hijos México también ha concedido asilo.

Solidarizándose ahora con México, también Nicaragua ha roto sus relaciones diplomáticas con Ecuador, en condena por la actuación policial, a pesar de que en 2022 el mismo régimen de Daniel Ortega asaltó y confiscó la legación de la Organización de los Estados Americanos en Managua. De igual modo también se ha alineado Nicolás Maduro, lo que, por otra parte, vendría a indicar que no tienen intención de forzar la inmunidad de la embajada de Argentina en Caracas para detener a los opositores allí resguardados, ellos sí víctimas de una dictadura. Por su lado, Bolivia ha llamado a consultas a su embajador en Quito.

Menos lejos han llegado las tensiones diplomáticas provocadas por los gobiernos extremos de Argentina, si bien igualmente contribuyen a un deterioro de las formas exigibles. Chile expresó varias veces sus quejas por actuaciones o declaraciones de Rafael Bielsa, embajador en Santiago durante el Gobierno de Alberto Fernández (fue ministro de Exteriores con Néstor Kirchner).

También el Gobierno chileno ha expresado una queja formal contra el actual embajador argentino, enviado por Javier Milei, el excanciller Jorge Faurie, quien a mediados de marzo tuvo palabras de menosprecio hacia Chile. «Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer», espetó.