El presidente de Ecuador ordena a su Gobierno entregar información sobre un caso de presunta corrupción familiar

Según las grabaciones, la trama exigía sobornos a cambio de adjudicar contratos en las empresas públicas del sector eléctrico, había supuestos pagos para cobrar liquidaciones, falsificación de documentos de empresas y reparto de dinero. En una de ellas se escucha decir a Hernán Luque, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), que para su tranquilidad «preferiría que me des 150.000 dólares mensuales». Poco después, habla de abrir una cuenta en Andorra.

En los audios también se oye al ciudadano identificado como Rubén Chérres pedir una cuota mensual de 30.000 dólares al mes «para Danilo». Chérres es amigo de Danilo Carrera (84 años), un exitoso empresario vinculado a directivas deportivas, casado con una hermana del presidente Lasso.

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El escándalo ha movilizado a la Fiscalía General del Estado que abrió una investigación previa en la que hay 16 personas investigadas, incluyendo altos cargos del Ejecutivo; a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (Congreso) que llamó a declarar a varias autoridades, y a los legisladores que integraron una Comisión Ocasional Multipartidista que tiene un mes para investigar.

La reacción del Gobierno llegó tras días de indiferencia frente a la denuncia, pero después el secretario general de la Administración, Iván Correa, anunció que Joaquín Ponce, el nuevo presidente de EMCO EP, pidió la renuncia de los gerentes de las empresas públicas encargadas de la producción petrolera, minería y electricidad, y dio a conocer que han solicitado al Juez de Cuentas realiar exámenes especiales a los procesos administrativos y financieros de esas empresas desde julio de 2021, hasta la fecha.

Desde Davos donde el presidente Lasso ha asistido al Foro Económico Mundial, instó a la Policía a localizar a los funcionarios implicados, y, a sabiendas que algunos habrían salido del país, ordenó se pida la ayuda internacional para localizarlos. También envió una carta a la fiscal, Diana Salazar, dándole a conocer que ha dispuesto a todas las instancias del Ejecutivo para entregar la información que permita esclarecer el caso. El presidente ha defendido a su cuñado de quien dice es una persona a la que estima, aprecia y valora mucho. «Es un hombre honorable», ha repetido.

Carrera demandó al periodista Andersson Boscán, de 'La Posta', quien denunció el caso al que han llamado «El Gran Padrino», por medio millón de dólares por supuesta difamación. La organización Fundamedios dijo que, si bien las acciones civiles son un mecanismo permitido por los instrumentos interaccionales de libertad de expresión, deben ser utilizadas como último recurso, si no sería intento de censura.

El coordinador de la Comisión Cívica Anticorrupción, Germán Rodas, dijo a ABC que «este caso es la muestra de un sistema estructural donde la delincuencia organizada está dentro las principales áreas estratégicas del país por la ausencia de una política anticorrupción, en todos los gobiernos».

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a quien el Ejecutivo ha puesto como vocero para tratar esta denuncia, declaró que están abiertos a que se investigue con celeridad. «Que actúe la justicia, pero nosotros como Gobierno estamos llevando a cabo procesos de auditorías y hemos acudido a la Asamblea Nacional», dijo.