Perú derogará el decreto de impunidad por los abusos contra derechos humanos

El Decreto Legislativo (D.L.) 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses , desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

El grueso de juicios que las Fuerzas Armadas y militares afrontan actualmente por casos de abusos a los derechos humanos son por hechos cometidos entre 1980 y 2000 , cuando el Estado peruano combatió al terrorismo. Los mayores casos de abusos se produjeron, según un informe oficial, durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, quien al inicio de su gestión cerró el Congreso para dar poder a los militares en la lucha contra la guerrilla.

La polémica en torno a esa ley se acrecentó la semana pasada, después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori (1990-2000) , pidieron acogerse a este decreto.

Además de haber sido rechazado por políticos, juristas e incluso la I glesia católica, el decreto también ha sido criticado por el relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, quien expresó que puede crear "un clima de impunidad".

El Gobierno pidió la derogatoria de la ley pocas horas después de que el escritor Mario Vargas Llosa renunciara a presidir la comisión encargada de la construcción del Lugar de la Memoria , un proyecto sobre los años de guerra interna peruana (1980-2000). El escritor consideró en una carta enviada al presidente peruana, Alan García, desde París que el decreto 1097 "sólo va a traer desprestigio" al gobierno y consideró que "lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político" en su país.