El partido de extrema derecha alemán AfD se enfrenta al desalojo de su sede en Berlín por ruidoso

El partido se instaló hace tres años en el distrito berlinés de Reinickendorf, pero la empresa propietaria lleva tiempo queriendo deshacerse de su inquilino, al que la Oficina de Protección de la Constitución ha catalogado oficialmente como un presunto caso de extremismo de derecha. AfD paga 42.775 euros de alquiler básico al mes por 2.430 metros cuadrados de espacio de oficinas y 20 plazas de aparcamiento. Hasta ahora, el dinero siempre ha fluido a tiempo, por ahí no podían atacar.

Sin embargo, la noche del 23 de febrero, con un gran logotipo del partido proyectado sobre la fachada y una fiesta por todo lo alto, supuso un punto de inflexión. La propaganda política está prohibida en el edificio, alega Lukas Hufnagl, el propietario austriaco. AfD esa noche también bloqueó accesos reservados a los bomberos en caso de incendio y superó los decibelios permitidos a horas no autorizadas. Hufnagl habló el día siguiente con su abogado y, según la portavoz de la corte, la demanda fue notificada al partido el 20 de mayo. AfD se negó a desalojar y prefirió ir a juicio.

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Anteriormente, había fracasado un intento de vender el edificio en su totalidad al partido. «Después de que la junta ejecutiva federal de AfD rechazara la compra que se le ofreció en 2023 debido a una mala ubicación, un espacio demasiado grande y un precio excesivo, el director general del propietario ejerció una presión cada vez mayor: amenazó con echarnos a la calle sin previo aviso si no se realizaba ninguna compra. Después de que la junta ejecutiva federal de AfD no respondiera a este ultimátum, la amenaza de rescisión sin previo aviso tuvo lugar en marzo de 2025, sin una advertencia generalmente prescrita, pero seguida de una nueva oferta de compra a un precio inflado», ha informado el partido. Desde entonces, ambas partes se acusan de chantaje y Hufnagl teme por su reputación y su dinero. Los posibles inquilinos de otras oficinas aledañas se están marchando y los bancos les están rechazando nuevos préstamos.

En el trasfondo de esta disputa inmobiliaria subyace el absoluto asilamiento al que el resto de partidos políticos alemanes siguen sometiendo a AfD, que se extiende a buena parte de la sociedad. Quizá no sea así en los Bundeslander orientales, donde su presencia está más normalizada, pero sí en la capital, donde siguen estando muy mal vistos. En el Bundestag, se impide incluso la entrada de varios de sus empleados, por motivos de seguridad, y formaciones políticas contrarias llegan fácilmente a acuerdos fraternales con el fin de evitar que AfD acceda a alcaldías o jefaturas de distrito.

No obstante, este grado de repudio no parece corresponderse con las encuestas. La última de Insa para Bild Zeitung advierte que, si hoy hubiera elecciones, AfD obtendría un 25,5% de los votos. Uno de cada cuatro electores votaría Alternativa para Alemania y sería prácticamente imposible formar Gobierno con ellos. Este resultado empata con la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del partido del canciller Friedrich Merz, que se aferra a la decisión de pactar con cualquier otro socio que no sea AfD. «Con el partido que se autodenomina Alternativa para Alemania no cooperaremos ni antes, ni durante, ni después», respondió la última vez que le hicieron la pregunta.

A pesar de este clima de exclusión, el tesorero federal de AfD, Carsten Hütter, confía en llegar a un acuerdo. El partido responderá a la acción de desalojo de manera oportuna y está listo para la resolución de disputas por vía de la mediación, asegura. Además, cuenta con otros contratos en el edificio que no se ven afectados por el desalojo y que no expiran hasta 2027. Habla de un juicio «políticamente cargado». El partido rechaza las acusaciones y señala una «disputa puramente política, instrumentalizada legalmente y escenificada por los medios de comunicación, en detrimento de la Alternativa para Alemania«, según su portavoz Kay Gottschalk.