Nueva crisis judicial para Le Pen: investigada por financiación ilegal en su campaña presidencial

El lunes 31 de marzo pasado, el Tribunal de París condenó a Marine Le Pen a cuatro años de prisión (dos de ellos en firme) y cinco de inhabilitación, con ejecución inmediata, más una multa de 100.000 euros, por malversación de fondos públicos europeos en banda organizada. Según el diccionario de la RAE, malversación es «el delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo».

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Le Pen presentó un recurso. Pero todavía es pronto para saber si ese recurso le permitirá presentarse como candidata de su partido en las elecciones presidenciales del 2027. Según varios sondeos, Le Pen está perdiendo intenciones de voto, en beneficio del número dos de su partido, Jordan Bardella (29 años), que no tiene estudios ni ha trabajado nunca.

Mientras ese proceso sigue su incierto curso, la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques), la institución independiente que vela por la integridad de las campañas electorales, ha abierto una nueva investigación sobre la campaña presidencial del 2022.

El mes de julio del 2024, la fiscalía del Tribunal de París abrió una investigación sobre Marine Le Pen y su partido, AN, por presunta «estafa cometida en perjuicio de personas o instituciones públicas, usando documentos falsos», durante la campaña presidencial de hace tres años. Se trata de una sospecha muy grave, tratándose de una candidata a la jefatura del Estado.

Diez meses más tarde, la noche del jueves, la CNCCFP transmitió a la fiscalía del Tribunal de París nuevas informaciones de presuntos comportamientos ilegales.

Según las filtraciones que ha publicado toda la prensa escrita y audiovisual, Marine Le Pen y su partidos se habrían beneficiado de «presuntos créditos», de una veintena de particulares que habrían entregado a Le Pen varios millones de euros, en unas condiciones fuera de la Ley.

Según la normativa administrativa y fiscal francesa, los créditos ofrecidos a líderes políticos deben respetar unas condiciones de «transparencia» que permita conocer el «origen y destino» del dinero particular o bancario utilizado con fines políticos por una personalidad o partido.

No es un secreto que los banqueros rusos y europeos de Vladímir Putin fueron, durante bastantes años, los prestamistas oficiales y oficiosos de la familia Le Pen, Marine y su difunto padre, Jean-Marie, el patriarca de la saga familiar.

Tras el inicio del intento de invasión colonial de Ucrania, el mes de febrero del 2022, esa relación bancaria entre Le Pen y Moscú quedó aparentemente aplazada o suspendida temporalmente. Le Pen encontró en Francia una veintena de generosos financieros a fondo perdido de sus actividades políticas.

El CNCCFP sospecha que los «préstamos» y donaciones de la campaña presidencial del 2022 pudieron violar la legislación vigente. Y ha trasladado a la Fiscalía del Tribunal de París sus sospechas, agravando la instrucción en curso, de palmaria influencia muy negativa para la imagen pública de Le Pen, cuando su posible sucesor, Jordan Bardella, comienza a crecer en los sondeos.