El día después de la extinción del Título 42: «Hay quienes queremos entrar legalmente a EE.UU.»

Juan, un migrante de origen venezolano que la jornada anterior pasó caminando entre los portones migratorios de la frontera en Ciudad Juárez, permanece varado. Lleva más de cinco días aguardando en la puerta número 40 del puesto fronterizo para acceder y entregarse a las autoridades, pero jamás cruzó. Dice que le hicieron esperar para que aguardara y se le fuera el tiempo. Así que en la víspera del final del Título 42, con más esperanzas que certezas, caminó hacia otro portón sin, nuevamente, cruzar. Llegó muy tarde.

A Juan, que tiene 28 años pero aparenta más edad tras meses de mala alimentación, frío e intemperie, se le quiebra la voz al recordar que no pudo entregarse a las autoridades estadounidenses con el fin de ser procesado y exponer su caso.

Es decir, explicarles que viene de un país como Venezuela en el que ha perdido la esperanza por el régimen de Nicolás Maduro y la falta de oportunidades. «Hay quienes queremos hacer las cosas bien, quienes deseamos entrar legal y salir adelante», relata Juan vía llamada telefónica. Accedió a brindar esta entrevista sin revelar su nombre completo por temor a lo que pueda sucederle si le toca regresar a Venezuela.

Su mejor opción hasta el momento es permanecer en Ciudad Juárez, con sus pocas pertenencias que caben en dos bolsas y una mochila que siempre carga con él. Hace unos meses inició el viaje desde Venezuela, cruzando a pie casi todo el trayecto, internándose en el temido Darién —entre Colombia y Panamá— donde la carretera se corta y los migrantes deben introducirse en un bosque frondoso, empleado para el tráfico de drogas y el crimen organizado. Luego, cruzan Centroamérica y llegan a México, el país en el que deben enfrentarse a robos, violencia y más crimen organizado.

Juan asegura que necesita información, porque ni siquiera maneja términos que las autoridades migratorias sí que lo entienden. Apenas comprende que desde la madrugada del viernes entró en vigor el Título 8, que contempla deportaciones inmediatas, en cuestión de horas, a México o a sus países de origen. Además, dicha disposición revela «consecuencias más severas por entrada ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años de reingreso y un posible proceso penal», según explicó el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Su plan inmediato es permanecer en Ciudad Juárez y volver a valorar sus opciones. Pedir ayuda a las decenas de organizaciones y activistas que han dispuesto sus números de teléfonos para asesorarlos, o pedir su cita a través de la aplicación CBP One, que le permita concretar una cita con una autoridad migratoria que pueda determinar si son elegibles a un programa de asilo.

Antes de responder el teléfono, July Rodríguez, presidenta de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos se alista para visitar un albergue temporal en Tláhuac, a las afueras de la Ciudad de México. Como la mayoría de los refugios para migrantes en México, está abarrotado. «La gente está esperanzada en obtener esta cita de CPB One para presentarse al oficial de inmigración y dar su entrevista, pero entonces viene la otra parte del reto. Demostrar que tienen un miedo creíble», remarcó. Es decir, probar que son perseguidos políticos y no pueden regresar en ninguna circunstancia a sus países de orígenes.

Rodríguez explica que existe mucha incertidumbre sobre las nuevas disposiciones de EE.UU. hacia el tema migratorio. Algunas de ellas han sido anunciadas desde el día anterior a que finalizara el Título 42 y consisten en mayores implicaciones para quienes pretenden cruzar la frontera por vías irregulares. La Administración estadounidense informó que estas serán procesadas conforme a las autoridades de expulsión acelerada del Título 8 en cuestión de días, quedarán imposibilitadas de volver a ingresar en EE.UU. durante al menos cinco años si se ordena su expulsión, y se supondrá que no son elegibles para pedir asilo.

Por otra parte, el Gobierno asegura que ha ampliado las opciones de acuerdo con el derecho para los migrantes, mediante un acceso ampliado a la aplicación CBP One para presentarse en un puerto de ingreso de EE.UU. También prometió duplicar la cantidad de refugiados del hemisferio occidental, y la colocación de centros en Colombia y Guatemala, donde los migrantes puedan optar para pedir asilo a EE.UU., España y Canadá.