La maldición de la casa del expresidente Salvador Allende

Solo un sinfín de «desprolijidades» (descuidos), como han sido calificadas, pueden explicar que la idea de convertir dicha casa en museo terminara dañando el legado de Allende y sus herederas. Es más, cuando el primer mandatario Gabriel Boric promovió la iniciativa dentro del marco de conmemoración de los 50 años del golpe militar, nadie la cuestionó y un año después el Congreso aprobó la glosa del presupuesto para materializarla.

Hoy, tras cuatro meses de polémica, la fallida compra deja un reguero de víctimas políticas: dos ministras de Estado destituidas, una senadora cesada en su cargo por el Tribunal Constitucional (TC), otros seis funcionarios alejados de sus cargos, una acusación constitucional en la Cámara ya rechazada y una investigación judicial aún vigente por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en donde Boric está imputado.

Construida a finales de los años 40 del siglo pasado por el destacado arquitecto democristiano Fernando Castillo Velasco, fue adquirida por el entonces senador Allende en 1953 con la finalidad de trasladar a su esposa Hortensia 'Tencha' Bussi, quien padecía de tuberculosis, y a sus tres hijas –Isabel, Beatriz y Carmen Paz– a un sector de la capital con mejor aire. En ella residieron hasta que, en 1971, después de asumir su cargo el presidente socialista se instaló en la casa presidencial oficial de Tomás Moro, situada en las faldas de la cordillera de Los Andes y bombardeada el 11 de septiembre de 1973.

Iniciado el régimen militar, la propiedad de la familia Allende Bussi, en la calle Guardia Vieja 392, fue cerrada y permaneció detenida en el tiempo hasta que Tencha y su hija Isabel regresaron del exilio en 1988, doce días antes del plebiscito constitucional que abrió paso a la democracia. Cuando la ex primera dama falleció en 2009, Isabel, senadora de la República para ese entonces, ocupó la residencia.

Testigo de una parte importante de la historia de Chile, esta casa pareada de 140 metros cuadrados, dos pisos y con un hermoso jardín, ha sido el lugar donde las herederas de Allende han preservado la memoria del exmandatario. Decorada todavía con los muebles originales, contiene en su interior la extensa biblioteca y escritorio de Allende y, por ello, siempre ha sido motivo de interés de visitantes extranjeros. En 2017 François Hollande estuvo en ella y dos años después Pedro Sánchez también la visitó, entre otros mandatarios.

La idea del presidente Boric era incorporar la casa de Allende al patrimonio nacional y una vez concretada la adquisición entregarla en préstamo a la Fundación Salvador Allende Gossens. No obstante, todo se truncó porque en el proceso nadie alertó del hecho de que dos de las propietarias –la senadora Isabel Allende Bussi y Maya Fernández Allende, hija y nieta de Salvador, respectivamente– eran autoridades en ejercicio y no podían celebrar un contrato con el Estado, según lo dispone el artículo 60 de la Constitución.

Según las últimas escrituras en poder del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Isabel y Carmen Paz Allende Bussi poseen en la actualidad un 33,3% de la propiedad cada una, mientras que el 33,3% restante está en manos de los dos hijos de Beatriz, fallecida en Cuba en 1977, Maya y Alejandro Fernández Allende.

Al mando de toda la operación, los propietarios designaron al yerno de la senadora Allende, el abogado Felipe Vio, casado con Marcia Tambutti Allende, presidenta de la Fundación de su abuelo. Por ello, tras entregarle un poder total para que actuara en su representación, Isabel y Maya se desentendieron de la negociación.

La semana pasada, al pronunciar su último discurso en el Senado, Isabel dijo que «como parlamentaria de una larga trayectoria, debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución, no rehúyo de mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa y, ante todo, actué confiando en la institucionalidad», subrayó.

En sus emotivas palabras de despedida, la parlamentaria socialista, quien estuvo en el Congreso desde 1994, apuntó al hecho de que durante la tramitación de los decretos presidenciales que autorizaban la compra y la redacción de la escritura de compraventa, ninguno de los involucrados advirtió la inhabilidad que pesaba sobre dos propietarias.

En el marco de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se ha conocido que un total de diecisiete abogados, pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la de las Culturas, así como miembros del equipo de asesores directos del presidente, revisaron los documentos, pero no avisaron del problema. De hecho, la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, sorprendió a los diputados la semana pasada al afirmar que ellos tuvieron en cuenta la inhabilidad, pero que su labor se reducía solo a certificar la legalidad de los decretos presidenciales, no otros asuntos.

Esta inhabilidad la hizo presente la oposición el 1 de enero, horas después de que el Gobierno emitiera un comunicado anunciando la firma de la escritura de compraventa. La primera consecuencia fue que el 6 de enero Boric solicitó la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y después de que el Partido Republicano y Chile Vamos presentaran requerimientos ante el TC solicitando el cese en su cargo de Isabel Allende, algo que ocurrió el pasado 3 de abril.

La caída de Maya Fernández, mientras tanto, se produjo el 10 de marzo después de que se divulgaran testimonios comprendidos en la carpeta de investigación que lleva el fiscal Patricio Cooper. Trascendió que el Estado ofreció 833 millones de pesos (unos 760.000 euros) por una casa cuyo valor fiscal es de 514 millones (menos de 470.000 euros).

Después de una representación del abogado Vio, el fisco elevó su valor en 100 millones de pesos (91.000 euros). También se conoció que la casa sería inmediatamente entregada en préstamo para su administración a la Fundación Allende, cuestión que ha generado múltiples críticas.

Fuera de micrófono, dirigentes de Chile Vamos han señalado que la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva destinó la casa familiar de los Frei Ruiz-Tagle a sede del museo de la fundación que lleva su nombre sin necesidad de vendérsela al Estado.

Isabel Allende, en su defensa, ha insistido en que «actuaron de buena fe» y cuestionó: «¿Realmente alguien cree que hubiera actuado con dolo sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política?». Convencida de que el fallo del Tribunal Constitucional, conocido oficialmente el pasado jueves, es «una injusticia», afirmó que nada de lo ocurrido «mancilla el legado de Allende».