Maduro acoge maniobras militares conjuntas con Rusia, China e Irán como desafío a Estados Unidos

El bloque oriental dirigido por el Kremlin tiene como objetivo demostrar su fuerza militar en el área del Caribe, es decir, en lo que considera el patio trasero de Washington, según los analistas internacionales. Según los medios propagandísticos de Putin y de Maduro participarán unos 270 equipos de 37 países en 36 modalidades de competencia militar. Además de Rusia y Venezuela participarán Argelia, Bielorrusia, Vietnam, India, Kazajistán, Uzbekistán, Myanmar, Abjasia y otras delegaciones del bloque socialista oriental.

La mayoría de estos países de la órbita rusa tienen en común es su antiimperialismo americano y el hecho de sufrir sanciones. El régimen chavista les brinda una oportunidad de oro para desafiar a Estados Unidos en sus propias narices. La estrella de la cartelera de los 'Army Games' son las pruebas denominadas 'Frontera Francotirador' que, por primera vez, se verán en Venezuela. También habrá ejercicios en el fuerte militar de Terepaima. La Fuerza Armada venezolana precisó que construyó durante cinco meses una cancha de obstáculos, áreas para jueces y árbitros y una tribuna para público. Esas obras estuvieron supervisadas por delegados del Gobierno de Rusia.

Maduro ha sacado partido a estos 'juegos de guerra' con la presencia de militares iraníes para lanzar una feroz campaña contra el Gobierno argentino de Alberto Fernández. Desea que les devuelva el avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde el 6 de junio bajo sospecha de estar vinculado con el terrorismo. La cúpula del régimen, con Diosdado Cabello –vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela– a la cabeza, no ha ahorrado improperios contra la Justicia argentina por este caso. Los tripulantes iraníes están siendo investigados por su presunta vinculación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Las maniobras también han servido al régimen de Maduro para reservar un palco en la primera fila internacional.

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, condicionó el restablecimiento del diálogo con la oposición venezolana a lo que suceda con el polémico avión. Stalin González, miembro opositor de los negociadores, reiteró que no hay una fecha precisa para retomar el diálogo, pero que siguen avanzando en que sea lo más pronto posible. Entiende que, aunque la agenda es pública, la discreción es esencial para lograr avanzar y que los venezolanos puedan decir «están trabajando por nosotros».

En medio de una aguda crisis económica, los trabajadores venezolanos critican la gran suma de dinero que ha gastado el régimen para instalar el escenario en donde se van a realizar los simulacros militares, además del gasto en alojamiento, comida, transporte de los comandos de francotiradores, etcétera, mientras el Gobierno les recorta el salario y los somete a una 'guerra de hambre'.

El salario mínimo es de 0,99 dólares por día (29,81 dólares al mes), por debajo del salario de extrema pobreza. El 95% de la población está en estos niveles dramáticos. La pobreza se agrava con la tasa de inflación mensual. En junio se aceleró nuevamente al situarse en 14,5%, cifra récord para el año 2022. La inflación acumulada del año ya alcanza el 53,8 %, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que destaca que «el valor de la cesta de la compra en julio de 2022 alcanzó un récord de 392 dólares». Es decir, 13 dólares diarios.

Los maestros, educadores, profesores universitarios, trabajadores públicos y jubilados decidieron entonces salir a la calle a protestar, aunque sus movilizaciones están censuradas en los medios de comunicación y no se puedan ver junto a los ejercicios bélicos. El descontento creciente en la calle no lo puede ocultar Maduro. José Gregorio Afonso, profesor jubilado, perdió el miedo y se puso a reclamar hace unos días en la autopista frente a la Universidad Central de Venezuela con pancartas alusivas a «los salarios de hambre».

El Gobierno decidió eliminar la contratación colectiva de la Administración pública mediante una instrucción de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y no abona el dinero de los bonos vacacionales. Esto ha perforado el bolsillo de los trabajadores, lo que ha sido la mecha que ha encendido las protestas sociales.