Líbano, al borde del abismo dos años después de la megaexplosión en el puerto de Beirut

Pero la investigación sobre las causas de la explosión sigue estancada en medio de la interferencia política, y ninguna autoridad estatal ha sido responsabilizada por la tragedia del 4 de agosto de 2020.

La semana pasada se derrumbaron varios silo de granos seriamente dañados, que servían como tristes símbolos del desastre, y otros más están en peligro de caer, advirtieron los expertos.

«Espero que al ver los silos caer, la gente sienta deseos de luchar por la justicia, de combatir con nosotros», declaró Tatiana Hasrouty, quien perdió a su padre en la explosión. Los políticos «están haciendo todo lo posible para frenar la investigación» del estallido, aseguró.

La megaexplosión fue un momento de pesadilla en la caótica historia de Líbano, un país inmerso en la peor crisis económica de su historia, marcada por apagones, inflación descontrolada y un desánimo generalizado.

Los manifestantes partirán en tres marchas separadas que se encontrarán al mediodía de este jueves en el puerto, donde persiste el olor a humo desde los silos, donde granos en fermentación arden en el calor abrasador del verano.

La explosión provocó el tipo de devastación que suelen causar las guerras y los desastres naturales.

Agravó también la situación de una población ya afectada por la crisis y aceleró el éxodo masivo que recuerda las salidas durante la guerra civil de 1975-1990.

La clase dirigente del Líbano, acusada de corrupción y negligencia, se aferra al poder incluso en momentos que la población enfrenta carencias de combustible, medicamentos y agua potable.

«Esta clase gobernante nos mata cada día», sostuvo Hasrouty. «Los que no morimos en la explosión estamos muriendo de hambre». Los apagones duran hasta 23 horas por día, las calles permanecen a oscuras por la noche y los semáforos no funcionan.

Lara Khatchikian, de 51 años, cuyo apartamento fue impactado por la explosión, mira el fuego en los silos de granos y lo califica como «una pesadilla».

«Mis vecinos y yo estamos estresados todo el tiempo», comentó. «He sentido temor, no podíamos dormir. Se necesita fuerza sobrehumana para vivir cuando constantemente te recuerdan la explosión», explicó.

El gobierno ordenó en abril la demolición de los silos, pero fue suspendida en parte por objeciones de familiares de las víctimas que quieren mantenerlos como un memorial.

El ingeniero civil francés Emmanuel Durand, quien monitora los depósitos, advirtió que el peligro de otro colapso parcial «nunca ha sido tan alto» y que podría ocurrir «en cualquier momento».

Entre tanto, la investigación está en peligro de acabar debido a que funcionarios han limitado el trabajo del investigador, Tarek Bitar con una serie de acciones legales.

Un funcionario judicial cercano a las investigaciones dijo que el trabajo del juez Bitar está paralizado desde el 23 de diciembre.

Las familias de las víctimas están divididas, con algunas que acusan a Bitar de estar sesgado y otros que lo ven como su única esperanza.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones insistieron hicieron un llamamiento a la ONU para que envíe una misión de verificación. Declararon conjuntamente que «ahora más que nunca resulta claro que la investigación interna no podrá hacer justicia».