La Justicia entra de lleno en la campaña presidencial de EE.UU.

La irrupción de la Justicia en las elecciones es un síntoma de problemas y una sombra sobre la salud del propio proceso democrático. Este año, en la probable reedición del Donald Trump vs. Joe Biden de 2020, la presencia de los tribunales va a ser histórica, en unas elecciones que van a probar la fortaleza institucional de EE.UU.

Todavía no han comenzado las votaciones de primarias y el Tribunal Supremo ya se ha visto forzado a intervenir en el proceso. Este viernes se ha conocido que sus nueve jueces tratarán la cuestión sobre la elegibilidad de Trump como candidato a la presidencia, después de que la justicia de Colorado decidiera el mes pasado expulsar al expresidente de las papeletas de primarias.

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Javier Ansorena

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La decisión de aceptar el caso coloca al Supremo en una situación delicada. Cualquier decisión que tome será entendida dentro del contexto político polarizado del país y dentro de la propia fractura ideológica del tribunal, que vive uno de los momentos de menor confianza por parte de la opinión púbica. Según una encuesta de Gallup de este otoño, solo el 41% aprueba la labor de los jueces, frente a niveles superiores al 60% a comienzos de siglo.

La decisión de Colorado la tomó el Tribunal Supremo estatal después de una demanda que exigía la inhabilitación de Trump para presentarse a las elecciones en base a la 14ª Enmienda de la Constitución, redactada tras la Guerra Civil. Su texto establece que los «oficiales» involucrados en una «insurrección» no pueden ocupar cargo público.

Los jueces de Colorado determinaron que la participación de Trump en la campaña para dar la vuelta a los resultados de las elecciones de 2020, que culminó con el asalto trágico al Capitolio para evitar la certificación del ganador, Joe Biden, encaja en el texto constitucional.

El Supremo podría haber despejado el asunto y mirado para otro lado, pero eso solo hubiera retrasado la cuestión. El viernes decidió tratar el asunto de urgencia –el próximo 8 de febrero– porque es urgente: las primarias republicanas comienzan el próximo lunes 15 con los caucus de Iowa y en Colorado se vota el 5 de marzo, dentro del llamado Super Martes, una jornada que acumula votaciones en 16 estados y que es la más decisiva en la elección de candidatos.

La defensa de Trump alegará una batería de argumentos: que el expresidente no participó en una insurrección –en la visión infundada de Trump, buscaba proteger la integridad de las elecciones–, que el término «oficial» no afecta al presidente o que la enmienda requiere acción legislativa del Congreso para aplicarla.

Es imposible anticipar qué decisión tomará el Supremo, pero es difícil presumir que, con la actual composición conservadora de seis jueces conservadores frente a tres progresistas –reforzada en la presidencia de Trump, que tuvo la oportunidad de nominar a tres magistrados–, suponga un varapalo para el expresidente. Trump no tardó en meter presión a los magistrados nada más conocer que tratarían el asunto de su presencia en las papeletas: «Solo espero que nos den un trato justo», dijo en un mitin en Iowa. «De lo contrario, nuestro país se meterá en un problema muy grande. ¿Entiende todo el mundo lo que quiero decir?».

Habrá también que ver la extensión de la decisión del Supremo, porque hay una docena de estados que han iniciado procesos similares al de Colorado. Uno de ellos, Maine, ha tomado la misma decisión. Ninguno de los dos son muy decisivos para las elecciones –ambos son pequeños y de mayoría demócrata–, pero hay otras demandas en marcha en estados clave, como Michigan.

El papel del Supremo podría ir mucho más allá de esta decisión. Este martes, un tribunal federal de apelaciones tratará este martes si Trump es inmune, como defienden sus abogados en virtud de su privilegio ejecutivo cuando era presidente, en algunas de las causas penales que enfrenta y que podrían empezar a ventilarse a partir de marzo, en plena campaña. El Supremo rechazó tomar ese caso por la vía urgente, pero es probable que acabe en sus manos ya que las dos partes están dispuestas a recurrir si la decisión está en su contra. No será la primera vez –y con probabilidad tampoco la última– que los magistrados se tengan que manchar la toga con el barro electoral.