La inusual intranquilidad de Panamá

Precedidas las protestas por otras marchas en 2022 contra el elevado coste de la vida (debido al alza entonces de la inflación, que se tradujo, entre otras cosas, en el aumento del precio de la gasolina), y coincidentes en este momento con un periodo de sequía que está obligando a reducir el tráfico en el Canal, los panameños ven peligrar una era de estabilidad institucional y relativa bonanza económica.

Las concentraciones que se han sucedido desde octubre no han sido violentas, pero sí persistentes y masivas. La renovación del contrato con la canadiense First Quantum Minerals para la explotación de la principal mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la provincia de Colón, fue criticada por la celeridad y la falta de trasparencia de su tramitación en la Asamblea Nacional, además de por cuestiones medioambientales.

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El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo aseguró haber mejorado las condiciones del contrato, pero su extensión de veinte años y la posibilidad de prorrogarlo otros veinte generó gran oposición, también alimentada por el hecho de no tener en cuenta una sentencia de inconstitucionalidad dictada en 2017. En un pronunciamiento de finales de noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional el nuevo contrato.

La mina en cuestión, Cobre Panamá, tiene un importante peso en la economía del país, pues supone el 5% del PIB. En 2022 el cobre constituyó el 75% de las exportaciones panameñas, un porcentaje más elevado de lo habitual debido al menor rendimiento del Canal por la afectación de las crisis internacionales al comercio mundial y al tráfico marítimo y, más recientemente, por la sequía.

Por el Canal pasan unos mil barcos al mes, con una carga total de 40 millones de toneladas, lo que representa el 5% del comercio marítimo global. Pero la peor sequía en la historia de esta vía interoceánica ha provocado un importante descenso del nivel del lago Gatún, en el centro del canal, y reducido el tráfico de mercancía en 15 millones de toneladas en el último año, con retrasos de seis días en la operación de tránsito. En los próximos meses el tráfico habitual de 36 barcos diarios habrá quedado reducido a la mitad.

Los paros provocados por las recientes protestas han supuesto un coste de 1.700 millones de dólares, según el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que advierte del deterioro económico del país. El paro se situó este año en el 8%, cuando hasta la llegada de la pandemia de Covid-19 se había mantenido muy estable en torno al 4%. Asimismo, está habiendo un descenso del crecimiento económico, que de un incremento del 10,8% del PIB en 2022 habrá pasado al 6% este año y baje al 4% en 2024, de acuerdo con las estimaciones del FMI.

Los problemas con Cobre Panamá también pueden desincentivar las inversiones internacionales, pues la empresa matriz ha realizado inversiones de 10.000 millones de dólares en los últimos diez años. El arbitrio internacional que ha solicitado puede tener un coste para el Estado panameño; de entrada, las agencias de calificación de crédito han reducido su valoración acerca de la solvencia del país.

Políticamente, la inquietud también se refleja en la crisis de los partidos políticos. El expresidente Ricardo Martinelli vuelve a presentarse a las elecciones, que tendrán lugar en mayo de 2024, a pesar de la sentencia condenatoria a 10 años de prisión por lavado de dinero y que él ha apelado. En enero de 2023 Estados Unidos le señaló como responsable de «corrupción significativa». Martinelli encabeza con claridad las encuestas, por delante de los candidatos de los dos partidos tradicionales, el PRD del actual presidente Cortizo, y el Panameñista de su predecesor, Juan Carlos Varela.