La renovación de una concesión minera incendia Panamá

El yacimiento en cuestión es el de Donoso, en Colón, la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, con una extensión de 13.000 hectáreas para extraer cobre y 645 hectáreas para oro. En 1997, el Estado otorgó la primera concesión minera a la compañía Petaquilla, bajo el mandato de Ernesto Pérez Valladares. En 2011, la también canadiense, Inmet Mining, compró parte de la concesión a Petaquilla y dos años más tarde es absorbida por First Quantum. Tras la quiebra de la panameña, la minera norteamericana toma el control, inicia la explotación en otra zona diferente, construye un centro de procesamiento y comienza las obras de un puerto para sacar el mineral. Las primeras demandas no se hacen esperar. Mientras el fallo se hace esperar, First Quantum sigue con su actividad.

El Gobierno asegura que la explotación de estos recursos supone un 5% del PIB y emplea a 10.000 personas, pero los expertos consideran que Panamá recibe muy poco en comparación con lo que percibe la minera canadiense.

Y finalmente llega la gota que colma el vaso, la renovación de la concesión en tiempo récord, sin apenas debate, aprobada, refrendada por el presidente, Laurentino 'Nito' Cortizo, y publicada en la Gaceta Oficial.

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Las reacciones no se hacen esperar: los universitarios comienzan a salir a las calles, les siguen organizaciones ecologistas, docentes, enfermeros, construcción, transporte... En Ciudad de Panamá se vive una relativa normalidad por las mañanas con cortes puntuales, pero cuando cae el día la ciudad se llena de multitudes que ondean banderas nacionales y se concentran en la Cinta Costera, una amplia franja verde ganada al mar y que se extiende hasta el barrio antiguo.

No parece una protesta al uso como lo podríamos entender en España. Familias con niños se pasean en un ambiente festivo a ritmo de salsa y reguetón desde furgonetas que portan enormes altavoces, con pancartas donde se pueden leer consignas en defensa del medioambiente, otras contra el presidente o mensajes como 'Prefiero vender drogas que a la patria', 'El Gobierno me está cogiendo duro y no se me ve rico' o 'por un Panamá mejor, no a la minería'. Se baila encima de furgonetas y camiones llenos de luces de galibo; mientras vendedores con carritos ofrecen bebidas, helados o un raspado de leche condensada con maracuyá y otras frutas.

Sin embargo, la cara menos amable comienza cuando, tras cantar el himno nacional -algo habitual en todas las protestas- los manifestantes se dispersan y surgen grupos de alborotadores que siguen con su particular 'fiesta': enfrentarse a la Policía. Raro es el día que algunos comercios no resulten vandalizados y otros saqueados. Tiendas y supermercados cierran antes de su hora. La concentración frente a la Asamblea Nacional durante los debates para la derogación de la polémica Ley 406 acabó con cargas policiales y gases lacrimógenos.

Las llamadas a la calma no han funcionado y el anuncio de Cortizo de convocar un referéndum el 17 de diciembre en favor o en contra del contrato, no ha apaciguado los ánimos. Tampoco los diez recursos interpuestos ante el Tribunal Electoral ni los pronunciamientos de los fiscales generales Caraballo y González, que califican la ley de inconstitucional. Las protestas no han bajado en intensidad. «Hay que seguir insistiendo hasta que se derogue completamente. Estos [por el Gobierno] son capaces de cualquier cosa», declara Armando Batista, un empresario agropecuario de Chitré.

Las movilizaciones se han extendido por todo el país. Se ha paralizado el transporte y el comercio mediante cortes estratégicos en los principales accesos de la autopista panamericana, la principal arteria viaria que recorre el país de oeste a este. La provincia de Chiriquí es la más afectada por ser el centro neurálgico de la producción agrícola y ganadera, lo que ha llegado a provocar el desabastecimiento de algunos productos en los supermercados. Los sectores lácteo y ganadero hablan ya de pérdidas millonarias, que aumentan cada día que sigue el conflicto. Las organizaciones empresariales Fedecámaras y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá alertan del perjuicio económico. Alicia Jiménez, de Fedecámaras, aboga por una pronta solución. El pasado jueves el sector de la construcción hizo un paro nacional.

La actividad turística se ha visto resentida, en especial durante el puente del primer fin de semana de noviembre, coincidente con los festivos del Día de la Independencia de Colombia, de la Bandera, y de Colón, con poca afluencia a hoteles y segundas residencias en las localidades de Pedasí, Isla Iguana, San Carlos, Bocas del Toro o las islas de San Blas.

Las universidades mantienen cerradas sus puertas y las clases son virtuales, al igual que en los colegios privados, mientras que en los centros públicos los docentes se han negado a comenzar de forma presencial. Los universitarios se niegan a reanudar las clases el próximo martes. Y mientras, las empresas han optado por el teletrabajo.

Moverse por las carreteras es toda una odisea. Viajeros y camioneros optan por hacerlo de madrugada cuando se interrumpen los bloqueos -entre la medianoche y las siete-. Cuando estos se producen no queda sino esperar de manera paciente. En la localidad de Divisa, en la salida de Azuero, los conductores se bajan de los vehículos, charlan, se preguntan unos a otros a qué hora se levanta el cierre y todos consultan grupos de WhatsApp por si aportan novedades. Entretanto, dos 'pick up' de la Policía aparcadas en el arcén también aguardan, como si el problema no fuera con ellos. Circular no es sencillo entre tramos en obras como las del viaducto de Chorrera, que lleva años en construcción, o zonas mal iluminadas donde apenas se distingue la pintura reflectante de la calzada.

Estos cierres de carreteras ya han provocado varios muertos. Los dos primeros por atropello al tratar saltarse el bloqueo, y otros dos cuando un ciudadano estadounidense en la localidad de Charme se bajó de su coche pistola en mano y tras discutir con dos docentes para que le dejaran pasar disparó contra ellos matándolos en el acto. Muchos ciudadanos esperan la decisión de la Corte Suprema, que se reúne de urgencia el próximo 24 tras los últimos alegatos presentados, y así poder seguir con sus vidas.