«El Gobierno vuelve a evadir sus obligaciones»: se intensifica la guerra entre Trump y el juez de las deportaciones

La escalada en tribunales se escenificó este jueves, cuando Boasberg acusó al Gobierno de «volver a evadir sus obligaciones». El juez lleva días exigiendo a la Administración Trump que dé información sobre el momento en el que los vuelos despegaron y llegaron a El Salvador, con el objetivo de determinar si el Gobierno incumplió sus órdenes: Boasberg dictaminó que los aviones se dieran la vuelta, pero no lo hicieron.

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Después de retrasarlo en dos ocasiones por las dilaciones de los abogados gubernamentales, el juez impuso el plazo del jueves al mediodía para cumplir con esa entrega de información. El Gobierno lo hizo de forma privada y es evidente que no satisfizo las exigencias del magistrado.

El escrito entregado era «tristemente insuficiente», determinó el juez en su propio auto. La Administración Trump no dio los detalles requeridos y tampoco justificó no hacerlo por razones de privilegio ejecutivo para mantener secretos.

Boasberg empezó a dar la sensación de perder la paciencia. Impuso un nuevo plazo para que el Gobierno justifique de forma convincente su opinión: el próximo martes.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantenía este jueves la exigencia extraordinaria de llevar a Boasberg a un 'impeachment' o juicio político, una estrategia sin precedentes para responder a una decisión judicial en contra de los intereses del Gobierno. Esta semana, el propio presidente de EE.UU. fue quien exigió de forma pública el 'impeachment' de Boasberg, lo que mereció una reacción muy poco habitual por parte del magistrado jefe del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, que le recordó que la forma de enfrentarse a una decisión no compartida es presentar un recurso, no tratar de expulsar al juez.

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Esa amonestación de Roberts no ha parado las exigencias de la Casa Blanca. Uno de sus altos cargos, James Blair, defendió el jueves en 'Politico' la necesidad de apartar a un «juez obviamente partidario». Y también que, en última instancia, corresponde al Congreso impulsar ese proceso.

El primero en dar ese paso debería ser el presidente de la Cámara de Representantes, que hace la 'instrucción' en estos juicios legislativos. Se trata de Mike Johnson, un republicano muy leal a Trump. Algunos de sus compañeros de partido en el Senado han criticado con fuerza la posibilidad de que haya un 'impeachment' al juez. El senador John Kennedy, de Luisiana, lo ha calificado de algo «idiota». John Cornyn, de Texas, ha dicho que «no se hace un 'impeachment' a jueces que toman decisiones con las que no estás de acuerdo».

Pero en la Cámara Baja, donde los diputados se juegan su escaño cada dos años, las posiciones son mucho más pegadas a lo que diga Trump. Johnson ha optado por una posición intermedia: contemplará «todas las opciones disponibles», dijo su portavoz en un comunidad, para enfrentar la existencia de «jueces activistas».

Otros diputados, en la facción más extremista de los republicanos, como Marjorie Taylor Greene, han apoyado sin ambages el 'impeachment'. Todos ellos tendrán el respaldo de la mano derecha de Trump en su segundo mandato, Elon Musk.

El hombre más rico del mundo se ha implicado a fondo en la campaña para echar a este juez y a otros que están entorpeciendo la agenda ejecutiva frenética de Trump. Lo ha hecho con su altavoz -la red social X, de su propiedad- y con su billetera, la más profunda del planeta. Musk está entregando las donaciones máximas que permite la ley electoral a los republicanos que han impulsado o abrazado la idea del 'impeachment'.

«Esto es un golpe de estado judicial», escribió Musk en X, donde tiene casi 220 millones de seguidores. «Durante más de dos siglos», añadió en referencia a la democracia estadounidense, «nunca ha habido un abuso tan extremo del sistema legal por parte de activistas que pretenden ser jueces. Hacedles un 'impeachment'».

Musk protestaba no solo por el caso del juez de las deportaciones. También por otros bloqueos judiciales recientes a la acción de Trump: desde el desmantelamiento de la agencia de desarrollo USAID a la expulsión de las personas transgénero del ejército.