¿Se ha saltado Trump a la Justicia? El desafío del presidente a los tribunales en las deportaciones a El Salvador

Pero su primera utilización -la deportación exprés de cerca de trescientos inmigrantes considerados peligrosos a El Salvador- ha abierto otra guerra incluso más relevante: la de Trump con la Justicia, ante la posibilidad de que el presidente de EE.UU. haya ignorado las órdenes de un juez de parar esas deportaciones y se haya saltado el equilibrio de poderes.

La Casa Blanca confirmó este domingo por la mañana la primera utilización de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración Trump. «Este fin de semana, bajo órdenes del presidente, el Departamento de Seguridad Nacional arrestó a casi trescientos terroristas de Tren de Aragua, lo que salva incontables vidas de estadounidenses», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en referencia a la banda criminal de origen venezolano implantada en EE.UU. en los últimos años y se ha convertido en una de las banderas de Trump en su lucha contra la inmigración. «Gracias al gran trabajo del Departamento de Estado, estos monstruos malvados han sido extraídos y enviados a El Salvador donde ya no podrán suponer ninguna amenaza al pueblo de EE.UU», apostilló.

Noticia Relacionada

EE.UU. sopesa prohibir la entrada de viajeros procedentes de 43 países

Los viajeros por negocios podrían ser autorizados a entrar pero no quienes viajan con visas de inmigrante o turista

Para cuando llegó este anuncio, la Administración Trump ya se había peleado en tribunales con la Justicia por la aplicación de esta ley. La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros era algo que los activistas de derechos humanos y a favor de inmigrantes preveían en los últimos días que estaba al caer. Cuando los abogados de algunos de los expulsados tuvieron conocimiento de la invocación y de la deportación exprés, interpusieron acciones en la Justicia y un juez federal, James Boasberg, ordenó de urgencia el sábado por la noche en una vista de urgencia que se congelara la expulsión.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) defendió ante el juez que la redacción de la ley no permitía el uso que le daba la Administración Trump para esta deportación. El juez vio indicios de ello y exigió que la deportación se parara de inmediato «cualquiera sea la forma para conseguirlo, sea dando la vuelta a los aviones o no», dijo en referencia a los vuelos con inmigrantes en dirección a El Salvador que se estaban produciendo esa noche.

«Esto es algo que deben asegurar su cumplimiento de forma inmediata», dijo al abogado que representaba al Gobierno de EE.UU. «Ups… Demasiado tarde», celebró con tono jocoso Nayim Bukele, el presidente de El Salvador, un mandatario que ha impuesto una política de mano dura frente a la delincuencia y las bandas criminales en su país. Lo hizo en un mensaje en la red social X, como respuesta a la noticia del bloqueo del juez de la deportación.

Unas horas después, en la madrugada del domingo, Bukele publicó un vídeo, con profusión de cámaras y de edición, utilizando drones y primeros planos de los deportados, en el que se mostraba la llegada de los inmigrantes a El Salvador. Una de las constantes en su Gobierno ha sido utilizar la imagen de trato duro a los criminales en el célebre Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un complejo penitenciario que acoge a decenas de miles de criminales peligrosos. El vídeo mostraba a los deportados amarrados con grilletes, empujados con la cabeza agachada, rapándoles el pelo, introducidos en una celda colectiva.

Noticia Relacionada

Una ley de 1798 contra la «invasión» de indocumentados

Javier Ansorena

Para poder invocar la ley en un momento de paz, Trump justifica ahora que hay una invasión de inmigrantes peligrosos

Bukele detalló que a esta cárcel de seguridad habían llegado «los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua» y que estarán allí por un periodo de un año «renovable». Además, han llegado desde EE.UU. 23 miembros de la banda criminal MS-13, requeridos por El Salvador, «incluidos dos de sus líderes».

«EE.UU. pagará una tasa muy baja por ellos, pero muy alta para nosotros», dijo Bukele. El pago será de seis millones de dólares por parte de EE.UU. para ese primer periodo. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitó El Salvador el pasado febrero, en su primera gira internacional como jefe de la diplomacia de la primera potencia mundial y se entrevistó con Bukele para negociar, entre otros asuntos, este tipo de operaciones. Trump acudió a su red social para agradecer a Bukele el encarcelamiento de los deportados. «¡No lo olvidaremos!», proclamó.

Una cuestión central es si la orden del juez llegó demasiado tarde, como sostuvo Bukele, o si la Administración Trump la desoyó, con la gravedad que eso conlleva.. Por los tiempos de la orden y la llegada de los tres vuelos con los que se deportó a inmigrantes a El Salvador, es posible que sí lo hiciera.

El juez de Washington tomó su decisión a las 7pm del sábado en la costa Este de EE.UU. (medianoche del domingo en España) y la orden quedó registrada en el sistema electrónico judicial a las 7.26. Para entonces, ya habían despegado los dos primeros vuelos. Lo hicieron desde Texas a las 5.26 y 5.45pm, según los datos de Flightradar24. El tercer vuelo salió a las 7.36pm, con la orden ya tomada y publicada. Los tres aviones realizaron escalas en Honduras y llegaron a El Salvador pasada la medianoche del domingo.

De los 261 inmigrantes deportados a El Salvador el sábado (238 supuestos miembros de Tren de Aragua y 23 de MS-13), 137 fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, según aseguró una fuente de la Casa Blanca a 'The Washington Post'. Pero el Gobierno de EE.UU. no dio detalles sobre qué inmigrantes iba en cada uno de los tres vuelos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió en un comunicado que la Administración Trump no incumplió la orden del juez. «La orden, que no tiene base legal, fue emitida después de que los extranjeros terroristas de Tren de Aragua hubieran sido ya expulsados del territorio de EE.UU», añadió sin dar, de nuevo, información oficial sobre qué inmigrantes iban en cada vuelo y cuándo despegó cada uno de los aviones. Leavitt insistió en que el juez no tiene «jurisdicción sobre el manejo del presidente de la política exterior» y que «un juez de una ciudad no puede ordenar los movimientos de un avión lleno de extranjeros terroristas que han sido físicamente expulsados del territorio de EE.UU».

Las circunstancias de la expulsión y la posibilidad de que se haya o no ignorado una decisión judicial se empezará a ventilar en los próximos días. El tribunal federal de apelaciones de Washington decidirá sobre la petición de la Administración Trump de desestimar la orden del juez Boasberg y ya ha pedido a las partes que interpongan escritos este martes y miércoles. Y el viernes el propio Boasberg recuperará el caso tras su orden de urgencia.

El asunto ya ha llegado a las instancias más altas del Departamento de Justicia. La fiscal general, Pam Bondi, atacó al juez Boasberg, al que acusó de estar «más con los terroristas que con la seguridad de los estadounidenses» y aseguró que su orden ignora los poderes presidenciales y «pone en riesgo a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad».

La decisión judicial es el último choque entre la Administración Trump y la Justicia, uno de los pocos frenos que tiene el presidente de EE.UU., en medio de una actividad ejecutiva frenética y sin precedentes y con un Congreso con mayorías de sus aliados republicanos en ambas cámaras.

Un diputado republicano, Brandon Gill, de Texas, anunció ayer que abrirá un proceso de 'impeachment' (juicio legislativo para su expulsión) contra el juez Boasberg. «Necesario», reaccionó la mano derecha de Trump, Elon Musk, sobre ese 'impeachment'.