Bolsonaro será juzgado por intento de golpe de Estado

La acusación está en manos del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, uno de los más duros contra las amenazas al estado democrático brasileño, y uno de los citados en los documentos que probarían los planes de golpe del expresidente. Moraes, que presidió la Corte Electoral en las últimas presidenciales, figuraba en una lista de amenazados de muerte por el complot bolsonarista. El juez será el responsable por juzgar el caso, mientras discute con sus colegas de la máxima corte si el caso irá o no al plenario, y aguarda dos semanas para que los acusados presenten sus defensas.

La pena, según calculan medios brasileños, puede superar los 43 años de prisión, en una cuenta que suma los tiempos de condena de los cargos mencionados en la acusación, entre ellos, intento de abolir violentamente el estado de derecho democrático (máxima de 8 años); golpe de Estado (máxima de 12 años); organización criminal armada con agravantes (máxima de 17 años); daños cualificados por violencia y amenaza grave contra bienes federales (máxima de 3 años); y deterioro del patrimonio protegido (máxima de 3 años). La pena mínima llevaría a Bolsonaro a cumplir al menos 13 años en la cárcel.

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En una acusación de casi 300 páginas, Gonet acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas, de los cuales 23 son militares, por tramar un plan de golpe para mantenerse en el poder sin respetar el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, que le dieron la victoria a Lula. La denuncia analiza pruebas levantadas a lo largo de tres meses por la Policía Federal, que presentó la primera acusación contra el líder de la ultraderecha brasileña.

Esta es la primera acusación de la Fiscalía contra Bolsonaro, que ya ha sido imputado y vincula todos sus procesos, entre ellos, dos investigaciones policiales: el fraude en su cartilla de vacunación de Covid y un caso de malversación y venta de joyas de la colección presidencial.

Para Gonet, Bolsonaro era el «cabecilla» y no solo conocía el plan, sino que dirigió el complot para ejecutar un golpe de Estado. El fiscal menciona en el documento una reunión entre Bolsonaro, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, el 14 de diciembre de 2022, dos semanas antes de la investidura de Lula, que habría sido un encuentro para preparar el golpe.

Según la investigación policial, el plan no se ejecutó porque no tuvo apoyo de los líderes del Ejército. La lista de denunciados cita seis generales y un almirante y solo no menciona miembros de la Fuerza Aérea. Los nombres más importantes de esa lista son los de los generales Walter Braga Neto, que fue ministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, su exjefe de Gabinete de Seguridad Institucional, muy conocido por haber liderado la Minustah, la misión de la ONU para la pacificación de Haití, en 2004.

«Cuando un Presidente de la República, que es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, reúne a la plana mayor de esas fuerzas para trazar un plan meticulosamente concebido para romper con el orden constitucional, hay un acto de insurrección en curso, sólo que aún no consumado en todo su potencial dañino», apunta el fiscal Gonet. La denuncia también afirma que Bolsonaro conocía y estaba de acuerdo con el plan «Puñal Verde y Amarillo» para asesinar al presidente Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) y al juez Moraes. La defensa de Bolsonaro ha respondido a la denuncia informando que los cargos son «precarios» y que no hay pruebas que justifiquen su prisión.

Mientras el proceso sigue tramitando en la Corte, Bolsonaro conduce articulaciones políticas en el Congreso brasileño para buscar un acuerdo de amnistía que lo favorezca a él y a sus casi 400 seguidores presos por atacar, invadir y depredar las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2022, una semana después de la investidura de Lula. La acción es considerada un intento de golpe de Estado apoyado por Bolsonaro y el grupo de acusados en la lista del fiscal Gonet. La decisión de Moraes y sus jueces solo saldrá después del Carnaval.