EE.UU. ofrece por Maduro la mayor recompensa habida: 50 millones de dólares

El anuncio marca un giro de tono en la política de Washington hacia Caracas, después de que esas conversaciones diplomáticas parecieran abrir un canal de contacto directo pese a la ausencia de relaciones formales. Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos permitió a la petrolera estadounidense Chevron volver a extraer crudo de Venezuela, con algunas limitaciones, en lo que supone una bocanada de oxígeno para un régimen falto de liquidez.

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En un mensaje en video publicado en la red social X, la fiscal general, Pam Bondi, lanzó las acusaciones más duras de los últimos meses contra Maduro. «Usa organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas mortales y violencia en nuestro país», afirmó.

Según la propia fiscal general, la DEA se ha incautado este 7 de agosto de 30 toneladas de cocaína vinculadas al mandatario y sus asociados, incluidas casi siete toneladas que —dijo— pueden ser directamente atribuidas a Maduro, y que constituyen una fuente clave de ingresos para carteles en Venezuela y México.

Añadió que parte de esa cocaína estaba mezclada con fentanilo, lo que ha provocado «la pérdida y destrucción de incontables vidas estadounidenses».

Hasta ahora, la recompensa por información sobre Maduro se situaba en 25 millones de dólares. La cifra se ha duplicado en lo que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado describen como un esfuerzo por aumentar la presión para lograr su arresto y someterlo a juicio en tribunales estadounidenses.

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La mayor recompensa ofrecida hasta ahora había sido de 25 millones de dólares por el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, y por su número dos, Ayman al-Zawahiri, una suma que atrajo cientos de llamadas anónimas, pero ninguna pista fiable. Según datos oficiales, hasta 2022 el programa Recompensas por la Justicia ha pagado más de 250 millones de dólares a 125 personas cuya información permitió prevenir atentados terroristas internacionales o llevar ante la justicia a responsables de ataques ya cometidos.

En enero de 2025, el senador republicano Rick Scott presentó, junto a Ted Cruz y Bill Cassidy, el proyecto de ley 'Stop Maduro', que proponía elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención y condena del dictador.

La iniciativa planteaba que el pago se financiara con activos incautados a Maduro, a miembros de su régimen y a sus colaboradores —unos 450 millones de dólares, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida—, evitando el uso de fondos públicos. Scott defendió que el aumento era necesario para presionar el fin de la «dictadura opresiva» y facilitar la transición democrática en Venezuela.

El dictador venezolano fue acusado en 2020, durante el primer mandato de Trump, de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos. La imputación incluyó a otros 14 altos cargos actuales y pasados del chavismo.

Washington sostiene que Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y lo considera una amenaza directa a la seguridad nacional. Además de la droga incautada, las autoridades estadounidenses han bloqueado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente vinculados a él, incluidos dos aviones privados y nueve vehículos.

Las gestiones más recientes de la Administración Trump en Venezuela han estado marcadas por la figura de Richard Grenell, que fue enviado especial para misiones internacionales y que ha intervenido en negociaciones para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos en el país sudamericano. Sus gestiones han incluido propuestas controvertidas, como la extensión de la licencia para que la petrolera Chevron operara en Venezuela, algo que provocó resistencias internas en la diplomacia, que dirige Marco Rubio.

Ese episodio puso de relieve las tensiones dentro del equipo de Trump. El secretario de Estado, Rubio, rechazó públicamente la idea de reanudar operaciones petroleras como moneda de cambio, alineándose con congresistas que consideran que cualquier gesto de normalización con Maduro es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca describen la relación entre Rubio y Grenell como distante, marcada por diferencias sobre la estrategia hacia el dictador en Caracas. Mientras Rubio mantiene una línea dura y sin concesiones, Grenell ha operado con mayor flexibilidad, logrando excarcelar a todos los estadounidenses presos en Venezuela, lo que ha generado fricciones en la estrategia diplomática de la Administración.

El endurecimiento del mensaje de Bondi y el aumento de la recompensa indican que, pese a los contactos recientes, Washington vuelve a apostar por la presión judicial y financiera como principal herramienta contra el Gobierno de Maduro, un dictador al que persigue, pero cuya ubicación conoce.