Ecuador asaltó la Embajada de México por «riesgo de fuga inminente» del exvicepresidente Glas

«Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutable y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales», subrayó la ministra, justificando así una operación que ha sido rechazada unánimemente por toda la comunidad internacional. La titular de Exteriores ecuatoriana defendió, a través de este comunicado colgado en la red social X, que el Gobierno de Noboa actuó «en defensa de la democracia, la paz y la seguridad de los ecuatorianos» ante un «abuso de las inmunidades y privilegios».

Asimismo, subrayó que «la Embajada de México (disponía de) toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura por delito de peculado» dispuesta contra Glas.

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Sommerfeld denunció además que la concesión de asilo «contraviene claramente el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros estados», así como varias convenciones del derecho internacional. «Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y estar de acuerdo con ellas, viéndose obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado», señaló la ministra de Exteriores.

La declaración de Exteriores se produce después de que el propio Noboa respaldara la entrada de un operativo policial en la Embajada de México para detener a Glas, esgrimiendo que la condena previa contra él prevalecía sobre una condición de asilado político.

Jorge Glas se refugió en la sede diplomática el 17 de diciembre -alegando temer por su seguridad y libertad personal- después de que la Policía ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016. La embajada lo acogió como huésped y sus abogados informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal pidiendo asilo político, informa Ep.

El asalto a la embajada tuvo lugar el pasado viernes tras anunciar México la concesión de asilo a Glas -número de dos de Rafael Correa durante su segundo mandato-. Una decisión que se hizo pública después de que Ecuador declarara 'persona non grata' a la embajadora mexicana en Quito y ordenara su expulsión del país. Esta escalada de tensión entre ambos países era el resultado de unas afirmaciones del presidente López Obrador sobre las elecciones en Ecuador en 2023 y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que en opinión del mandatario mexicano perjudicó la candidatura de Luisa González, afín al correísmo.

El terremoto provocado en la región por la decisión del presidente Daniel Noboa también se está sintiendo en la política nacional. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador ha convocado a los ministros de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores -Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Gabriela Sommerfeld, respectivamente-, par dar explicaciones el miércoles por el asalto a la embajada, según informó en su cuenta de X. A su vez, el partido de Glas, Revolución Ciudadana, anunció la presentación de apertura de juicio político contra estos ministros.

La decisión de Noboa ha sido rechazada por todos los países de la región -Colombia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua (que ha anunciado la ruptura de relaciones con Ecuador)...-, que han mostrado su «preocupación» ante la «transgresión de la Convención de Viena», al mismo tiempo que han hecho un llamamiento al diálogo de ambas partes para resolver sus diferencias. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la ONU se han sumado a esta petición de diálogo -al igual que España que ha hecho un llamamiento a la «concordia»- para que arreglen sus diferencias de manera amistosa.

Por su parte, Colombia ha solicitado a Honduras, que ostenta la presidencia 'pro tempore', que convoque a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a una reunión extraordinaria para abordar esta violación del derecho internacional. Un día antes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) propuso la celebración de su Consejo Permanente para tratar también el asunto.