Doce estados de EE.UU. se rebelan contra los aranceles de Trump y lo llevan ante la Justicia

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai defendió la medida como parte de una respuesta «decidida» a una supuesta crisis comercial

Trump suaviza el tono con China y se dispone a reducir los aranceles

La demanda solicita que se declare la política arancelaria como inconstitucional Reuters

David Alandete

Corresponsal en Washington

Una docena de estados, liderados por fiscales generales demócratas, han presentado una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York para frenar la política arancelaria del presidente Donald Trump. Acusan a la Casa Blanca de actuar al margen de la ley ... y de haber provocado un desorden económico sin precedentes con la imposición unilateral de aranceles.

La querella sostiene que Trump ha invocado de forma arbitraria la Ley de Poderes Económicos Internacionales en Caso de Emergencia para justificar tarifas generalizadas sin aprobación del Congreso. Esa ley solo permite tales medidas en caso de amenazas «inusuales y extraordinarias» provenientes del extranjero. Los estados alegan que no existe tal emergencia y que el presidente ha distorsionado su autoridad para imponer tributos a su antojo.

«Se trata de una estrategia insensata e ilegal», declaró Kris Mayes, fiscal general de Arizona. «El impacto económico ya es evidente: mercados alterados, industrias golpeadas y estados que enfrentan pérdidas millonarias».

Entre los estados firmantes figuran Nueva York, Illinois, Minnesota, Nevada y Nuevo México. Todos coinciden en que el sistema arancelario que Trump ha puesto en marcha responde más a impulsos políticos que a criterios técnicos. Denuncian que la Casa Blanca ha actuado sin transparencia, sin evaluación de impacto y sin proceso legislativo alguno.

La demanda solicita que se declare la política arancelaria como inconstitucional y que se impida su aplicación inmediata por parte de las agencias federales.

La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda paralela en un tribunal federal de San Francisco, alertando de que su estado, el mayor puerto de entrada del país, podría perder miles de millones de dólares si se mantienen las tarifas.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai defendió la medida como parte de una respuesta «decidida» a una supuesta crisis comercial.

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