Sunak aprueba de nuevo su plan para enviar inmigrantes a Ruanda tras ser tumbado por la Justicia británica y europea

Después de que dos vicepresidentes de su partido dimitieran el martes en desacuerdo con su proyecto y la corriente rebelde contara con unos sesenta diputados opuestos al proyecto, de los 349 conservadores del parlamento, los disidentes no votaron en contra y el proyecto de ley sigue su camino.

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Sunak, en el poder desde octubre de 2022, tiene como una de sus prioridades la reducción de la inmigración y este plan para expulsar a Ruanda a extranjeros llegados de forma irregular al Reino Unido es una importante baza electoral.

Si el proyecto de ley no hubiera salido adelante, el liderazgo de Sunak dentro del partido habría quedado en entredicho, en un año de elecciones legislativas y con los conservadores sin lograr acercar posiciones con los laboristas, cuyo líder, Keir Starmer, es dado por ganador por amplio margen en los sondeos.

Tras su aprobación inicial en diciembre, el proyecto de ley fue examinado durante dos días, martes y miércoles, en la Cámara de los Comunes.

Los aproximadamente sesenta diputados rebeldes del partido conservador querían introducir enmiendas, al considerar que el texto de expulsión de los inmigrantes irregulares no va lo suficientemente lejos. Este proyecto de ley pretende responder a las objeciones del Tribunal Supremo británico, que consideró que era ilegal en su versión anterior.

Sunak trata de hacer malabarismos estos últimos meses para mantener de su lado al ala derecha de su partido, sin perder el apoyo de los más moderados.

Dos vicepresidentes del partido conservador, Lee Anderson y Brendan Clarke-Smith, dimitieron el martes, después de haber anunciado el lunes su apoyo a las enmiendas defendidas por los que rebeldes.

A ellos se ha unido el ex primer ministro Boris Johnson, que no es diputado y no podía votar el miércoles, pero que mostró su apoyo a los disidentes.

El proyecto de ley deberá ahora ser aprobado por los miembros de la Cámara de los Lores, que no son cargos electos, donde el gobierno no dispone de mayoría.

Una vez superadas eventuales modificaciones introducidas por la Cámara de los Lores, el proyecto deberá hacer frente posiblemente a nuevos recursos judiciales de organismos contrarios al proyecto de ley.

Tras ser anunciado en abril de 2022 por el gobierno de Boris Johnson, el proyecto fue bloqueado primero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, después, por la justicia británica, que lo declararon ilegal.

Tratando de salvar el plan, el nuevo texto define a Ruanda como un país seguro y prohíbe que los inmigrantes sean expulsados desde allí a su país de origen.

El nuevo texto propone no aplicar ciertos puntos de la ley británica de derechos humanos, para limitar los recursos legales.