Sunak no cederá en su política de deportaciones a Ruanda, pese a la creciente división de los 'tories'

El Gobierno establece en la ley que Ruanda es un país seguro para los solicitantes de asilo, respondiendo así a las preocupaciones expresadas por el Tribunal Supremo cuando decretó su ilegalidad el mes pasado. Jenrick afirmó que la legislación de emergencia «no va lo suficientemente lejos», pese a que el proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Parlamento, ordena a los tribunales ignorar secciones clave de la Ley de Derechos Humanos en un intento de eludir la sentencia del Supremo, y también ordena a los tribunales ignorar otras leyes británicas o normas internacionales que podrían obstaculizar las deportaciones al país africano.

Pero esto no parece ser suficiente para algunos parlamentarios conservadores del ala más a la derecha, entre quienes está la ex ministra del Interior, Suella Braverman, que habían pedido que se anulara toda la Ley de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Refugiados y el resto del derecho internacional. De hecho, el proyecto de ley permite a los ministros ignorar cualquier orden de emergencia del Tribunal de Estrasburgo para suspender temporalmente un vuelo a Ruanda mientras un caso individual todavía está siendo considerado, pero no llega a otorgar poderes para destituir a todo el Tribunal, como querían algunos.

En medio de esta revuelta de sus propios diputados tras la renuncia de Jenrick, el 'premier' sacó pecho y salió en defensa del plan gubernamental e insistió en que tal y como está preparado, el proyecto hace que sea «extremadamente raro» que alguien pueda bloquear una deportación. Así, dejó claro que si el Tribunal de Estrasburgo intentara dictar una medida cautelar para evitar que despeguen los vuelos, el Gobierno ignoraría la decisión. «No permitiré que un tribunal extranjero bloquee estos vuelos», dijo, y añadió que «si el Tribunal de Estrasburgo elige intervenir en contra de los deseos expuestos de nuestro soberano Parlamento, haré lo necesario para que despeguen» los aviones con los inmigrantes deportados.

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Jenrick, hasta ahora gran aliado de Sunak, manifestó que la legislación de emergencia era la «última oportunidad» para demostrar que el Gobierno haría «lo que fuera necesario» para detener los cruces de pequeñas embarcaciones en el Canal de la Mancha. Pero los centristas no parecen estar dispuestos a que el Reino Unido deje de cumplir con la legislación internacional, como los diputados que forman parte del grupo One Nation y otros parlamentarios de base, que ven líneas rojas en el proyecto tal y como está planteado.

El tory Tobias Ellwood, quien fuera cabeza del comité de defensa, advirtió que no respaldará la ley de Ruanda si hay «cualquier perspectiva» de violar el derecho internacional y aseveró esto podría llevar a que el Partido Conservador «se divida en dos». Además, citó el papel del Reino Unido en la creación de muchas leyes internacionales y zanjó: «Cumplimos con el derecho internacional. No lo violamos».

La dimisión Jenrick ha intensificado la presión sobre el Gobierno en relación con su política migratoria, y la resistencia de algunos diputados plantea interrogantes sobre la capacidad del Ejecutivo para obtener un consenso interno sobre este controvertido plan, a lo que se suma que perder al que alguna vez fue un aliado clave es un duro golpe para Sunak, sobre todo de cara a las elecciones generales previstas para el próximo año. Para Ellwood, si las disputas internas continúan, le costarán al partido las próximas elecciones. La responsable de Interior de los laboristas, Yvette Cooper, manifestó por su parte que la renuncia «es una señal del caos total en el partido conservador y del colapso total del liderazgo de Rishi Sunak».