Dinamarca derriba sus guetos de inmigrantes

La población extranjera ha llegado a superar en el parque Mjölner el 80%. La ley, que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria que abarca desde los socialistas hasta los populistas de derecha, hace posible los reasentamientos forzosos si los barrios cumplen dos de estos cuatro criterios: más del 40 por ciento de desempleados; más del 60 por ciento de los mayores de 30 años solo con educación primaria; un ingreso bruto promedio un 55 por ciento más bajo que el promedio regional; y una tasa de criminalidad tres veces mayor que el promedio nacional.

En 2030, no quedará en pie ninguna de estas «sociedades paralelas» en el país. Algunos edificios serán demolidos, otros se renovarán por completo. Actualmente, el Estado danés está realojando por la fuerza de estos barrios a más de 10.000 personas. Posteriormente, cuando hayan sido saneados, se concluirá el «intercambio» de hasta el 60 por ciento de los habitantes de estas zonas de viviendas sociales, que se construyeron principalmente en la década de 1970. Solo ciudadanos con pasaporte danés u «occidental» podrán mudarse a estas 17 «áreas de transformación» y 67 «áreas residenciales en peligro».

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«He vivido en Dinamarca durante 32 años y siempre he trabajado», se quejaba el taxista paquistaní de 55 años Arif Mohammed al periódico 'Politiken'. «No vivo a expensas del Estado y nunca lo he hecho. Estoy muy orgulloso de ello. ¿No se decidió el 'plan gueto' por culpa de los criminales? ¿Y qué tendremos que ver yo y mi esposa con ellos? Me castigan por vivir en el mismo lugar que ellos: una injusticia sin límites».

Además de los afectados, los opositores a la medida destacan que la vivienda social va a desaparecer: hasta el 40 por ciento se va a convertir en condominios y serán las empresas constructoras las encargadas de garantizar que los porcentajes de población extranjera se ajusten a la ley implementada por el Gobierno de la socialdemócrata Mette Frederikkssen, que, antes de los reasentamientos forzosos, ya ha modificado con normas la vida en los barrios.

Los niños mayores de un año tienen que asistir a clases sobre «valores daneses» durante 25 horas semanales y las sanciones por delitos leves cometidos en estos distritos son dobles e incluso conllevan penas de prisión. El ministro de Inmigración, Kaare Dybvad Bek, justifica que «si se quiere ser un partido de la clase media y trabajadora, hay que garantizar una inmigración controlada y asumible». Prácticamente todos los partidos políticos están de acuerdo y sólo se opone la resistencia civil. Esto es «racismo legalmente formalizado» que «estigmatiza a los ciudadanos en función de categorías como la educación y el nivel de ingresos, basado en ideas estereotipadas sobre la etnia y la nacionalidad», protesta la organización Almen Modstand (Resistencia General), que ha demandado a Dinamarca ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, desde la convicción de que el «plan gueto» viola la legislación de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El caso sigue pendiente.

Tomek, un activista danés, reconoce que «es un hecho real la criminalidad y todo lo que arrastra, es un hecho también la integración fallida, pero no podemos renunciar a reconocer los mismos derechos para todas las personas, es necesario encontrar otras formas de solucionar los problemas».

Majken Felle piensa lo mismo. Se mudó al parque Mjölner en 2014 y se ha convertido en una de las opositoras al 'plan gueto'. «Mjölnerparken es el mejor lugar en el que he vivido en Copenhague, al menos lo era, cuando los niños todavía jugaban afuera», dice. «Mírenme, soy danesa, étnicamente danesa, no soy musulmana, soy soltera, pero me he sentido siempre aceptada y he podido criar aquí a mis hijos porque era mucho más barato que el resto».

Majken Felle se considera un «daño colateral». Su pasaporte le permite quedarse. Su casa está ahora vacía y rodeada de andamios. Se le ha proporcionado una vivienda provisional. El matrimonio Hansen, ambos jubilados, se felicita, sin embargo, por la llegada del 'plan gueto' al barrio. «No nos atrevíamos a salir de casa hacer la compra», dice ella. «Vivíamos rodeados de gente a la que le preocupaba más lo que dice Hamás que la política danesa», se queja él. Han optado por el traslado voluntario: la pareja ha recibido de la empresa constructora 3.200 euros para nuevos muebles y los costes de la mudanza. Su alquiler ha aumentado de los 880 euros a los 1.260 euros.