El hijo mayor de Gustavo Petro será imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

La detención de Nicolás Petro Burgos (37 años) y su expareja, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, la inició el pasado jueves el fiscal Mario Andrés Burgos ante el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, pero tuvo que repetir la vuelta el viernes al no tener la documentación puntual para que se generaran las órdenes de captura. Finalmente se concretó a las seis de la mañana del sábado, pero su legalización, una vez trasladados a Bogotá en el Learjet de la Fiscalía, se suspendió pasadas las ocho de la noche en el Juzgado Penal 1 de Control de Garantías, pero ellos permanecen detenidos. Para este domingo se espera la imputación formal de cargos y de allí la decisión del juez de dejarlos en libertad a pesar de los cargos a Petro Burgos «por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito» y por «lavado de activos y violación de datos personales» a Vásquez Castro.

Este esperado capítulo del escándalo no podía llegar en peor momento. Colombia está a tres meses de unas elecciones regionales muy significativas donde se dará un gran pulso político entre la coalición de izquierda que llevó a Petro al poder (Pacto Histórico, del cual hace parte la Colombia Humana creada por mandatario) y las coaliciones o candidatos de partidos opositores al gobierno, enfrentamiento que ha sido visible en el Congreso, determinante en los debates a las reformas bandera propuestas por el Ejecutivo (salud, laboral y pensional están estancadas), y que precipitó el remesón del gabinete, entre otras crisis en el primer semestre de 2023.

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Agencias

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Hoy, un año después, el vaticinio del entonces recién electo y entusiasta presidente Petro, según el cual su partido se quedaría con 600 de las 1104 alcaldías del país y la mitad de las 32 gobernaciones, parece poco probable que se cumpla el próximo 29 de octubre. Y ese sería un gran golpe pues confirmaría que el partido de gobierno pierde –literalmente- terreno y no se consolida como una opción de poder en las regiones del país que lo apoyaron para llegar a la presidencia, relevantes para la ejecución de sus políticas de gobierno, como también para proyectar candidatos presidenciales que puedan suceder a Petro y darle continuidad al cambio que él mismo ha señalado tomará varios mandatos. La derrota quedaría como evidencia de la fragilidad en la coalición de la izquierda, pero ante todo como un voto, si no de castigo, sí de desencanto con su gestión y los escándalos que la rodean.

El pronóstico de Petro no incluía a la alcaldía de Barranquilla, ciudad donde se origina este escándalo del hijo del presidente, pero tampoco descartaba la gobernación del Atlántico, por la cual Nicolás Petro llegó al cargo de diputado en la Asamblea departamental tras perder la gobernación en 2019. A esa aspiración, desmesurada para un desconocido en la compleja maquinaria política de esa región del norte de país, llegó aupado por la Colombia Humana y una coalición de izquierda, pero ante todo empujado por la estela de poder derivada de ser el hijo del entonces presidenciable Gustavo Petro. Que el presidente no lo hubiera criado –como dijo para tomar distancia de las acciones de Nicolás cuando estalló el escándalo- no fue problema para familiarizarlo con la cosa política ya desde su época como Alcalde de Bogotá (2012-2016) y luego respaldarlo en sus aspiraciones electorales, las de los dos, padre e hijo, porque a Gustavo Petro le interesa tener mayor peso político en la región.

Precisamente a esos tiempos de la alcaldía se remonta la amistad de Nicolás Petro con Máximo Noriega, cuestionado funcionario durante la Alcaldía de Petro y quien hasta ayer fue candidato a la gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico y hoy es otro golpeado por el caso pues Daysuris Vásquez lo señaló como la persona que recibió los 600 millones de pesos (unos 151.000 dólares) de parte del llamado «Hombre Marlboro», Santander Lopesierra, condenado narcotraficante y contrabandista de la famosa marca de cigarrillos, quien cumplió su condena en Estados Unidos y ya de regreso busca entrar al negocio político en la región. Esos dineros, con otros 100 mil dólares (400 millones de pesos) que según la expareja de Nicolás Petro les entregó el empresario Alfonso Hilsaca, son los que el juicio debe aclarar si entraron o no a la campaña. Pero faltarían otros mil millones para completar los dos mil que supuestamente recibió y se los quedó, según su expareja, robando así a más de uno. De comprobarse, podría recibir 15 años de condena.

Mientras la prensa internacional anuncia la detención del hijo del presidente de Colombia, afectando la imagen de Petro en el exterior, escenario que le es muy importante, en Colombia sus seguidores afirman que todo es una persecución de la Fiscalía –del fiscal Fernando Barbosa- por interpuesta persona, a pesar de que, de trinos para afuera, el propio Petro no lo ha asumido así; y han animado la controversia de que la diferencia está en que los hijos o familiares de exmandatarios, a pesar de supuestos delitos o abusos, no han recibido de la Justicia el mismo trato e interés por avanzar el caso. Si bien a Gustavo Petro se le reconoce que desde un inicio apoyó la acción de la Fiscalía sobre su hijo y ha aseverado que dará todas las garantías –con lo cual también ha procurado marcar distancia de estos hechos para reducir el impacto sobre su gobierno-, sus detractores más feroces piden que acepte la responsabilidad argumentando que los dineros iban para la campaña presidencial y todo es un engaño.

Engaño o no, cosa que definirá la justicia, lo cierto es que mientras tanto el desgaste político será mayor pues ser presidente con un hijo formalmente acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito con dineros de campaña, a lo que se suma el escándalo de Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela que habló de 15.000 millones de pesos que llevó bajo la mesa a la campaña presidencial en la costa Caribe colombiana y quien está en fila para ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, no le hará la vida más fácil a Gustavo Petro. Por el contrario, darán más de qué hablar y le restarán credibilidad cuando salga a cuestionar las acciones corruptas en otros partidos o gobiernos, como lo había hecho tan desparpajadamente hasta ahora.