Los delitos de los solicitantes de asilo reavivan las protestas contra la inmigración en el Reino Unido

Más allá de las cifras, algunos casos individuales han tenido un fuerte impacto en la opinión pública y han intensificado la presión sobre las autoridades para que actúen. Sobre todo desde grupos políticos de derecha, como el caso de UK Reform. Entre los ejemplos que han captado mayor atención mediática destaca el de un hombre de 30 años de origen sudanés, alojado en un hotel del Gobierno en Stockport, acusado de haber intentado secuestrar a una niña de diez años el pasado 13 de julio. Según la prensa local, el acusado permanece bajo custodia, con juicio programado para el 26 de agosto.

Otro caso muy relevante tuvo lugar en Warwickshire, donde la Policía se negó a confirmar si los sospechosos de una violación de una niña de doce años eran, como reveló la prensa local, dos afganos solicitantes de asilo, lo que provocó una fuerte reacción política y mediática. Algunos medios acusaron a las fuerzas de seguridad de encubrimiento. Reform UK denunció un «pacto de silencio institucional» y el Partido Conservador acusó a la Policía de ceder a presiones ideológicas.

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Frente a esta presión, el Gobierno de Keir Starmer ha decidido revisar su política comunicativa. La ministra del Interior, Yvette Cooper, afirmó que las fuerzas policiales «deben tener la capacidad de comunicar datos sobre la nacionalidad y el estatus migratorio de los sospechosos cuando existan motivos de interés público», y se ha encargado a la Law Commission, el organismo independiente del Reino Unido encargado de revisar y proponer reformas al sistema legal para que sea más claro, justo y eficiente, un análisis para orientar un nuevo protocolo de aplicación nacional, previsto para ponerse en marcha este próximo otoño.

El cambio ha generado reacciones diversas. Desde el Partido Conservador, el diputado Tom Hunt declaró que «la gente tiene derecho a saber si quienes cometen delitos graves están aquí de forma legal o si abusan del sistema de asilo». Richard Tice, líder de Reform UK, calificó como «una opacidad intolerable» la política de no revelar nacionalidades, y varios parlamentarios han pedido que se publiquen estadísticas periódicas sobre criminalidad clasificada por nacionalidad, tipo de delito y estatus migratorio, algo que actualmente no ocurre en el Reino Unido.

En el otro extremo, organizaciones de derechos humanos como Liberty han advertido del riesgo de estigmatización. Su directora, Martha Spurrier, expresó que «difundir la nacionalidad o el estatus de una persona antes de un juicio puede fomentar estereotipos peligrosos y alimentar el odio», y el Refugee Council dijo en un comunicado que «las personas que buscan asilo ya están sometidas a un escrutinio constante y una narrativa pública hostil» por lo que «señalarlas de forma preventiva puede agravar la discriminación estructural».

Human Rights Watch, por su parte, ha señalado que «la criminalización simbólica de colectivos vulnerables es una estrategia retórica que puede tener consecuencias graves para su protección jurídica y su integración futura».

Mientras tanto, las autoridades policiales han solicitado criterios claros y consistentes. Un portavoz de la Asociación de Jefes de Policía afirmó que «las decisiones sobre qué información divulgar deben basarse en criterios legales sólidos y no en la presión política o mediática», y Andy Cooke, exinspector jefe de la Policía y actual responsable del organismo independiente que supervisa a la policía en Inglaterra y Gales, advirtió que la falta de transparencia en algunas fuerzas, unida a las filtraciones en otras, puede alimentar teorías de la conspiración o dobles estándares, debilitando así la confianza en el sistema.

El comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, también ha reclamado «una política nacional coherente» que impida que cada comisaría adopte una línea distinta según la sensibilidad mediática o política de cada caso.

A pesar del enfoque mediático en casos específicos, no existe actualmente un informe comparativo que permita evaluar si la criminalidad entre solicitantes de asilo es proporcionalmente superior o inferior a la del conjunto de la población. La ausencia de datos oficiales consolidados impide una valoración fundamentada, algo que la Law Commission pretende abordar en su revisión legal.

Algunos académicos han advertido que los estudios disponibles tienden a ser de carácter parcial, y que el uso de cifras absolutas, sin ponderación por población y sin diferenciar entre acusaciones y condenas, puede inducir a errores de interpretación.

De momento no está aún claro cuáles serán los criterios para la divulgación de los datos personales de los delincuentes, ni si se aplicarán a todos los delitos graves o solo a una categoría específica, y tampoco se ha especificado si la Fiscalía de la Corona tendrá un papel en la validación de esta información antes de su publicación.

Mientras se espera la publicación del nuevo protocolo, el ministerio del Interior ha sido interrogado en la Cámara de los Comunes sobre el coste asociado al alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles. Según datos oficiales, durante el año fiscal 2024-2025 el Reino Unido destinó alrededor de 1.300 millones de libras a este concepto, lo que equivale a un gasto medio mensual de 108 millones de libras.

A comienzos de 2025, aproximadamente 38.000 personas estaban alojadas en 222 hoteles, una cifra inferior a la registrada el año anterior, cuando se alcanzaron 46.000 personas repartidas en 348 establecimientos. Estas cifras reflejan un descenso gradual en el uso de este tipo de instalaciones, y muchos diputados han reclamado alternativas más sostenibles y seguras, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva del control institucional. El Gobierno ha prometido reducir progresivamente el uso de hoteles, pero reconoce que, a corto plazo no dispone de infraestructuras alternativas suficientes.