Alemania prolonga indefinidamente los controles fronterizos para reducir la inmigración

«Continuaremos manteniendo los controles fronterizos y los rechazos en la frontera más allá de septiembre», ha explicado Dobrindt, convencido de la efectividad de la medida en marcha desde el pasado 7 de mayo. Desde esa fecha, la Policía alemana realiza controles sistemáticos en todas sus fronteras y rechaza a los solicitantes de asilo detectados en estos controles, con la única excepción de niños de corta edad y mujeres embarazadas.

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Rosalía Sánchez

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El ministro asegura que esta medida es la causa de que, en los seis primeros meses de este año, Alemania haya registrado 70.011 solicitudes de asilo, la mitad que en el mismo periodo de 2024, cuando fueron registradas 140.783.

Dobrindt no concede demasiada importancia al tropiezo que su medida ha encontrado en la Justicia alemana. El Tribunal Administrativo de Berlín dictaminó en una decisión urgente a principios de junio que el rechazo de tres somalíes en un control fronterizo en la estación de Frankfurt (Oder) había sido ilegal. Sin aclarar qué estado de la UE es responsable de una solicitud de asilo de las personas en cuestión, estableció que no deben ser rechazadas por Alemania, sentando así un precedente judicial que podría aplicarse a muchos más casos. Dobrindt, sin embargo, no ve un problema fundamental y considera que la sentencia corresponde a un «caso aislado».

Desde el 7 de mayo, y según los datos que proporciona el Ministerio de Interior, más de 10.000 personas han sido rechazadas en los controles fronterizos de Alemania. El mayor número de rechazos se ha producido hasta ahora en la frontera con Francia, donde se registraron un total de 2.038 devoluciones sumarias entre el 8 de mayo y el 31 de julio. Siguen Polonia (1.816), Suiza (1.760), Austria (1.623), los Países Bajos (706), la República Checa (576), Luxemburgo (208), Bélgica (413) y Dinamarca (114). En mayo y junio, la mayoría de los rechazados procedían de Afganistán, seguidos de Argelia, Eritrea y Somalia.

El ministro ve en estas cifras el fruto de la política migratoria del nuevo Gobierno de Friedrich Merz. Con medidas drásticas para reducir la inmigración irregular y reforzar la seguridad nacional, la coalición formada por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) pretende ocupar terreno político del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), actualmente el segundo partido más votado en las encuestas y la primera fuerza de la oposición en el Bundestag.

Aunque inicialmente la medida despertó reticencias en los países vecinos, a los que son devueltas las personas rechazadas, la diplomacia ha limado esas asperezas y solo queda en vigor la reacción de Polonia, cuyo Gobierno ha establecido también controles fronterizos con Alemania y Lituania.

Para aplicar la medida, el número de agentes desplegados diariamente en las fronteras ha aumentado de 11.000 a 14.000, hasta casi un tercio de todo el personal de la Policía Federal, sin contar los controles en aeropuertos y estaciones de tren y autobús.

«La sobrecarga es muy alta, se han cancelado muchas vacaciones, se está prescindiendo en gran medida de la capacitación y la educación superior y las exenciones de horas extras solo se otorgan de manera restrictiva», describe el presidente del sindicato policial GdP, Andreas Roßkopf. En su opinión, «los controles no pueden prolongarse de forma indefinida, especialmente en vista de las ligas de fútbol que están comenzando, con el alto tráfico de llegadas y salidas de aficionados en el sector ferroviario, no es sostenible».

El Ministerio del Interior informa de que las personas rechazadas en frontera son aquellas que no tienen documentación válida, ya han solicitado asilo en otro país de la UE según el reglamento de Dublín o son consideradas una amenaza para la seguridad pública.

Alemania lleva a cabo esta política de rechazos en combinación con una campaña de deportaciones forzosas que ha tenido como fruto hasta ahora dos vuelos con destino final a Afganistán, en el que los delincuentes con delitos más graves han sido obligados a regresar a este país. A la vista de estos resultados, el ministro Dobrindt promete que «estamos trabajando en la organización de nuevos vuelos de deportación con destino a Afganistán y a Siria».