Emiten 27 órdenes de captura en Guatemala contra el presidente recién elegido, funcionarios y estudiantes

El macro caso, revelado el pasado 16 de noviembre, está vinculado con la toma estudiantil de la universidad pública de Guatemala, la Universidad de San Carlos (Usac), en mayo de 2022 luego de la cuestionada elección del rector universitario.

Walter Mazariegos es el rector de la Usac desde el pasado 1 de julio de 2022, según las actas administrativas, Sin embargo, una gran parte de la comunidad universitaria —si no es que la mayoría— rechaza su nombramiento y toma de posesión, señalando que hubo fraude en los comicios para que Mazariegos resultara electo. El actual rector es cercano al círculo de poder del presidente Alejandro Giammattei, quien en dos meses deberá entregar el poder tras un fallido gobierno en el que todos los índices de pobreza, criminalidad, certeza jurídica, libertad de prensa y democracia se han disparado a niveles preocupantes.

A raíz de los alegatos de fraude, la sede central de la Usac y otras sedes universitarias del país fueron ocupadas por estudiantes que exigían nuevas elecciones y rechazaban a Mazariegos como rector. La Usac permaneció cerrada desde aquel 19 de mayo de 2022 hasta la mañana del 9 de junio de 2023, cuando los estudiantes organizados entregaron las instalaciones para permitir que se reanudaran las clases, tras un año de retraso en el ciclo universitario. Mazariegos nunca dejó su puesto.

A partir de esos hechos es que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio del MP ha construido este caso. Las autoridades acusan a los sindicados de cometer una serie de delitos durante la toma de la universidad. Algunos de los sindicados son estudiantes y catedráticos de la universidad, acusados de participar en la toma de la casa de estudios. Otros, sin embargo, son funcionarios públicos e integrantes de partidos políticos que, de acuerdo con la fiscalía, utilizaron la toma de la universidad como «plataforma política» para posicionar «sus carreras políticas en el marco de las elecciones generales 2023».

A cuenta de este señalamiento es que la fiscalía ha solicitado el retiro de antejuicio —una especie de inmunidad individual para no ser capturados ni investigados, con la que cuentan los funcionarios públicos del país y que solo puede ser retirada por una máxima Corte o por el Congreso— el binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y los diputados electos y en funciones Aldo Dávila y Carlos Barreda, del partido VOS; Román Wilfredo Castellanos y Samuel Pérez, Raúl Barrera Robles, de Semilla; y Adán Pérez y Pérez, de Winaq, están siendo perseguidos. Todos ellos tienen algo en común: estuvieron involucrados en la toma de las instalaciones universitarias, apoyando a los estudiantes y son acusados de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Un dato curioso del caso revelado a través de una conferencia de prensa el mismo jueves, es que muchas de las pruebas de la fiscalía se basan en publicaciones en redes sociales, sobre todo en Facebook y X (antes Twitter). Las publicaciones en redes también han servido en otros casos para que el MP persiga a periodistas, políticos, activistas y líderes estudiantiles.

Las acciones del pasado jueves por parte de la Policía, sin embargo, no tuvieron tanto frutos. De las 27 órdenes de captura, las autoridades solamente pudieron ejecutar cinco. Entre los figura la influenciadora y excandidata a diputada por Semilla, Marcela Blanco, que tiene apenas 23 años y otro joven, Javier Alfonso de León Gómez, de 26 años, y que es integrante de la Comisión de Deportes del Colectivo Estudiantil Universitario y estudiante de la licenciatura en Física Aplicada en la Usac. Los otros tres capturados son profesionales y académicos respetados en sus áreas. Sus nombres son conocidos para la comunidad universitaria. Eduardo Antonio Velásquez, historiador, docente y columnista; Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Usac; y Alfredo Enrique Beber Aceituno, ingeniero civil graduado de la Usac. Las 22 órdenes de captura restante pesan sobre otros académicos, políticos y, sobre todo, estudiantes universitario menores de 26 años.

Entre las capturas pendientes también está un periodista; Engelberth Blanco, del diario de oposición, La Hora, el más antiguo del país. También se encuentra el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas Andrade, quien también buscaba ser candidato a la vicepresidencia en las elecciones 2023 con el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) pero que no pudo participar por un trámite administrativo.

Sin embargo, una de las piezas fundamentales de este caso de gran magnitud, por los perfiles de los sindicados, está en el juez que autorizó las diligencias policías. Se trata del juez penal Víctor Cruz.

El juez Cruz es un viejo aliado del régimen. Su despacho benefició a actores involucrados en actos de corrupción. Otorgó medidas sustitutivas a personajes como Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom y sindicado por varios delitos de corrupción; Estuardo Gálvez, polémico exrector de la Usac. Además, fue quien autorizó las órdenes de captura en contra de la exfiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, por un supeusto caso de corrupción. Aldana se encuentra ahora en el exilio en Washington.

Cruz, además, no puede entrar a los Estados Unidos. Desde 2021, su nombre figura en la lista de actores antidemocráticos y corruptos de Estados Unidos, denominada Lista Engel. Según el gobierno estadounidense, el juez habría «obstruido las investigaciones sobre actos de corrupción al retrasar indebidamente los procesos judiciales».

Y sin embargo, hay otro detalle que podría explicar la vinculación del juez Cruz con el caso «Toma de la Usac». El juez tiene contrato vigente con la Usac por Q25,425 (unos 3 mil euros) del 1 de septiembre al 30 de Noviembre de 2023, según consta en documentos públicos.

El presidente electo, Bernardo Arévalo ha mostrado su rechazo en una conferencia de prensa. «Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos (…) Estaremos tomando las medidas necesarias para protegerles y apoyarles», ha dicho. Por su parte, la Asamblea Permanente de autoridades de los Pueblos Indígenas calificó de «insulto descarado a la inteligencia de la población» las acciones de la fiscalía y llamaron a la manifestación masiva. Durante los primeros días del mes de octubre, una serie de manifestaciones convocadas por ellos paralizaron al país por casi 20 días, produciendo estragos en la economía, y el turismo. Las consignas de las manifestaciones eran la renuncia de la fiscal general del MP, OCnsuelo Porras, hecho que no sucedió.

La comunidad internacional también se ha pronunciado. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que está «alistando» sanciones adicionales en contra de funcionarios en Guatemala que intenten «impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el poder», según informó Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental. «No se pude frenar la transición en Guatemala. Bernardo Arévalo va a tomar posesión como el presidente del país y los ataques a su partido, los ataques a la prensa, los esfuerzos para impedir una transición democrática son inaceptables», expresó Nichols.

Por su parte, la Misión Electoral de la Unión Europea expresó que «los esfuerzos continuos para socavar los resultados electorales en Guatemala inevitablemente tendrían repercusiones en las relaciones entre la Unión Europea y las autoridades que permiten que esto suceda».

Guatemala se prepara así para la transición democrática de poder más compleja, atacada y vigilada de la historia democrática del país centroamericano.