La Constitución que votará Chile disgrega el país en más de once naciones

Como en la mayoría de procesos revolucionarios o asimilables, al periodo inicial de exceso le sucede una reconducción hacia la moderación. El momento de mayor enojo de aquellos días se tradujo en el voto radicalizado y antisistema en la elección de los componentes de la Convención que tuvo lugar en mayo de 2021, resultando en un variopinto cuerpo constituyente dispuesto a hacer historia.

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Desde entonces, la marea fue bajando: algunas propuestas aún más extremas decayeron en el extenso debate de la Convención; luego las elecciones generales de finales de 2021, aunque mantuvieron la orientación hacia la izquierda (con la llegada a la presidencia de Chile del exlíder estudiantil Gabriel Boric), restaron presencia a independientes y grupos marginales. Muy rápidamente después se produjo un hundimiento de la popularidad de Boric (es uno de los presidentes latinoamericanos peor puntuados por sus ciudadanos) y finalmente hasta el mismo Gobierno se ha comprometido a cambiar algunos aspectos de la nueva Constitución, como modo de intentar salvar el proyecto en el plebiscito del domingo.

En ese proceso de apaciguamiento de la sociedad chilena –algo así como un volver a sus sentidos después de un breve periodo de enajenación–, una mayoría ciudadana se ha ido posicionando contra la nueva Constitución, a medida que la concreción de su contenido se fue conociendo. Eso dicen de modo consistente las encuestas. De todos modos, el vértigo al limbo en el que se situaría el país –hay amplio consenso en la inconveniencia de mantener la Constitución de 1980– y la decantación de los indecisos (el voto es obligatorio) podría conducir a la sorpresa de su aprobación.

El texto presenta una verbalización que responde a la agenda de las nuevas corrientes de izquierda, con profusión de ideología de género y mención continua a las distintas opciones sexuales, resultando así este el aspecto que, por su insistencia, parecería más importante a un lector ajeno. La referencia a una multiplicidad de situaciones de género («mujeres, hombres y disidencias sexuales y de género») contradice de algún modo la paridad que se reclama (al menos el 50% de los puestos en instituciones públicas deben ser para mujeres).

El otro punto especialmente reiterativo, de mayor trascendencia en la configuración política del estado, es el elemento indígena. De ser un país notoriamente unitario –el único de la región, junto con Uruguay, en el que hasta ahora apenas existía reconocimiento de la herencia originaria–, Chile pasa a declararse un país plurinacional. El preámbulo dice: «Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático». Y sigue el primer artículo: «Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico».

El texto habla de hasta once naciones indígenas y «otras que puedan ser reconocidas», a cada una las cuales se le puede dar autonomía territorial y se le asegura «libre determinación». En realidad, esta última se anuncia limitada, pues el redactado también precisa que el territorio chileno es «único e indivisible» y «no se permitirá la secesión territorial».

Precisamente esta cuestión de la descentralización –además de las autonomías territoriales indígenas, todas las regiones serán autónomas, con asambleas elegidas, al igual que los gobernadores– es quizás el aspecto que más inquietud ha creado en amplios sectores de la opinión pública, cuando el país está sufriendo la violencia de grupos indigenistas mapuches, la minoría de mayor importancia.

El Gobierno de Boric ha tenido que salir al paso anunciando que se compromete a corregir el redactado de la nueva Constitución, en caso de ser aprobada, para recortar las expectativas indígenas. Así, donde ahora el texto dice que el Gobierno deberá consultar a las naciones indígenas en su actuación, se tendrá que precisar que solo en lo que afecte «directamente» a esas naciones; además, el consentimiento previo de esos grupos no será exigible en «temas de carácter nacional o reformas constitucionales». Asimismo, en el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, «coordinados en plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia», deberá apostillarse que «no existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial».

En su deseo de corregir los excesos de la nueva Constitución para así facilitar su aprobación, el Gobierno también se compromete a buscar el consenso necesario para reformar el texto (será necesaria una mayoría, no fácil de alcanzar, de cuatro séptimos) y garantizar mejor el derecho a la propiedad de la vivienda y la participación del sector privado en el sistema de salud, aspectos que en el actual no están garantizados. También para establecer el estado de emergencia «por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar», algo que se había excluido en los trabajos de la Convención Constitucional. Finalmente, el Gobierno también quiere cambiar la cuestión de la reelección presidencial: el texto a votación permite la reelección una sola vez tanto de forma inmediata como pasado al menos un mandato; la modificación que se promete quiere negar la reelección consecutiva y permitirla solo de manera diferida.

No deja de ser anómalo, en cualquier caso, que el texto constitucional que se somete a votación se presente ya con fecha de caducidad en algunos de sus puntos, lo que es reconocimiento explícito de un no muy exitoso proceso de elaboración.

Otros elementos polémicos son la disminución de la importancia de la segunda cámara del Legislativo (se elimina el Senado y se establece una Cámara de las Regiones, con menos competencias), el derecho al aborto (cualquier ampliación de la vigente ley deberá tramitarse convenientemente, pero esta Constitución da margen para un aborto no limitado) y el derecho a una «muerte digna» (abre la puerta a una posible regulación de la eutanasia).