En Paraguay emerge la corrupción que vincula política, contrabando, narco y Hezbolá

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La percepción ciudadana acerca de la corrupción de su clase política y funcionarial ha venido siendo alta, situando a Paraguay en una zona preocupante del Índice de Percepción de la Corrupción de la entidad Trasparencia Internacional, donde aparece en el puesto 128 de 180 países. No obstante, el señalamiento a dirigentes tan altos por parte de Washington, de momento no ha abierto oficialmente ningún proceso judicial, supone un salto notable.

Durante la presidencia de Horacio Cartes (2013-2018), del conservador Partido Colorado, hubo informaciones que apuntaban a irregularidades en sus negocios familiares, en parte vinculados a la producción de cigarrillos. Paraguay es el foco americano del contrabando de tabaco; produce el 73% de los cigarrillos que se comercializan de modo ilícito en Latinoamérica y el 10% del mercado negro mundial. Mucho del tabaco aprehendido a los contrabandistas corresponde a marcas producidas por Tabacalera del Este (Tabesa), empresa del Grupo Cartes, el cual controla más del 50% de la industria de cigarrillos de Paraguay. Como presidente, Cartes siempre alegó que el problema del contrabando radica en las aduanas, no en sus factorías.

En sus acusaciones públicas contra Cartes, contenidas en un comunicado oficial del 22 de julio, EE.UU. no entra en detalles sobre sus investigaciones. Solamente se refiere a un caso de obstrucción de la Justicia: «Utilizó la presidencia para obstruir una investigación de crimen trasnacional que involucraba a su socio», Darío Messer, considerado por la Justicia brasileña una de las piezas claves del escándalo de Lava Jato. «La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos».

La denuncia de Washington solo se traduce por ahora en negar a Cartes su entrada en EE.UU. y la posibilidad de congelar los activos que pueda tener en ese país, acciones que dependen del Gobierno norteamericano. Cabe que las investigaciones que sostienen la denuncia hayan avanzado en los tribunales estadounidenses y que se haya presentado una acusación formal contra él; si esto es así, ese «indictment» sería secreto de momento (con un mismo sigilo la Justicia de EE.UU. obtuvo hace unos meses la extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de operar el país como un narcoestado). En cualquier caso, ni el Departamento de Estado ni en su caso el Tesoro de EE.UU. dan pasos tan contundentes sin creer contar con pruebas. La mención a «organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos» señalaría directamente a Hezbolá, grupo que Washington nunca se toma a la ligera.

Menos de un mes después, el 13 de agosto, un nuevo comunicado de Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, apuntó a Hugo Velázquez, vicepresidente del país en la actual presidencia de Mario Abdo Benítez, igualmente del Partido Colorado, aunque de una facción diferente de la de Cartes. La acción también incluyó a un colaborador suyo, Juan Carlos Duarte, asesor jurídico en la central eléctrica Entidad Binacional Yacyretá, una de las principales hidroeléctricas del país (compañía compartida con Argentina).

El comunicado afirma que Velázquez participó «en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos». Así, Duarte «ofreció un soborno» de más de un millón de dólares a un funcionario paraguayo «para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros». Duarte «abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Nacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay».

Velázquez ha negado cualquier actuación indebida, pero de inmediato anunció su renuncia a la vicepresidencia del país, así como a su candidatura en las primarias que deben celebrarse en diciembre para elegir al candidato del Partido Colorado en las presidenciales de abril, asegurando que no quería dañar las expectativas electorales oficialistas. Días después, Velázquez se retractó de la dimisión. El presidente aseguró que prefería su marcha, pero añadió que él no tenía poder para destituirle.

En este caso, Washington no hace referencia, ni siquiera velada, a Hezbolá, pero medios paraguayos han advertido de las posibles relaciones de Velázquez y Duarte con ese grupo islamista. Ambos aparecieron en una foto de 2015, durante una visita al Líbano, en un yate de Walid Amine Sweid, acusado por EE.UU. de financiar al grupo. En esa visita, que hizo en calidad entonces de presidente de la Cámara de Diputados y en compañía de otros parlamentarios, Velázquez se reunió con varios dirigentes de Hezbolá.

Previamente, Velázquez y Duarte fueron fiscales en Ciudad del Este. En esas funciones, Duarte investigó a Kassem Mohamad Hijazi, considerado presunto jefe de una organización de lavado de dinero para Hezbolá, pero tras esas investigaciones Hijazi fue absuelto. El trabajo de otro fiscal, Marcelo Pecci, llevó a su nueva detención en agosto de 2021 y allanó el proceso de extradición solicitada por EE.UU. Sin embargo, la entrega de Hijazi a las autoridades estadounidenses se demoró durante meses, aparentemente por las buenas conexiones políticas del acusado.

Pecci fue asesinado el 10 de mayo en una playa del Caribe colombiano, en su luna de miel, en una acción que la Policía de Colombia atribuyó a una organización internacional. Su muerte tuvo tal impacto mundial, que en cuestión de días la Justicia paraguaya aprobó la extradición de Hijazi a EE.UU. Pecci ya había logrado antes, en 2018, la detención y posterior extradición de otros operativos de la financiación de Hezbolá en la Triple Frontera, como Mahmoud Ali Barakat y Nader Mahamad Farhat, quien puso a Pecci tras los pasos de Hijazi.