¿En qué consiste la ley de deportaciones a Ruanda aprobada en Reino Unido?

En una publicación en sus redes sociales, el ministro del Interior, James Cleverly, fue uno de los primeros en felicitarse por lo que calificó como un «momento histórico en nuestro plan para detener las embarcaciones». «El proyecto de ley de seguridad de Ruanda ha sido aprobado en el parlamento y se convertirá en ley en cuestión de días», dijo, y añadió que «la ley evitará que las personas abusen de la ley utilizando reclamaciones falsas de derechos humanos para bloquear las expulsiones», y además «deja claro que el parlamento del Reino Unido es soberano, dando al gobierno el poder de rechazar medidas provisionales de bloqueo impuestas por los tribunales europeos». «Prometí hacer lo necesario para despejar el camino para el primer vuelo. Eso es lo que hemos hecho. Ahora estamos trabajando día y noche para poner en marcha los vuelos», aseguró.

La aprobación se produjo al tiempo que cinco personas, incluyendo un niño, morían en las frías aguas del Canal poco después de la votación. En una publicación en la red social X, Cleverly escribió, tras conocerse la noticia, que «estas tragedias tienen que parar». «Este gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a este comercio, detener las embarcaciones y, en última instancia, romper el modelo de negocio de las malévolas pandillas de contrabando de personas, para que ya no pongan en peligro vidas», agregó.

El Consejo de Refugiados calificó como «devastadoras» estas nuevas muertes en el Canal, y dijo que son «aún más trágicas» ya que ocurrieron apenas horas después de que se aprobara la legislación de Ruanda en el Parlamento. Enver Solomon, cabeza de la organización, consideró que las muertes son «otra tragedia humana devastadora que podría y debería haberse evitado», y denunció que el proyecto aprobado es una «legislación hostil y sensacionalista», y dijo que el Reino Unido debería buscar «rutas seguras para aquellos que huyen de conflictos y persecuciones».

La única forma «sostenible» de reducir el número de solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido es que el gobierno «reduzca la necesidad de que personas desesperadas tomen acciones desesperadas», aseguró, y agregó que «no necesitamos leyes costosas e inviables, necesitamos un proceso justo y humano que garantice el derecho al asilo, asegurando que los refugiados sean tratados con dignidad y respeto».

Desde las Naciones Unidas también llegaron las críticas. En una declaración conjunta, los dos altos comisionados de la ONU, Filippo Grandi y Volker Turk, expresaron que la política tendrá un impacto perjudicial en la protección de refugiados y los derechos humanos en todo el mundo, ya que proteger a los solicitantes de asilo requiere que todos los países cumplan con sus obligaciones. Pero el acuerdo del Reino Unido «busca transferir la responsabilidad de la protección de los refugiados, socavando la cooperación internacional y estableciendo un preocupante precedente global», dice la declaración.

«Es fundamental para la protección de los derechos humanos y la dignidad de los refugiados y migrantes que buscan protección, que todas las expulsiones del Reino Unido se lleven a cabo después de evaluar sus circunstancias individuales específicas en estricto cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de refugiados», pidieron.

«Enviar refugiados a Ruanda es un enfoque ineficaz, innecesariamente cruel y costoso», opinó Denisa Delić, directora de defensa en el Comité Internacional de Rescate del Reino Unido, para quien «en lugar de externalizar sus responsabilidades bajo el derecho internacional, instamos al gobierno a abandonar este plan equivocado y en su lugar centrarse en ofrecer un sistema de inmigración más humano y ordenado en casa», que «incluya ampliar las rutas seguras, como el reasentamiento y la reunión familiar, y defender el derecho a solicitar asilo».

Actualmente, en la lista de inmigrantes para volar a Kigali hay 350 personas, y los abogados ya han avisado que prepararán impugnaciones las legales a título individual, una solicitud que debe hacerse dentro de los ocho días posteriores a recibir una carta de deportación. Hasta la fecha, ningún individuo ha sido deportado debido a los desafíos legales que ha enfrentado la medida en estos dos años, pero el ejecutivo no dio su brazo a torcer y Sunak aseguró en un comunicado este martes que la aprobación del proyecto de ley «histórico» representa «no sólo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración», y explicó que el proyecto de ley se introdujo para »disuadir a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romper el modelo de negocio de las pandillas criminales que los explotan«, agregando que dejará claro que »si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte». «Nuestro enfoque ahora es hacer despegar los vuelos, y estoy seguro de que nada se interpondrá en nuestro camino para hacerlo y salvar vidas», advirtió. Además, aseveró que los primeros vuelos despegarán dentro de 10 o 12 semanas, incumpliendo su objetivo original que era empezar en primavera.

Un informe presentado por el National Audit Office (NAO), el órgano independiente del Reino Unido encargado de supervisar el gasto público y responsable de auditar las finanzas de los departamentos y agencias gubernamentales, así como de proporcionar garantías al Parlamento sobre el uso adecuado y eficiente de los fondos públicos, indicó en marzo que el gasto para deportar a tan sólo 300 refugiados será de más de 600 millones de libras esterlinas (unos 702 millones de euros), una cifra alarmante que plantea serias dudas sobre la eficacia y la justificación económica de la medida anunciada por primera vez en el 2022.