El Congreso argentino comienza a debatir la polémica Ley Ómnibus de Milei

El Gobierno argentino se muestra urgido de que el paquete de medidas, que implican un cambio drástico en el funcionamiento del país, sea aceptado lo antes posible; mientras que en la oposición confían en el Poder Legislativo para poner freno a algunas iniciativas que consideran peligrosas.

Si bien el presidente se mostró públicamente hermético con respecto a la posibilidad de hacer ajustes a su propuesta inicial, algunos miembros del oficialismo dieron a entender que aceptarían modificaciones en el proyecto de ley, que consta de un total de 180 páginas y 664 artículos. El nombre oficial del texto es Bases y Puntos de Partida Para La Libertad de Los Argentinos y el primer debate al respecto en el Congreso estuvo cargado de acusaciones y tensiones.

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Cabe tener en cuenta que la Ley Ómnibus pide, entre otras cosas, declarar la emergencia en 11 cuestiones hasta fines del año 2025, lo cual otorga al presidente facultades propias del Congreso. «Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años», reza el texto. Por otro lado, el proyecto de ley implica un avance hacia la privatización de 41 empresas públicas, entre las que se incluyen la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas, la agencia de noticias Télam e YPF.

Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es el que propone el artículo 331 del proyecto, a través del cual se define a la reunión o manifestación como una «congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público», para lo cual estipula que se debería pedir permiso al Ministerio de Seguridad.

Las tensiones en el Congreso argentino se hicieron sentir desde el principio de la jornada. Apenas iniciado el debate de las distintas comisiones de Diputados, Germán Martínez, presidente del bloque del partido kirchnerista Unión por la Patria (UP), pidió la presencia en el recinto del actual ministro de Economía, Luis Caputo, así como del jefe de Gabinete, Gustavo Posse, y del impulsor de la polémica propuesta, Federico Sturzenegger.

El Gobierno argentino envió como representantes al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; al secretario de Energía, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, y al ministro de Justicia, Cúneo Libarona, quienes se dieron a la tarea de defender un proyecto de ley que encuentra críticas en la mayor parte de las fuerzas.

El debate entre los legisladores se extendió durante largas horas, y el Gobierno sostuvo finalmente que aceptará realizar algunas modificaciones en la duración de la emergencia que establece la Ley Ómnibus. En este sentido, el secretario de Energía Rodríguez Chirillo, admitió: «Nos sugieren que el tiempo de la emergencia sea menor». Y añadió: «Lo estamos considerando para incluirlo en la versión final».

Una de las intervenciones más aguerridas fue la de Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria (UP), quien expresó: «Es raro que nos vengan a pedir un debate sano cuando el presidente y su vocero dicen que no se va a negociar nada. Venimos a escuchar una clase didáctica». Y cuestionó: «¿Van a agrandar la cantidad de comisiones? Para que esto tenga algo de seriedad y no sea un asalto al Congreso».

Otro congresista de la misma fuerza política, Leopoldo Moreau, acusó al Gobierno de proponer una herramienta «fuera de las instituciones» y sostuvo que quiere implementar «un estado de excepción, ponerse por encima de las normas institucionales, y por eso quieren apoyar ese estado de excepción en un estado policial, por eso quieren modificar el Código Penal».

Por otro lado, la líder de la fuerza política GEN, Margarita Stolbizer, se mostró dura con el oficialismo al expresar en el recinto de Diputados: «El Gobierno recién empieza y tendría que tener un buen diagnóstico y una buena priorización. Meter en esta bolsa la reventa de las entradas del fútbol, la obligación de que los jueces tengan toga y martillo roza lo absurdo».

El oficialismo cuenta todavía con toda la jornada de hoy para intentar defender en el Congreso el proyecto de una ley que genera gran desconfianza en el resto de las fuerzas políticas. Este miércoles justamente, el mismo día en el que el Gobierno cumple un mes en el poder y, en apenas cuatro semanas, avanza de manera rotunda con cambios que encuentran en el Congreso el principal desafío para su aprobación.