La ONU reconoce «errores» en el Congo y eleva a 500 el número de violaciones

Como aseguraba el secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Paz, Atul Khare, «aunque la responsabilidad principal de proteger a los civiles corresponde claramente al Estado, nosotros también hemos fallado. Nuestras acciones no fueron las adecuadas, lo que tuvo como resultado una agresión brutal de las poblaciones de la zona».

Los motivos son obvios. El epicentro del brutal ataque -Luvungi- se encuentra a apenas 30 kilómetros de una base de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco).

Sin embargo, el representante especial de la ONU para la región -Roger Meece- aseguraba la pasada semana que, aunque los «cascos azules» recibieron el 30 de julio noticias de la presencia de guerrilleros Mai-Mai y de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en la zona, en ningún momento tuvieron indicación alguna de que estaban preparando un ataque contra la población civil.

Una tesis que resulta sumamente absurda. Según ha podido saber ABC, ese mismo día, Naciones Unidas envió un correo electrónico al personal civil que mantiene desplazado en la región en el que se recomienda que se abstengan de desplazarse a la localidad de Mpofi -tomada por los rebeldes-, así como se informa de que una mujer ya ha sido violada.

De igual modo, Meece aseguraba que en días posteriores patrullas de la Monusco visitaron las aldeas de Kibua, Mubi y Pinga, aunque -curiosamente- sus habitantes no habrían denunciado que fueron blanco de un ataque.

Para paliar su desatino, la ONU solicitó ayer la imposición de sanciones específicas contra los líderes del FDLR, «tanto dentro como fuera del país, si se demuestra la existencia de una cadena de mando».

No les será muy difícil. En la actualidad, el portavoz del grupo -Callixte Mbarushimana- reside en París con total impunidad, pese a que sobre su cabeza pende una orden de busca y captura emitida por la Justicia ruandesa dada su participación en el genocidio de 1994. Aunque, sanciones al margen, más preocupante resulta que el enemigo se encuentre en casa.

En 2008, una investigación interna de la propia ONU reveló que «cascos azules» indios habrían cometido presuntamente abusos sexuales contra miembros de la población. De igual forma, soldados paquistaníes estarían implicados en una trama de venta de armas al grupo rebelde Frente Nacionalista e Integracionista a cambio de oro procedente de los yacimientos de la zona.