La oposición da a Scholz el plazo de una semana para la reforma migratoria

Media hora después del inicio del encuentro, que tenía lugar en el Ministerio de Interior de Berlín, los portavoces del Gobierno rebajaban ya las expectativas y sustituían la palabra 'cumbre' por 'reunión de trabajo'. A la salida, el representante de la CDU, Thorsten Frei, se felicitó por el «clima constructivo» y anunció que los contactos serán retomados la próxima semana, el plazo ofrecido por la CDU para cerrar un pacto de Estado.

«Es importante que no pospongamos este tema, después de haber hablado y discutido mucho, que finalmente lleguemos a resultados, eso es lo que la gente espera y con razón, por eso esperamos una reacción rápida del Gobierno«, dijo, y fijó el plazo: »Sí, definitivamente la próxima semana. Estamos hablando de días, no de semanas, para avanzar. Entonces se verá si realmente tiene sentido«. »Estamos dispuestos a discutir en el Bundestag y, en caso necesario, a apoyar para reducir significativamente la inmigración«, volvió a sugerir un respaldo al canciller Scholz al margen de su coalición con Los Verdes. Pero, matizó, «lo más importante es que necesitamos estas decisiones rápidamente».

Fuentes al tanto de la reunión explicaban que se habló de propuestas que podrían requerir cambios constitucionales y que podrían afectar a acuerdos europeos. Por ese motivo, el Gobierno alemán necesita tiempo para hacer las necesarias consultas legales, pero hay un compromiso para actuar y disposición para acelerar el trámite parlamentario. «La semana que viene es semana presupuestaria en el Bundestag y se puede hacer un hueco para impulsar propuestas legislativas», concretó Frei, quien añadió que «se trata de velocidad, porque hemos estado hablando ya demasiado tiempo».

La reunión fue programada como una consulta confidencial. El «paquete de seguridad» presentado por el Gobierno alemán prevé medidas en tres áreas: un enfoque más estricto para el retorno de los solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen, medidas para combatir elterrorismo islamista de manera más decisiva y el endurecimiento de las leyes de armas. Aunque no se encontraba presente en la reunión, el presidente de la CDU, Friedrich Merz, había expuesto anteriormente y con total trasparencia sus exigencias. «El verdadero problema es la presión migratoria incontrolada», había aludido a un límite de admisiones. La ministra de Interior, Nancy Faeser, en su comparecencia tras la conferencia, se refirió sin embargo solo a la reducción de «inmigración ilegal». Recordó las medidas ya tomadas por el Gobierno: deportaciones a Afganistán, drástico recorte de los beneficios sociales para refugiados y uso de datos biométricos en las identificaciones, sin referirse al núcleo de la reforma que pide la CDU. Es «sobre todo acerca de la cuestión del acceso y la acogida de los solicitantes de asilo en Alemania», precisó Frei. Además, precisó que «en vista de las más de 226.000 personas que deberían a abandonar el país, nunca podremos resolver el problema solo con deportaciones y la coalición debe abordar el asunto sin tabúes«.

La Asociación de Municipios Alemanes pidió por su parte medidas mucho más estrictas para frenar la migración irregular y un «concepto general para una política migratoria fundamentalmente diferente», incluida una congelación de la admisión nacional como «último recurso». «Ningún Estado está obligado a aceptar refugiados en una medida que ponga en grave peligro la funcionalidad de sus instituciones», defendió en un comunicado.

Los municipios están presionando para que se creen capacidades adicionales para la deportación, la detención y la custodia, así como para el rechazo de las solicitudes de asilo si la identidad no está clara. Además, las deportaciones a Siria deberían ser posibles en general y habría que abolir el estatus de protección subsidiaria que reciben la mayoría de los refugiados sirios en Alemania. «Cualquiera que no corra riesgo de persecución política individual debe recibir protección en los países vecinos con el apoyo de la UE y no en este país», exigen los municipios, de manera que a los refugiados cuyo procedimiento de asilo esté tramitado por otro país de la UE se les impida llegar a Alemania. Los solicitantes de asilo que «permanecen legalmente en Alemania solo sobre la base de una estancia tolerada» deberían ver sus prestaciones reducidas al nivel de atención básica. Confían en que de esta forma opten voluntariamente por abandonar el país.