Alemania recibe cada año 100.000 refugiados, el equivalente a una ciudad mediana

Este es el decimotercer año consecutivo en el que Alemania ha registrado más de 100.000 solicitantes de asilo. Eso significa que el país sigue recibiendo una ciudad mediana de refugiados cada año, a pesar de las políticas de acogida mucho más restrictivas aplicadas por el anterior y por el actual Gobierno.

Ni siquiera el cierre de fronteras y los controles sistemáticos decididos este año logran frenar un fenómeno de traslación de población que responde a mecanismos globales, pero que ha de ser gestionado por las autoridades locales.

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El senador de Asuntos Sociales de Berlín, Cansel Kiziltepe, se esfuerza por ampliar la capacidad de los contenedores instalados como viviendas provisionales en las pistas del antiguo aeropuerto de Tegel, en la capital alemana. Alrededor de 3.900 refugiados de la guerra de Ucrania y unos 540 solicitantes de asilo se encuentran actualmente alojados en el centro de llegada. Unas 1.500 personas esperan en tiendas de campaña y contenedores a que les sea asignada una vivienda modular o habitaciones en la red de albergues de la ciudad.

«La extensión de la capacidad de Tegel no es un deseo explícito del Senado; las cifras de llegada están subiendo de nuevo y las 16 ubicaciones planificadas hasta ahora no serán suficientes; nos darán un poco de aire que respirar pero el desafío general permanecerá», reconocía en noviembre el alcalde de Berlín, Kai Wegner, durante una visita a las obras.

En otro extremo de la ciudad, en el barrio residencial de Blankenburg, acaba de licitarse por 20 millones de euros la construcción de un asentamiento de contenedores de nueva generación para 500 personas. Las obras comenzarán en abril y estará operativo a principios de 2027. Alemania ha dado grandes pasos contra la inmigración ilegal y ahora arriba al país un tipo de refugiado más controlado por las autoridades, pero sigue llegando y, sobre todo, procedente de Siria, Afganistán, Turquía, Somalia e Irak, por este orden.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha tomado medidas para que se aplique la «prohibición de facto de entrada en la República Federal de Alemania» para todas las personas sin documentos de entrada válidos. Además, ha prometido que «el número de deportaciones diarias será significativamente mayor que el número de entradas ilegales diarias».

Las alrededor de 20.000 deportaciones efectuadas este año hasta el mes de octubre suponen un aumento significativo. A pesar de todos los esfuerzos, sin embargo, ningún sirio ha sido deportado hasta ahora y cada avión que despega cargado de afganos o ciudadanos de otros países de África y Asia debe superar numerosos obstáculos legales.

Aunque la mayoría llega a través de otros países seguros de la UE, solo había registradas a finales de noviembre 5.112 devoluciones conforme al llamado reglamento de Dublín, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF).

El Tribunal Constitucional acaba de ponerlo más difícil todavía con una sentencia favorable a un ciudadano guineano que debía ser deportado en 2019. Cuando la Policía se presentó a buscarlo en el albergue estatal, cerró por dentro con llave y los agentes tumbaron la puerta. Según los jueces de Karlsruhe, una deportación no justifica la intromisión sin orden judicial específica en el domicilio.

Alemania ofrece billetes de vuelta y hasta 2.000 euros en metálico por regresar al país de origen, así como asesoría para iniciar un negocio o acceder a formación profesional allí a través de programas de la BAMF. Berlín está además forzando en la UE la recalificación de países como «seguros», pero la realidad se impone a la política.

En un viaje a Siria en noviembre, el ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul reconoció, entre las ruinas de Damasco, que «difícilmente alguien puede vivir aquí con dignidad» y comparó el paisaje con el de la Alemania devastada de 1945. Sus palabras parecieron descalificar la política del Gobierno y reabrieron el eterno debate.

«No, no voy a volver, sea lo que sea lo que me ofrezcan», confirma a ABC Reyad Salloum, dentista en una clínica de Starnberg. Ahorró durante cinco años para pagar los 34.000 euros que le costó el viaje y la obtención de visados legales para él y su esposa, además de vender su coche y su casa. «En mi barrio en Damasco no hay ni electricidad, no voy a llevar allí a mis hijos».