El catálogo de la represión en China: la ONU extiende su aval a las denuncias

El informe evalúa los elementos principales de la campaña del Gobierno chino en Xinjiang, empezando por la narrativa de que trata de «contrarrestar terrorismo violento y separatismo» en la región. La ONU señala que ambos elementos están definidos de manera «amplia y vaga», por lo que «existe la posibilidad de que actos de protesta legítima, disidencia y otras actividades de derechos humanos puedan considerarse terrorismo y en consecuencia ser susceptibles de restricciones legales coercitivas».

El documento pone como ejemplo que la legislación prohíbe «ideas, pensamientos, actividades, vestimentas, símbolos, signos y contenidos» e identifica como «expresiones primarias de extremismo», por ejemplo, «ser un hombre adulto con gran barba» o «dejar de beber y fumar de improviso». «Los textos legales parecen combinar cuestiones de elecciones personales vinculadas a prácticas religiosas con extremismo, y extremismo con el fenómeno del terrorismo». Este silogismo supone el punto de partida de la represión perpetrada por el Partido Comunista. Uno de sus puntos clave ha sido el establecimiento de campos de reeducación, por los que según datos oficiales han pasado más de un millón de personas.

«Es razonable concluir que un patrón de detención arbitraria a gran escala ocurrió en los VETC [acrónimo en inglés de Centros de Educación y Adiestramiento Vocacional, término empleado por las autoridades chinas], al menos entre 2017 y 2019, afectando a una proporción significativa de uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang».

El Gobierno chino asegura que todos estos campos, cuya existencia en un primer momento negó para luego caracterizarlos como centros de formación profesional, ya están cerrados; algo que la ONU no ha podido corroborar. De todos modos, «permanecen preocupaciones considerables, en particular que la estructura legal y política que apuntala el sistema de VETC sigue operativa y (...) podría ser reiniciada en cualquier momento». Asimismo, «el aumento de la cantidad y duración de las detenciones a través del sistema de justicia penal sugiere claramente que este se ha convertido en el medio principal de encarcelamiento y privación de libertad a gran escala».

El Alto Comisionado ha recopilado testimonios de los supervivientes de estos campos, quienes relatan traumáticas experiencias como las expuestas en las páginas de ABC por Qelbinur Sidiq, mujer uigur obligada a trabajar en dos de ellos. «Las descripciones de detenciones están caracterizadas por un patrón de tortura y otras formas de crueldad, con tratos inhumanos y degradantes (...) También se reportaron casos de violencia sexual». Además, «la negación general por parte del Gobierno [chino] ante cualquier acusación, así como sus ataques humillantes y de género contra aquellos que han dado un paso adelante para compartir su experiencia, ha ahondado la indignidad y sufrimiento de los supervivientes», añade el informe.

La ONU otorga credibilidad a las denuncias de esterilizaciones obligatorias a las que fueron sometidas mujeres uigures y de otras minorías étnicas. «Hay indicios creíbles de violaciones de derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva de políticas de planificación familiar desde 2017». En un corolario recurrente, «la falta de disponibilidad de datos oficiales (...) dificulta llegar a conclusiones sobre el alcance de la aplicación actual de estas políticas». El informe también hace referencia al empleo de mano de obra forzosa en la industria local.

Muchos de los uigures en el exilio desconocen la suerte que han corrido sus seres queridos. «El patrón de separaciones familiares (...), que en algunos casos pueden equivaler a desapariciones, son consecuencia directa de los medios del programa de detención», agrega el texto. Una práctica «exacerbada por intimidaciones y amenazas de represalias contra las víctimas y sus familiares dentro y fuera de Xinjiang», por lo que la ONU exige que el Gobierno chino «aclare urgentemente el paradero de los familiares desaparecidos y facilite contactos seguros». La institución llama, asimismo, a una «acción urgente» por parte de la «comunidad internacional en general».

El informe presenta anexo -práctica habitual en estos casos- la réplica del Gobierno chino, en forma de un estudio propio titulado 'Lucha contra el terrorismo y el extremismo en Xinjiang: Verdades y hechos', el cual triplica en extensión al documento original -48 páginas frente a 131-. En la rueda de prensa diaria del ministerio de Exteriores celebrada hoy en Pekín, el régimen ha reiterado su rechazo.

«Impugnamos con seriedad la publicación de esta evaluación ilegal», ha sentenciado el portavoz Wang Wenbin, a la que se ha referido como «un mosaico de desinformación» elaborado por «Estados Unidos y un puñado de países occidentales» con el objetivo de «contener y desestabilizar a China». Wang ha incidido en que el informe «no llega al extremo de mencionar genocidio, esterilizaciones obligatorias o trabajos forzosos, lo que demuestra que la mentira del siglo ya ha colapsado», a pesar de que los dos últimos extremos sí están incluidos textualmente.

China ha tratado por todos los medios de evitar la publicación del documento, cuyo tono final ha resultado mucho más firme de lo esperado, por medio de maniobras diplomáticas en la sombra. Su Gobierno hizo circular entre países próximos una carta oficial para solicitar a la ONU la retirada del informe, según reveló en julio la agencia Reuters.

«La evaluación, si se publica, intensificará la politización y la confrontación de bloques en el área de derechos humanos, socavará la credibilidad del Alto Comisionado y dañará su cooperación con estados miembros (...). Instamos encarecidamente a la Alta Comisionada a que no publique dicha evaluación», rezaba.

Michelle Bachelet, su destinataria, confirmó el pasado jueves durante su rueda de prensa de despedida la existencia de esta carta, en la cual constaba la firma de cuarenta países. «He recibido una enorme presión tanto para publicar como para no publicar, pero no haré una cosa ni la otra debido a tal presión», aseguró entonces. «Estamos intentando por todos los medios cumplir lo prometido», añadió Bachelet, en referencia a su compromiso de divulgar el documento antes del final de su mandato, el cual concluyó el miércoles.

La falta de concreción de la ya ex Alta Comisionada acrecentó las críticas de organizaciones internacionales ante lo que consideran una posición débil y acomodaticia ante China. En mayo de este año, Bachelet realizó una «visita» oficial -que no «investigación», según se apresuró a aclarar entonces- a Xinjiang, tolerada por el régimen. La expresidenta de Chile se desplazó por China aislada en una 'burbuja' a causa de las medidas de seguridad motivadas por la pandemia, circunstancia que despertó el escepticismo sobre la autenticidad de los escenarios y sus interacciones.

La aparente reticencia original de Bachelet a publicar el informe estaría vinculada, según han revelado a ABC fuentes diplomáticas, con su aspiración de convertirse en la próxima secretaria general de la ONU, empeño para el que la enemistad de China supondría un gran obstáculo. Con esta posibilidad ya descartada, el informe ha acabado viendo la luz en los últimos minutos de su último día como Alta Comisionada, una maniobra en apariencia destinada a evadir las consecuencias del mismo. Un día después de la publicación del esperado informe, solo para ella la situación en Xinjiang pertenece al pasado.