La capital de EE.UU. se asfixia bajo una ola de homicidios y violencia

Tan grave es la crisis de seguridad en Washington, que a principios de octubre de 2023 se han superado los 200 homicidios en una ciudad que cuenta con 712.000 habitantes. Son niveles que no se veían aquí de forma sostenida desde el cambio de siglo, cuando la ciudad era capital americana de la criminalidad, en plena epidemia del crack. La víctima número 200 de este aciago año fue un chaval de 19 años que murió el martes 26 de agosto en plena calle después de una discusión entre dos grupos de adolescentes. Un día antes había muerto a tiros un chico de 16 años, y una guardería tuvo que ser clausurada por una ráfaga de disparos a las ventanas.

El año pasado, se registraron en Washington 226 homicidios, y sólo se llegó a los 200 a finales de diciembre. La tendencia alcista, de momento del 38% interanual, es de las peores en todo el país. En 2003 se registraron en Washington 248 homicidios. El mínimo desde entonces es el de 2012: apenas 88 muertos. Se rondaron los 100 entre 2011 y 2014, y el número ha ido aumentando desde entonces. Tanto las víctimas como los detenidos por homicidios y tiroteos son principalmente hombres de raza negra y tienen entre 18 y 34 años, según un informe del gobierno local de diciembre de 2021. A pesar de que los residentes afroamericanos representan solo el 46% de la población total del distrito federal, son un 96% de las víctimas.

Dentro de la ciudad, la crisis no ha pasado de momento factura política. La ciudad la controlan los demócratas desde que se creó la figura de alcalde en 1975. De hecho la actual alcaldesa, Muriel Bowser, es la primera en ser reelegida dos veces consecutivas en la historia. Antes, el único alcalde en ganar tres elecciones, pero no consecutivas, fue Marion Barry, que fue arrestado en 1990 y posteriormente cumplió seis meses de prisión por consumo de crack. Después de cumplir su condena, Barry regresó a la política y fue reelegido como alcalde en 1994.

La atención está puesta en realidad en la nueva jefa de policía de Washington, Pamela Smith. Lleva en el cargo desde julio de este mismo año, y es la primera mujer de raza negra en ostentarlo. Además, por primera vez en la historia, un jefe de policía no es un veterano del propio cuerpo. Smith es de Arkansas, y era, meses antes de acceder al cargo, jefa de la Policía de los Parques Nacionales. La alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, dijo cuando reveló que era la elegida para el puesto que es «alguien con la capacidad de conectar con la comunidad».

La comunidad, para amargura de muchos, está sumida en una ola de violencia espantosa. No son sólo los homicidios. La rotura de lunas de coche en plena calle para robar es una ocurrencia común en toda la ciudad. Hay quienes, hartos, se toman insensatamente la justicia por su mano, con consecuencias trágicas. En enero, Jason Lewis, un funcionario de 41 años vio a unos tipos intentando robar coches, así que se encaró con ellos pistola en mano desde el patio de su casa. Uno de ellos corrió hacia él, y Lewis disparó tres veces. Mató a un menor de 13 años, Karon Blake, quien acababa de robar un Kia con unos amigos. El juicio por homicidio contra Lewis tendrá lugar el año que viene, y mientras está en libertad condicional.

Los supermercados, farmacias y tiendas del centro ya asumen con normalidad que pandas de adolescentes enmascarados entren y arramblen con lo que quieran, sin que nadie oponga resistencia. No es este un mal específico de Washington. Desde los años de la pandemia, son corrientes los saqueos en grupo por parte de enmascarados en grandes urbes como Filadelfia, San Francisco o Nueva York, debidamente retransmitidos y viralizados en redes sociales.

Según las cifras policiales, los robos han aumentado en lo que va de año un 68%, y son más de 2.600. Los robos de coches son más, 5.400, un aumento del 106% interanual.

La policía a veces los detiene, a veces no. Ante las pérdidas, cada tienda toma sus propias medidas. La más común es colocar lo más robado –jabón, champú, dentífrico, detergente– bajo llave, en vitrinas de plástico reforzado a prueba de codazos. Otros optan por barreras de plástico en los pasillos más frecuentados, para que el robo se convierta, al menos, en una carrera de obstáculos. En las puertas de la mayoría de supermercados del centro, agentes de libranza hacen horas extras, vestidos de uniforme, controlando el tránsito de clientes.

Hay establecimientos que no pueden permitirse tanto gasto. Una tienda de la cadena Giant, un supermercado convencional, dijo recientemente que el robo equivale a un 20% de todas sus ventas, y que desde que comenzaron a sumar las pérdidas han superado el medio millón de dólares. Probablemente tenga que cerrar, según la gerencia, lo que significa que el barrio en el que está, en el sureste de la capital, se quedará con sólo tres supermercados, creando lo que un concejal, Trayon White, describió como un «desierto alimentario», es decir, una zona donde los residentes tienen acceso limitado a alimentos frescos, nutritivos y asequibles, debido principalmente a la falta de tiendas de comestibles.

En una visita a ese supermercado el mes de agosto, el concejal White dijo a un grupo de periodistas que le acompañaba: «La tienda ha gastado más de 300.000 dólares en seguridad. Pero eso no impidió que la gente robara. De hecho, el gerente regional nos dijo que las personas llenan los carros y salen directamente por la puerta, sin más. Con carros llenos de productos. Creo que robar de esta tienda es como robarte a ti mismo. Aquí vienen a comprar los ancianos y mayores que tienen que alimentarse en esta tienda…»

La policía, mientras, no da abasto. A mediados de año, el cuerpo local contaba con poco más de 3.300 agentes, el punto mínimo en medio siglo. Las razones son variadas, y entre ellas se encuentra una reducción del presupuesto en 15 millones de dólares anuales, sobre un total de 526 millones por año fiscal. Tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis en 2020, y el estallido posterior del movimiento Black Lives Matter, varios departamentos de policía en EE.UU. fueron sometidos a inspección política. No pocos demócratas defendían entonces el lema «recortemos la policía». En Washington, la comisión correspondiente propuso recortes, para redirigir el dinero a programas de reeducación y prevención social.

Hoy, la alcaldesa, que cuando Donald Trump era presidente pintó ante la Casa Blanca el lema Black Lives Matter, dice que quisiera aumentar a 4.000 agentes antes de 2031, pero los candidatos son pocos y los presupuestos, muy limitados.

Si la ola de violencia no es de momento un problema político dentro de Washington, sí lo es en el Capitolio. Al fin y al cabo, diputados y senadores viven en Washington. El lunes, tres encapuchados atracaron al diputado demócrata tejano Henry Cuellar, y le robaron el coche y la maleta.

Para los republicanos, Washington se ha convertido en el ejemplo de lo que sucede en los bastiones demócratas donde a la policía se le trata de enemiga y el delito se tolera. Este mismo año, el Consejo de la capital, órgano legislativo, también controlado por los demócratas, aprobó un nuevo código penal para la ciudad que hubiera rebajado la mayoría de penas, incluidas las de robo con o sin violencia. La alcaldesa se opuso, pero no pudo hacer nada por vetar la nueva ley. Tuvo que ser el Capitolio, con una poco común coalición bipartidista de republicanos y demócratas preocupados por la seguridad en la Capital la que la anuló, con el apoyo del presidente Joe Biden.

El senador Bill Hagerty, de Tennessee, que promovió el veto al nuevo código penal, acusó al Consejo legislativo de la capital de «utilizar el sistema de justicia criminal para tratar de lanzar un mensaje woke». El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo: «Somos la mayor superpotencia de la historia. Esta es nuestra capital. Pero los políticos locales han permitido que sus calles se conviertan en un peligro y una vergüenza».

Solo este pasado sábado por la noche hubo seis tiroteos en la ciudad, según cifras policiales. No importa que Washington tenga una de las legislaciones más restrictivas del país sobre tenencia de armas. Las pistolas se cuelan en la ciudad sin trabas, a mano incluso de niños en edad escolar, muchas de ellas compradas a pedazos por internet, un método para no tener que registrarlas o pasar los exámenes necesarios para una licencia.

Solo en Washington, los agentes se incautan de unas 500 pistolas fantasma, que es como se conoce a esas armas compradas por partes en internet. Un informe del Departamento de Justicia publicado en enero muestra que el uso de armas fantasma en delitos ha aumentado en más del 1.000% desde 2017. En agosto de 2022, la Administración Biden acabó con un vacío legal que permitía la venta de kits del 80% a cualquier persona, ya que las partes no eran consideradas armas.