Los Bundesländer alemanes piden un límite máximo de 60.000 refugiados al año

El presidente regional de Hesse, Boris Rhei, criticó por ejemplo que se trataba de «medidas granualres» y dejó entrever su escepticismo. La próxima conferencia de Presidentes tendrá lugar este miércoles en Berlín y la ministra de Interior ha programado una duración estimada de dos horas en su agenda, lo que sugiere que espera una reunión de trámite en la que, esto lo ha adelantado su oficina, presionará a los Bundesländer para que apliquen con mayor rigor las medidas ya aprobadas.

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Los gobiernos regionales, sin embargo, llegan con su propia hoja de ruta y el presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ha sido el encargado de ponerle el cascabel al gato. Kretschmer pide la legislación de un límite máximo de acogida de 60.000 refugiados al año y alega que Alemania carece de suficiente capacidad de absorción para superar esa cifra. «50.000 o 60.000 refugiados al año, porque llevamos muchos años haciendo un gran esfuerzo de integración y, sinceramente, no podemos con más de eso», ha avanzado su posición en una entrevista concedida al periódico Bild.

Según Kretschmer, este límite superior es necesario al menos hasta 2030. «Si nos fijamos en los municipios, si nos fijamos en cuántos cursos de integración hay y cuántos cursos de alemán, cómo se ve la situación en las escuelas, en los centros de salud, entonces primero tenemos que hacer estos esfuerzos de integración ya en marcha, antes de admitir a nuevos cientos de miles de personas», ha dicho. También se ha pronunciado a favor de renovar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, firmado en 2026 y que data de las legislaturas de Merkel.

«Tenemos que trabajar con Turquía para garantizar que este acuerdo se reavive», ha expuesto su posición, «Turquía tiene que cuidar de esta gente mientras nosotros ayudamos económicamente». El acuerdo recogía, entre otras cosas, que la UE podría devolver a los refugiados e inmigrantes que llegaran ilegalmente a las islas griegas a través de Turquía y Kretschmer insiste en la necesidad de deportaciones más consecuentes. Cada solicitante de asilo rechazado legalmente y que no es deportado por las autoridades es «un fracaso del Estado, es una derrota y no puede ser aceptado porque la población tampoco lo aceptará».

Con este planteamiento de entrada, el enfrentamiento en la reunión del miércoles parece inevitable. Y Kretschmer no es el único de los jefes de gobiernos regionales dispuesto a plantear nuevas exigencias. El presidente regional de Baviera, Markus Söder, también ha pedido «un verdadero cambio de dirección inmediatamente». En su opinión, los solicitantes de asilo no deberían recibir prestaciones sociales completas hasta después de al menos cinco años de estancia en el país, en lugar de los actuales tres años.

También es partidario de que los ucranianos que huyen de la guerra y lleguen a Alemania «no debería recibir en el futuro las mismas prestaciones sociales que los alemanes, sino sólo las prestaciones sociales que establece la legislación de asilo». Söder se refiere a la excepción establecida por el gobierno alemán tras el inicio de la invasión de Ucrania, de la que se han beneficiado más de millón y medio de ucranianos hasta el momento y en la que se ha detectado un nivel de fraude relativamente alto, porque muchos ucranianos viajan a Alemania para inscribirse y, una vez comienzan a recibir las prestaciones sociales, regresan a su país y las siguen cobrando desde allí. Söder, además, está a favor de un «límite de integración» que deje claro «hasta qué nivel» se puede permitir Alemania financiando la integración. De lo contrario, ha advertido, existe el riesgo de sociedades paralelas.

Faeser, por su parte, considera que primero conviene aprovechar las oportunidades ya creadas. «Esta Conferencia de Presidentes es importante para poner en práctica a nivel federal, estatal y local las nuevas bases que hemos creado previamente», ha dicho, en referencia al paquete legislativo con «regulaciones restrictivas para más y más rápidos retornos» que ya ha sido aprobado. «Las regiones responsables de las deportaciones ahora pueden utilizar estas regulaciones y recibirán todo el apoyo de la policía federal», ha instado, recordando que el hecho de que los propios países puedan volverse más activos también se aplica a la expansión de la digitalización y la administración.