Biden malbarata el as de los 'narcosobrinos' resignado a no forzar contrapartidas decisivas de Maduro

El mantenimiento por parte de la Administración Biden de las sanciones aplicadas por Donald Trump contra el Gobierno de Maduro se explica en cierta forma por la debilidad electoral demócrata mostrada en Florida en las presidenciales de 2020. El temor a un castigo de la crecida comunidad venezolana, así como de la cubana y en general del voto hispano más sensibilizado sobre el declive democrático en diversos lugares del continente, ha evitado hasta ahora la aplicación del cambio de política que Biden defendió antes de ser elegido con relación a Caracas y La Habana. Por lo que afecta a Venezuela, ya se están dando pasos evidentes en esa dirección.

La liberación de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, que fueron detenidos en Haití en 2015 y conducidos ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como resultado de una operación encubierta de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, muestra un decidido cambio de política: un as como ese no se gasta así como así, si la preparación del acercamiento no fuera en serio.

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Y dado que la contrapartida pagada por Maduro –la liberación de siete personas, con pasaporte o residencia en Estados Unidos, la mayoría de origen venezolano– no resulta equitativa (la libertad de esos detenidos importaba, obviamente, pero por los «narcosobrinos» podía haberse logrado una concesión mucho mayor), puede pensarse que Washington está dispuesto a seguir en su giro en cualquier caso, aunque Maduro no dé suficientes garantías de que las elecciones de 2024 sean democráticas.

Si Maduro ha sobrevivido hasta aquí en medio de las sanciones estadounidenses, puede hacerlo otros dos años sin necesidad de poner en peligro su puesto, así que difícilmente adquirirá ningún compromiso democrático serio en las negociaciones que debieran reabrirse con la oposición en la mesa de México.

Esa reanudación servirá de coartada para que la Administración Biden justifique el levantamiento de sanciones. Las permanentes presiones de Chevron, la única petrolera estadounidense que ha mantenido el negocio en Venezuela durante todo el chavismo, y la conveniencia de que la producción de crudo en ese país se recupere de su pronunciado declive y contribuya tanto a aumentar la oferta (y así rebajar el precio internacional del combustible) como a sustituir el petróleo ruso que Occidente quiere dejar de adquirir, empujan a la Administración Biden en la dirección apuntada.

En realidad, por más que Chevron vaya a ser autorizada a aplicar los procedimientos necesarios para aumentar la producción y no solo limitarse, como en los últimos años, a que su actividad en Venezuela no cierre, el excedente de petróleo que este país puede aportar al mercado internacional es muy reducido. Del alrededor de 700.000 barriles diarios de petróleo que hoy bombea, con una mayor actividad de Chevron y de otras energéticas como Repsol, Eni y Total podría pasarse a cerca del millón de barriles diarios en un plazo de dieciocho meses.

Se trata de una recuperación reducida y lenta que apenas incidirá en la actual crisis a raíz de la guerra de Ucrania, aunque sí podrá aliviar algo las necesidades de EE.UU., que busca cómo sustituir los 400.000 barriles diarios que venía adquiriendo a Rusia, aunque eso obligaría a readaptar de nuevo algunas refinerías del Golfo de México que habían dejado de comprar el denso petróleo venezolano.