Argentina se prepara para la huelga más importante de las últimas décadas

En el caso de Argentina, además de representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes convocaron a la manifestación, también asistirán miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), distintos movimientos sociales, y parte del sector de la cultura. Días antes de la movilización, el sindicato argentino de camioneros realizó un multitudinario plenario al que asistieron más de mil personas y en el que se acusó al actual Gobierno de querer «golpear el bolsillo de los argentinos». Esta semana también confirmaron que se sumarán a la huelga los sindicatos del transporte, por lo que no habrá transporte público en Buenos Aires –y la ciudad quedará «en pausa»- durante al menos cinco horas el próximo miércoles.

El flamante Gobierno, que asumió sus funciones el pasado 10 de diciembre, en apenas un mes vio incrementarse en las calles de todo el país el grado de conflictividad social: a la elevada inflación –problema heredado de la gestión anterior-, que en el último mes alcanzó el récord histórico de un 25%, se suma ahora el riesgo de que se disparen también otras variables como el desempleo, como consecuencia de los recortes que se prevén.

Más allá de este escenario de descontento que impulsa a la crispación social, el objetivo de la huelga general que está convocada para el próximo miércoles es intentar impedir el avance de la llamada Ley Ómnibus, una especie de 'caballito de batalla' que el oficialismo defiende como un instrumento necesario para resolver la aguda situación económica. Además de una concentración de poder en el Ejecutivo, el proyecto impulsa la desregulación económica, privatizaciones y reformas en la legislación laboral.

Gran parte de los trabajadores no lo considera una solución, sino que considera que la concentración de poderes que estipula el proyecto de ley, y que permitiría al Ejecutivo tomar decisiones sin tener que pasar por el Congreso, podría representar un riesgo enorme para la democracia y para los derechos de los ciudadanos.

La semana que comienza este lunes tendrá, sin lugar a dudas, una importancia radical en la definición del rumbo económico y legislativo que adoptará el país austral. Tras la huelga nacional que promete ser multitudinaria, comenzaría el debate del proyecto de ley del Gobierno en la Cámara de Diputados, que aspira a llevarse a cabo el próximo jueves.

En las últimas horas, el oficialismo y parte de la oposición se han dado a la tarea de negociar cuáles son los puntos de la ley que podrían sufrir algún tipo de modificación para que la normativa reciba el visto bueno por parte del Congreso. Sucede que el partido gobernante, La Libertad Avanza, posee apenas 38 diputados, por lo cual se ve en la obligación de tejer las alianzas políticas necesarias que le permitan alcanzar los 129 que aseguren el éxito de su proyecto de ley en la Cámara baja. El proyecto de ley se debatirá en el Congreso en pleno período estival y con gran parte de los argentinos de vacaciones –habida cuenta de que el mes de enero constituye el epicentro de la temporada veraniega en el país del tango.

En la prensa argentina corren versiones de que el oficialismo intentó, sin éxito, apurar el debate del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados para que se efectuara antes de la movilización del próximo 24 de enero. Pese a no haberlo logrado, el Gobierno buscó otra manera de desincentivar la asistencia a la huelga: afirmó que descontará el día a aquellos empleados estatales que asistan a la manifestación. Así lo ha confirmado esta semana el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Más allá del efecto que la huelga pueda tener en la decisión de los diputados, e incluso del destino que pueda tener en el corto plazo el proyecto de ley, el germen de la crisis social ya está instalado en Argentina y se prevé que vaya en aumento. Así lo ha pronosticado esta semana en declaraciones a la prensa local el cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Pablo Moyano, quien sostuvo que dado «el aumento de combustibles, alimentos y tarifas», en los próximos meses se incrementará de manera inevitable «la conflictividad social».