Revés electoral para Obama por la ley de inmigración de Arizona
El Supremo se inclina a favor de la dura norma, que fue recurrida por el presidente de EE.UU.
Revés electoral para Obama por la ley de inmigración de Arizona
El Tribunal Supremo de EE.UU. podría avalar toda o una sustancial parte de la polémica ley contra la inmigración ilegal aprobada hace dos años por Arizona, copiada por media docena de otros estados y recurrida por la Administración Obama. Con sus preguntas en la ... vista oral celebrada ayer, los jueces del Supremo parecieron abonaron la idea de que el mandato a la Policía de que verifique el estatus inmigratorio de toda persona sospechosa de estar «sin papeles» —el aspecto central de ley— encaja en el ordenamiento federal, aunque el Gobierno no haya dado pasos expresos en esa dirección.
Una sentencia a favor de la ley sería un significativo traspié para Obama en la campaña electoral, si tenemos en cuenta además que el candidato republicano, Mitt Romney, se ha alineado con varias de las propuestas de Arizona. Con el debate de fondo de qué hacer con los once millones de inmigrantes ilegales que residen en el país, los aspectos polémicos de la ley son cuatro: ordenar a la Policía que verifique el estatus inmigratorio de toda persona que pare en la calle y sea «razonablemente sospechosa» de estar en EE.UU. «sin papeles»; autorizar a la Policía a detener a cualquier extranjero que crea que está cometiendo un delito susceptible de estar penado con deportación; y considerar como crimen que un extranjero no lleve encima su documentación o que un inmigrante ilegal busque o desempeñe un trabajo.
Deportaciones
«Hablamos de deportar a personas sin derecho a estar en este país», dijo el juez Scalia. El también conservador juez Roberts indicó que «parece que el Gobierno federal simplemente no quiere saber quién está aquí ilegalmente». Por su parte, la progresista juez Sotomayor se declaró «muy confusa» sobre el hecho de que a un estado no se le permita preguntar a la gente sobre su estatus. Sotomayor, de todos modos, indicó que las leyes federales «explícitamente rechazan» que a alguien se le criminalice solo por buscar trabajo.
Estas restricciones a la inmigración cuentan con el apoyo de gran parte de los estadounidenses, cuyo respaldo se sitúa por encima del 60%. Pero el debate legal está más bien en si un estado puede legislar sobre una materia que le corresponde al Congreso. Paul Clemens, el abogado encargado de defender la ley ante el Supremo, defendió el derecho de Arizona a actuar «porque el Gobierno federal ha fracaso en sellar la frontera entre EE.UU. y México». Pero el abogado del Gobierno, Donald Verrilli, negó que este haya descuidado la seguridad fronteriza y advirtió que esa ley «choca con la política inmigratoria legislada por el Congreso», cuyo objetivo es un «equilibrio» entre diferentes aspectos del problema.
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