El Gobierno británico impulsará un cambio en la ley de Sucesión que establece la prerrogativa masculina al trono

El viceprimer ministro Nick Clegg, que está a cargo de temas constitucionales en la coalición, dejó claro que está impulsando el cambio. «En el siglo XXI la idea de que el hombre tenga este tipo de prerrogativa en la sucesión es anticuada. Si el Príncipe Guillermo y Catherine Middleton tuvieran de primogénita una niña sería justo que ella fuera la próxima Reina», señaló Clegg. Aunque la pareja ha dicho que no tiene planes de iniciar una familia pronto, el tiempo es indudablemente un factor de peso.

A primera vista el cambio de ley parecería sencillo. A fin de cuentas «el Rey reina pero no gobierna»: el Parlamento es el que decide. Sucedió en Suecia. En 1979 los suecos modificaron sin pestañear una ley similar para permitir que la primogénita, Victoria, fuera la heredera en vez del Príncipe Carlos Felipe, dos años menor que ella. Pero con los británicos están siendo más cautelosos.

Y es que en este caso, constitucionalmente, la última palabra no la tiene el Parlamento británico sino los 16 países de la Mancomunidad de Naciones que reconocen a Isabel II como Reina y jefe de estado. Estos 16 estados se rigen por el estatuto de Westminster de 1931 que estipula que cualquier cambio constitucional debe ser aprobado de manera unánime por todos sus miembros. Se trata de países muy diversos: desde Belize y Papua Guinea hasta Nueva Zelanda y Jamaica. ¿Están los otros estados dispuestos a aceptar un cambio? ¿Están siquiera preparados a discutir el tema? Australia y Canadá no parecen muy entusiasmados con la idea. En Canadá el líder conservador Stephen Harper fue categórico al respecto. «El sucesor del trono es un hombre. Y el siguiente es otro hombre. El tema no es prioritario para Canadá», señaló Harper.

En efecto, aún si las 16 naciones aprobasen el cambio, el Príncipe Carlos sucederá a la reina Isabel II (que solo es monarca porque no tenía hermanos) y Guillermo a su padre. En resumen, no existe ninguna urgencia práctica para embarcarse en el engorroso proceso de un cambio constitucional: hay línea sucesoria por muchos años. A este motivo pragmático, se añade una razón eminentemente política. El gobierno canadiense no quiere resucitar un debate que siempre está a flor de piel: el de su pertenencia como Reino a la Commonwealth y su obligatorio juramento de lealtad a su jefa de estado, la Reina Isabel II.

Este imperativo político parece más acuciante en Australia. En 1999 los republicanos australianos intentaron cambiar las cosas en un referéndum para sustituir a la Reina por un presidente que —para sorpresa de algunos— ganaron los monárquicos con cierta comodidad. Desde ese referéndum que generó cierta división a la nación —como lo hace cualquier referéndum— no se toca mucho el tema. Un debate sobre la ley de primogenitura podría revivir una polémica que, con los problemas económicos del país, no es una prioridad. Pero no todos son renuentes al cambio en la Mancomunidad. El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, se mostró claramente a favor y quiere impulsarlo en el seno de la organización.

Las conversaciones están en marcha, el gobierno británico parece decidido a abrir el debate y a aprovechar la próxima cumbre de los jefes de estado de la Mancomunidad en octubre para avanzar sobre el tema . Pero algunos comentaristas y constitucionalistas británicos han advertido que un cambio en ley de la sucesión de 1701 afectaría otro aspecto de la legislación considerado como «anacrónico y discriminatorio»: la prohibición de un Monarca católico.

La ley estipula que el heredero del trono no se puede casar con un católico y debe ser un miembro practicante de la Iglesia de Inglaterra. El Monarca puede casarse con una musulmana, judía o hindú y, siempre que no se convierta, mantener el trono. Pero si se casa con una católica, como el Príncipe Miguel de Kent en 1978, pierde automáticamente el derecho al trono. Es una ley que tiene la impronta de su época cuando se sospechaban complots del Papa contra la iglesia Anglicana y el Estado, pero que no tiene mucho sentido en la sociedad actual.

Sin embargo, hay voces que alertan sobre los peligros de un cambio. El obispo de Westminster, el reverendo Michel Scott Joynt, señala que una reforma terminaría con una separación del Estado y la Iglesia Anglicana que, por el momento, es un pilar constitucional de la corona. Incluso algunos católicos prefieren mantener el status quo. El ex editor del «The Times», lord Ress-Mogg, que es católico, ha puntualizado que «cualquier cosa que debilite a la Iglesia Anglicana, debilitará al cristianismo».

Apegados a la tradición, renuentes al cambio, británicos al fin, hasta figuras del laborismo como el ex Lord Chancellor (virtual ministro de justicia) de Tony Blair, lord Falconer, ven un peligroso factor desestabilizador en una reforma. Lord Falconer ha dicho que cualquier enmienda de la ley implicaría revisar cuanto menos ocho leyes aprobadas entre 1688 y 1937, leyes que, según el ex Lord Chancellor, son esenciales para el tejido institucional británico.