Lo que Zapatero calla sobre el régimen de Maduro

En su intervención, Zapatero denunció la desinformación existente en torno a lo que está sucediendo en Venezuela, «el 90% de la información que se publica está sesgada, y siempre del mismo lado», afirmó, subrayando que él conocía la realidad del país al que había viajado 38 veces en los últimos cuatro, en su condición de mediador entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

Lo cierto es que, en algunos de sus afirmaciones, el expresidente también cayó en la desinformación o también en el sesgo. Algunas fueron excesivamente graves, lo que no contribuye, por mucho que lo intente, a mejor el clima de diálogo y de paz en Venezuela y con sus interlocutores internacionales, como él tanto pregona.

Zapatero, en el último tramo de la entrevista, apoyó claramente la postura del presidente Pedro Sánchez de no recibir a Guaidó . Fue entonces cuando llegó la última pregunta sobre si consideraba que el líder del Ejecutivo español «se equivocó reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino» hace ahora un año. El expresidente quiso arrojar luz, desde su perspectiva posiblemente condicionada por esos 38 viajes a Venezuela, sobre la situación política de un país con dos gobiernos. «Para que los ciudadanos comprendan, hay un gobierno que es el que gobierna en Venezuela [el de Nicolás Maduro], que es el que da los visados, es el que tiene el control de la autoridad y demás... Y resulta que llega un Gobierno, que es el de EE.UU., que los bienes y los activos que el Gobierno de Venezuela tiene se los da a unos señores que no tienen ningún título más que se reconocieron... [en referencia a Juan Guaidó y su equipo] Por tanto hay miles de millones por ahí que nadie controla. Para el derecho internacional es una situación insólita», indicó.

En esta afirmación, el expresidente Zapatero no cuenta, porque sí debe de saberlo, que el actual presidente interino, Juan Guaidó, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional (la legítima, que fue votada democráticamente el 6 de diciembre de 2015 y en la que ganó la oposición) el 5 de enero de 2019. Esta elección se producía meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (un Parlamento paralelo puesto en marcha por Maduro para quitar funciones al legítimo). El proceso electoral incluyó varias irregularidades, como la inhabilitación de candidatos de la oposición. La falta de transparencia motivó que sus resultados no fueran reconocidos por gran parte de la comunidad internacional, que no aceptó la reelección de Maduro, que había creado un proceso electoral a su medida para continuar en el poder. Ya dos años antes, el Ejecutivo de Maduro había nombrado un nuevo Tribunal Supremo , en sustitución del legítimo (que incluía críticos con el régimen) que tuvo que exiliarse tras haber cursado el gobierno órdenes de detención contra algunos de sus miembros.

El no reconocimiento de Maduro como presidente del país dejaba por tanto un vacío de poder que, según el artículo 233 de la Constitución -aprobada por Hugo Chávez en 1999-, se resolvía de manera transitoria con el nombramiento en su lugar del presidente de la Asamblea Nacional. «Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional», reza dicho artículo.

La versión del Zapatero no se ajusta, por tanto a la realidad, y cae en lo que tanto criticó ayer: la desinformación.

Buen conocedor de la verdadera realidad de Venezuela, gracias a su puente aéreo con Venezuela, no dudó en calificar de «sesgada» el «90% de las informaciones que se producen sobre Venezuela. Información que se inclina siempre «del mismo lado», apostilló. Un lado que, evidentemente, no le gusta al régimen de Maduro ni a sus simpatizantes.

Por sesgada debemos entender aquellas informaciones que denuncian las violaciones constantes de los derechos humanos en Venezuela, sobre la crisis económica y social que sufre el país desde hace años, del índice de peligrosidad y de corrupción que organismos nacionales e internacionales han reflejado a través de la recogida de datos y testimonios. ABC y otros medios de comunicación se han hecho eco de muchas de ellas.

Zapatero no realizó ayer mención alguna en su intervención a estas violaciones ni a las dramáticas condiciones de vida que existen en Venezuela. La realidad que conoce el expresidente parece obviar a los 4,5 millones de desplazados fuera de sus fronteras desde 2015, según un informe del pasado mes de octubre de la ONU, organismo al que el propio Zapatero otorga total legitimidad -pues reconoce al Gobierno de Maduro y no a los representantes de Guaidó-, y por lo tanto estaría fuera de toda sospecha sobre un posible sesgo.

Igual de legítimo debe parecerle entonces el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los DD.HH. sobre Venezuela, publicado el pasado mes de julio y elaborado a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un texto que indica que en el último decenio -y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno». Algo que ha llevado a cabo a través de «un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos», explica.

El informe , que comprende desde enero de 2018 hasta mayo de 2019 y que se hizo público días después de la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, se refiere a la «paulatina militarización» de las instituciones del Estado durante la última década. «Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias , malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».

En cuanto a los colectivos , grupos armados civiles progubernamentales, considera que estos han contribuido al deterioro de la situación y documenta «66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.»

Asimismo, hace mención de las «ejecuciones extrajudiciales» cometidas por las fuerzas de seguridad, «en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales», que según el informe, «ha sido sorprendentemente elevada».

Siguiendo con la vulneración de derechos de los ciudadanos venezolanos, en especial contra aquellos que son críticos con el Gobierno de Maduro, el texto recoge que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad , entre ellas 58 mujeres, «y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria».

Hace hincapié, además, en que «la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada».

Denuncia también el constante ataque a libertad de expresión , mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes. «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes».

También acusa al Gobierno de Maduro de «incumplir su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y a la atención sanitaria ». Un aspecto que, según,Zapatero, sería consecuencia de las sanciones internacionales , punto que también aborda el informe de la ONU al afirmar que se han agravado, «en el caso de las sanciones vinculadas a la exportación de petróleo», aunque «la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores».

La lista de violación de DD.HH. en Venezuela es extensa, como reconoció la Bachelet que exhortó al Gobierno de Maduro a tomar medidas. «Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas», afirmó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH.