Las víctimas de Maduro piden que el fiscal del TPI les escuche: «Los asesinos de mi hijo siguen libres»

Su visita busca constatar sobre el terreno la situación de los derechos humanos en Venezuela , según numerosas denuncias de violaciones y torturas a los presos políticos , para decidir si abre una investigación después de que hace ya cerca de cuatro años la antecesora de Khan en la Fiscalía del TPI, Fatou Bensouda , pusiera en marcha un ‘examen preliminar’ .

Esta semana se manifestaron en la entrada de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), situada en la caraqueña avenida Francisco de Miranda en Chacao. Los activistas de las ONG confían en que «serán incluidos en la agenda del fiscal, que previamente no lo estaban», dicen a ABC los abogados Joel García y Alonso Medina Roa , directores de la Coalición por los DD.HH. y la Democracia.

«No estamos en la agenda. Por eso solicitamos al fiscal Karim Khan que abra un espacio para que escuche a las víctimas de la violación a los derechos humanos», señala el defensor García.

«No tiene sentido que el fiscal escuche un solo lado de los responsables de los crímenes en Venezuela, donde no hay independencia judicial, y juzgar solo a los autores materiales de los asesinatos no es justicia. También hay que juzgar a los superiores que dieron la orden para ejecutar los crímenes», subraya Joel García.

El defensor García menciona el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo , que murió en el 2019 luego de las torturas recibidas . «La responsabilidad no solo es de los dos militares del Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) que lo torturaron, sino de los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro que dieron la orden».

El fiscal Karim Khan analiza un extenso expediente con cerca de 200 casos de presos políticos, civiles y militares, que han sido torturados, entre ellos 10 detenidos que han muerto bajo la custodia del Estado venezolano como el exministro de Defensa, el general Raúl Baduel , el último de los que falleció la semana pasada, supuestamente por Covid-19 afirma el régimen.

En conversación con ABC, Angélica Neuta , esposa del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional José Antonio Peñalosa , denunció que su marido es un preso político que se encuentra detenido en la cárcel del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en el Helicoide junto con 80 personas más acusadas de terroristas por participar en la Operación Gedeón en mayo de 2020.

«Mi esposo fue condenado a 24 años de prisión. En el juicio clandestino no tuvo derecho a la defensa. Aprovecho este medio para denunciar que Ana María Pernía , de 39 años, recluida en la cárcel de mujeres en el Inof, fue torturada el año pasado por la Dgcim por la Operación Gedeón y se encuentra en situación deplorable en su celda sin comida ni medicamentos», dice Neuta.

Otra mujer torturada por la Operación Gedeón es Mari France Marcano , de 35 años. «Recibió una paliza grande y los militares del Dgcim le pusieron un cartón en la cabeza durante una semana», denuncia su tía Jocelín Vásquez .

Lo que sorprende a la tía Jocelín Vásquez, de 47 años, es que su sobrina Mari France, madre de tres hijos pequeños, fue detenida por los agentes del Dgcim junto con su amiga Ana María Pernía el 25 de abril del año pasado, ambas torturadas unos 20 días antes de que se produjera la Operación Gedeón. «Su vinculación es ser hermana de Carlos Marcano », uno de los acusados de terrorismo del régimen de Maduro.

Según la fundadora y directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega , en Venezuela se han registrado al menos 13.000 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el Gobierno de Maduro, dijo a ABC.

Ivón Parra , madre de Guillermo José Parra , de 20 años, que fue ejecutado el 12 de diciembre de 2017 por la FAES (Fuerza de Acciones Especiales). Dijo a ABC que «los asesinos de mi único hijo siguen libres impunemente. Llegaron a mi casa y lo mataron. Fueron cinco agentes de la FAES».

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, más del 70% de los ejecutados por las FAES, creadas por Maduro en 2016, son jóvenes humildes que viven en los barrios populares. La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet , ha exigido a Maduro la eliminación de los grupos de exterminio y escuadrones de la muerte de la FAES, pero siguen operando como una unidad policial de élite.

Carmen Elena Arroyo Mármol , madre de Cristian Alfredo Charris Arroyo , de 26 años, aseguró que a su hijo que era un barbero, padre de tres hijos, lo ultimaron 20 agentes de las FAES el 24 de septiembre de 2018, cuando lo interceptaron en el barrio Dolorita en Petare y «le dispararon en el tórax. Mi caso continúa archivado congelado en la impunidad de la Fiscalía venezolana. Busco paz y justicia», concluye a ABC.