La Fiscalía de la CPI considera que hay crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde 2017

En el documento con las observaciones de Bensouda, al que ha tenido acceso ABC, se cita entre los crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en Venezuela «el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); tortura de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma».

La fiscal concluye que «los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles» para un proceso de acuerdo con el artículo 17(1)(a)-(d) del Estatuto. En este sentido, Fatou Bensouda señala que la investigación de la CPI vendría dada por la «inacción» del Estado venezolano ante los hechos denunciados. En este sentido, apunta «el limitado número de procedimientos locales significativos relacionados con los potenciales casos identificados por la Fiscalía; su enormemente limitado alcance relativo a sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y continuos en aquellos casos para establecer la responsabilidad penal de las personas sospechosas».

Tras conocerse las conclusiones de la fiscal saliente, le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal, que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso de la Corte Penal Internacional.

Para ponerla en marcha no hace falta el visto bueno de los jueces de la CPI, sino que se abre directamente, ya que hubo seis países que en 2018 remitieron el caso a la Corte, en concreto Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

Las observaciones realizadas por Fatou Bensouda ponen en especial el foco sobre el tratamiento a las personas detenidas, aspecto sobre el que considera que hay «información suficientemente detallada y fiable».

En concreto, afirma que «la información disponible proporciona bases razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente responsables de la comisión física de estos supuestos crímenes incluyen» a estos cuerpos: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS) y otras diversas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

Además, asegura que, de acuerdo con la información disponible, «individuos progubernamentales también participaron en la represión de opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».

La fiscal Bensouda insiste en que los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles de acuerdo con el artículo 17 del Estatuto de Roma , que básicamente establece que procede abrir tal investigación en casos en que el Estado en cuestión no tenga voluntad o capacidad para llevar a cabo su propia investigación.

Para la abogada de derechos humanos Tamara Suju , directora del Instituto Casla y denunciante de los abusos del régimen chavista ante la CPI, con el informe de la fiscal Bensouda «ha quedado evidenciado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y que los altos responsables no han sido investigados ni juzgados, sino que continúan en los cargos, o incluso los han ascendido, y cometiendo crimenes de lesa humanidad».

En este sentido, asegura a ABC que «las detenciones arbitrarias y las torturas continúan, y la dictadura venezolana no tiene intención de retroceder en estos crímenes». Según apunta, «no han podido engañar a la Corte con los papeles en los que decían que estaban actuando en los casos» y que «no quieren investigar porque el propio fiscal es parte de esos crímenes».

En el momento de la apertura del ‘examen preliminar’, la Fiscalía de la CPI hacía referencia a las denuncias de que las fuerzas de seguridad venezolanas habían empleado con frecuencia «fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones» y habían «arrestado y detenido a mies de miembros de la oposición, reales o percibidos como tales», una parte importante de los cuales habrían sido sometidos supuestamente a «graves abusos y maltratos durante a detención». Además, apuntaba que se había denunciado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a «medios violentos», con el resultado de «algunos miembros de las fuerzas de seguridad heridos o muertos».

En 2017 Venezuela vivió una fuerte agitación en las calles ante el endurecimiento de la deriva dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, que ese mismo año impulsó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con la que trataba de arrinconar al parlamento legítimo, que estaba en manos de la oposición. Las protestas de ese año, según distintos recuentos oficiales y de organizaciones cívicas, se cobraron más de un centenar de muertos .

El régimen de Nicolás Maduro logró retrasar , gracias a sus maniobras ante la Corte, la decisión de la Fiscalía de este tribunal sobre la posible apertura de una investigación formal.

El fiscal venezolano, Tarek William Saab , aseguró en junio a través de Twitter que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que convocara «una reunión con las partes», a propósito del ‘examen preliminar’ sobre Venezuela. El Ministerio Público pidió que, «de conformidad con la norma 30 del Reglamento, convoque a una reunión entre las partes a fin de poder debatir sobre un proceso justo e igualitario como Estado objeto de un examen preliminar».

Antes de dejar su puesto, la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda , aseguró a Efe que esperaba anunciar la decisión de si abría o no una investigación en Venezuela antes de que finalizara su mandato, el 15 de junio, tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño ante los magistrados del tribunal en la que se quejaron de trato «discriminatorio» y «desigual» respecto al que reciben otros países también bajo examen preliminar, según dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab .

Bensouda señaló que no podía «ignorar» la reclamación de Caracas y presentó una respuesta incluyendo «ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo». «Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta», replicó la fiscal jefa de la CPI.

En noviembre del año pasado adelantó que existen «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y en su último informe, se refirió a posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.

Para determinar si se debía abrir o no la investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha estudiado si la Justicia venezolana ha llevado a cabo indagaciones genuinas sobre esos abusos, lo que haría que el caso quedara fuera de la competencia de la Corte.