Varapalo a España ante la posible anulación del acuerdo de pesca de la UE con Marruecos

La parte más delicada no es el pescado, sino las consecuencias políticas que se derivan de esa decisión y que suponen, por un lado, que los jueces pueden anular un tratado firmado y ratificado alegando criterios basados en la doctrina de las Naciones Unidas y, por otro, porque vuelve a introducir en las relaciones con Marruecos el conflicto del Sahara Occidental , en unos términos que pueden considerarse como la mayor victoria política del Frente Polisario en décadas.

El abogado francés Giles Devers , que representa los intereses del Frente Polisario, se frota las manos esperando la sentencia que se prevé favorable a sus clientes, teniendo en cuenta el criterio que ha expresado el pasado 10 de enero el abogado general, el belga Melchior Wathelet (padre) es más que rotundo. En la justicia europea, los jueces confirman en más del 80% de las sentencias la opinión del abogado general, que es una mezcla de juez instructor y de fiscal.

En este caso tan sensible, los argumentos de Wathelet para declarar que el acuerdo de pesca de 2006 es «inválido» le parecen lo bastante rotundos como para dar por hecho que los jueces los confirmarán.

«Los dos elementos básicos de este juicio son que el abogado general concluye que Marruecos no ostenta en ningún caso la soberanía sobre el Sahara Occidental, que Europa no puede firmar ningún acuerdo sin el consentimiento de los saharauis, y que ya no basta con el recurso que se ha usado hasta ahora para que Marruecos se comprometiese a que los habitantes del Sahara participasen también de los beneficios, sino que se exige que den su autorización».

La versión del jurista no deja lugar a dudas: «El acuerdo de pesca y los demás acuerdos que han sido recurridos no respetan ni el derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales, ni las reglas del derecho internacional humanitario aplicables en la conclusión de acuerdos internacionales que se refieren a la explotación de recursos naturales de un territorio ocupado, ni la obligación de la Unión de no reconocer una situación ilícita que se desprende de la violación de este principio y estas reglas, así como la de no ayudar al mantenimiento de una situación así».

Solo con leer las expresiones que utiliza el jurista, como la de «territorio ocupado» ya se puede anticipar que este caso tendrá sin duda consecuencias. La sentencia podría introducir un elemento de gran incomodidad para el Gobierno marroquí y para sus relaciones con la Unión Europea, que en estos momentos son especialmente buenas. Marruecos es el socio más importante de la zona no solo en materia económica, sino que colabora muy estrechamente con España para el control de los flujos de inmigrantes a través del Mediterráneo.

La situación se puede comparar claramente con la que se ha producido con Turquía, país con el que las relaciones se han tensado mucho, pero la Comisión ha tenido que pactar -pagando- para que fuera la clave para contener las avalanchas de refugiados que huyen de la guerra en Siria pero cuya irrupción en Europa central ha creado tensiones políticas importantes y ha ayudado al afloramiento de fuerzas nacional-populistas.

Con el caso de Marruecos, el acuerdo de pesca caducará el 14 de julio y la Comisión ha pedido autorización para negociar la renovación, aunque en el Parlamento no se atreven a dar un paso antes de saber qué decisión tomarán los jueces.

Mientras, los abogados del Frente Polisario se atreven incluso a pensar en pedir en una segunda fase que se les indemnice con 240 millones de euros anuales por todos los perjuicios causados desde el 21 de diciembre de 2016, cuando el Tribunal ya dictó una sentencia firme en la que determinaba que el Sahara no estaba incluido en el acuerdo agrícola con Marruecos.

El Gobierno marroquí ha utilizado tradicionalmente los acuerdos con la UE para lograr el reconocimiento de su presencia en la antigua colonia española, forzando las cosas para obligar a los juristas europeos a rozar los límites de la jurisprudencia internacional.

El criterio del abogado general en este último caso podría terminar definitivamente con cualquier ambigüedad y a juicio del abogado Devers impediría jurídicamente que Europa volviese a ignorar que la cuestión del Sahara no está cerrada, más de 40 años después de la salida de España.

En medios saharauis se cree que la respuesta de los países más interesados en mantener las tesis marroquíes será alegar que el Frente Polisario no representa a la totalidad de los individuos afectados, pero es un hecho que la RASD es una entidad reconocida por la Unión Africana, de la que también Marruecos forma parte.

La querella en marcha fue introducida por una organización británica llamada Westerns Sahara Campaign y ha sido llevada a Luxemburgo como cuestión prejudicial por los tribunales de Londres. Aún en el caso de que los jueces dictaminasen que en realidad esa organización no está legitimada a pedir la invalidez de un acuerdo internacional firmado por la UE, hay otra segunda querella presentada por el mismo Frente Polisario, que ha sido agrupada con la anterior y que por tanto sería tratada por el mismo abogado general y los mismos jueces.

El abogado general considera además que un ciudadano puede invocar normas de derecho internacional para oponerse a un tratado firmado por su país si son «suficientemente claras». España sería uno de los países más afectados por una posible crisis diplomática entre la UE y Marruecos y fuentes del Gobierno han hecho saber que se prepara «para todos los escenarios» porque la incertidumbre afecta a muchas áreas, desde la pesca a los preparativos de un viaje del Rey Felipe VI a Rabat .