«Si me quedo en Venezuela, morimos mi familia y yo»

«Si me quedo en Venezuela, muero yo y mi familia», dice Mario, que refleja en su rostro el dolor y el cansancio. Junto a él está Fernanda que no deja de llorar, dice que sacar un pasaporte cuesta unos 200 dólares y tarda entre seis meses y un año. «Dejé todo porque estamos enfermos y no hay medicinas. ¡Cómo me regreso!», exclama.

El fin de semana el Ministerio del Interior liberó del requisito de pasaporte a niños y adolescentes que estén con sus padres que posean el documento en regla. «La presión de la opinión pública ecuatoriana les obligó a cambiar», comenta una docente, y elogia que la defensora del Pueblo, Gina Benavides , haya anunciado que pedirá medidas cautelares a organismos internacionales, de seguir vigente el pedido de pasaporte.

El ministro del Interior, Mauro Toscanini , justificó la medida tras dar a conocer que se han identificado casos de trata de personas y tráfico de migrantes en el ingreso de ciudadanos venezolanos. Las autoridades arguyen también la imposibilidad de validar la información de las cédulas de identidad y las partidas de nacimiento ilegibles o en mal estado.

«Los venezolanos que llegan no son migrantes, son refugiados de una guerra civil sin armas. Pedirles pasaporte es absurdo. Ellos no vienen por turismo, vienen desplazados», dice Ramiro Aguilar , abogado penalista y exparlamentario.

Ecuador ha experimentado desde dos semanas atrás una oleada migratoria de venezolanos que ha desbordado las terminales terrestres de Quito y ha obligado al gobierno a declarar estado de emergencia en tres provincias, para asistirlos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), desde su sede en Ginebra, estima que 30.000 venezolanos llegaron a Ecuador en la primera semana de agosto.

«La decisión de solicitar pasaporte a ciudadanos venezolanos está alineada a las medidas migratorias de otros país, a nivel regional», ha declarado el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez , al tiempo de señalar que Ecuador hace proporcionalmente más que otros, ya que otorga acceso a la salud y a la educación a ciudadanos extranjeros. El viceministerio de Movilidad Humana ha convocado a sus pares de países de Sudamérica a una reunión para tratar el flujo inusual de venezolanos. Será en Quito los primeros días de septiembre.

Entre tanto, el polvorín en que se ha convertido el estado de Roraima , estado brasileño fronterizo con Venezuela , se alimenta también de la disputa política entre el gobierno local y el central, preocupados con los efectos que este tema tan sensible puede generar en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.

La situación se agravó después que brasileños entraron en confronto y quemaron objetos personales y tiendas de campaña, en un ataque masivo contra 700 venezolanos , tras un intento de asalto a un comerciante en el municipio de Pacaraima, principal puerta de entrada entre los dos países. La situación provocó la salida de Brasil de 1.200 venezolanos en un único día y el envío de 120 soldados brasileños al local, para controlar la tensión.

«Vemos con mucha preocupación lo que ocurre en Roraima con este clima xenófobo. Es una situación muy difícil que se complica por el tema electoral en Brasil», explica en declaraciones a ABC, el investigador Senior de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en Brasil, César Muñoz .

La gobernadora de Roraima, Suely Campos , que busca su reelección, es contraria a la entrada de venezolanos, llegando a emitir decretos para restringir el uso de servicio públicos a refugiados y pidiendo a la Justicia brasileña el cierre de la frontera, medidas que fueron rechazadas por la Corte Suprema.

Del otro lado de esa pelea, está el senador de Roraima, Romeu Jucá , uno de los hombres fuertes del presidente Michel Temer, cuya diplomacia ha sido una de las más críticas al Gobierno de Nicolás Maduro. Campos, que acumula polémicas de nepotismo y abuso de poder, ataca a Jucá, otro político envuelto en escándalos de corrupción, de querer "mantener el caos", en su estado.

Brasil no es el país sudamericano que más recibió desplazados de Venezuela, ranking liderado por Colombia con 870.000 refugiados vecinos. Según datos oficiales, entraron por Pacaraima cerca de 128 mil venezolanos entre 2017 y 2018, de los cuáles más de la mitad fueron por vía terrestre a otros países. Según la Policía Federal, unos 58 mil refugiados venezolanos aún permanecen en Brasil.

El estado de Roraima es el que ha sufrido más con ese flujo migratorio. Con la llegada de un promedio de 500 venezolanos diarios, la alcaldía de la capital, Boa Vista, calcula unos 30.000 inmigrantes en la ciudad, equivalentes al 10% de la población, lo que ha sobrecargado los servicios públicos, y dejado por lo menos 2.000 venezolanos viviendo en las calles en condiciones penosas.

La situación, caótica, incluye un brote de sarampión, que ha complicado la frágil salud de las personas que llegan, entre ellas mujeres y niños, con casos de desnutrición.

El Gobierno brasileño organizó la «Operación Acogida», encabezada por las Fuerzas Armadas, con apoyo del ministerios de Salud, y de Agencias de la ONU, como la Acnur, especializada en refugiados. La organización, sin embargo, así como el Gobierno del estado, no están dando abasto para atender ese fuerte flujo migratorio.