El régimen cubano endurece el acceso a internet tras las protestas del 11 de julio

Para el abogado y periodista, Eloy Viera Cañive , tan solo con esta declaración de principios se «alerta a los destinatarios (…) para que no busquen en el paquete normativo un catálogo de derechos que les garantice el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y el acceso a la información mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)».

El extenso documento incluye un decreto ley, dos decretos y tres resoluciones que comprenden al Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Comunicaciones. Entre ellas, resaltan el Decreto Ley 35 ‘De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico’; y la Resolución 105 ‘Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad’.

Tanto el Decreto Ley No 35 como la Resolución 105, sostienen que el Estado cubano es titular de los servicios públicos de telecomunicaciones y tiene la facultad de regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunicaciones. En el caso del Decreto Ley 35, prohíbe el empleo del «servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público».

Por su parte, la Resolución 105 tipifica como delitos «la divulgación de noticias falsas», el «ciberterrorismo» y otros que hasta el momento no tenían respaldo legal en el país, como «los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión». Entre los daños éticos incluye «la divulgación de noticias falsas» y de «mensajes ofensivos», así como la «difamación con impacto en el prestigio del país» ya sea en redes sociales u otros medios.

Como «ciberterrorismo», reconoce que son aquellas acciones mediante el uso de las TICs cuya finalidad sea «subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». También incurrirán en este delito los que alteren «gravemente la paz pública», desestabilicen «gravemente el funcionamiento de una organización internacional» o provoquen «un estado de terror en la población o en una parte de ella».

Pablo Domínguez Vázquez , director de Ciberseguridad del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM), explicó al medio oficial ‘Cubadebate’ que esta norma incluye la difusión de «contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado», los que inciten «a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público», los mensajes que hagan «apología a la violencia», así como los que «afecten la intimidad y dignidad de las personas».

Ambas medidas forman parte de un proceso de legalización de prácticas totalitarias y de legitimación de conductas violatorias de los derechos humanos que vienen ocurriendo en Cuba desde varios años, y que incluso se implementaban al margen de la ley. Las reformas e imposiciones legislativas evidencian la mutación del régimen como forma de sostenerse en el poder, adecuarse a las nuevas circunstancias y, a la vez, justificar la represión o procesos judiciales por motivos políticos.

Para Viera Cañive la misión fundamental es «profundizar el control de las expresiones contrarias a la ‘Revolución’ en el único espacio que hasta hoy el gobierno no ha podido dominar a pesar de los esfuerzos y el cual sirvió como vehículo de transmisión del estallido social del 11-J: las redes sociales e Internet».

El Decreto Ley 35, por ejemplo, faculta al proveedor, en este caso Etecsa (único existente en el país), para «suspender el servicio en los casos que correspondan», lo cual significa cortes selectivos o generales al servicio de Internet o de telefonía; esta práctica se ha hecho común fundamentalmente en los últimos dos años contra activistas y periodistas independientes, así como ha sido usual su empleo en momentos de movilizaciones o protestas masivas como las acaecidas el 27 de noviembre de 2020, el 27 de enero de 2021, y el 11J, por solo citar unos ejemplos.

A su vez, extiende estas facultades al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias para «disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal». Aún se desconocen las sanciones que se aplicarán a aquellos que violen estas normativas. Uno de los peligros que advie rten -y temen- varios internautas es que se quieran imponer las normas con carácter retroactivo para justificar el encarcelamiento de los miles de manifestantes del 11-J que continúan en prisión o con medidas cautelares.