Centenares de cubanos siguen detenidos o desaparecidos

Prisoners Defenders (PD) estima que existe «un número imposible de determinar, que oscilaría entre 2.000 y 8.000 personas » que han sido detenidas en toda Cuba, fundamentalmente durante y después de las multitudinarias protestas del 11 de julio (11J), muchos de los cuales «están siendo torturados»; asimismo, calcula que unos 272 convictos y condenados políticos habrían sido detenidos durante el mes de julio, el cual calificó como «trágico para los cubanos».

Por su parte, la asociación CubaLex ha podido constatar 770 arrestos, de los cuales han sido liberados 215, la mayoría de ellos con medidas cautelares, y 45 permanecen en desaparición forzada. Las cifras aumentan diariamente , a medida que las organizaciones van teniendo acceso a las fuentes.

Asimismo, PD considera que la cifra final de las detenciones arbitrarias y de los casos de personas en prisión preventiva «que cualquier ONG puede confirmar de aquí a unas semanas será inferior al 30%» de «la tragedia real que ha acontecido en Cuba».

Entre los casos de personas consideradas como desaparecidas está José Daniel Ferrer García , líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. El activista de la provincia de Santiago fue detenido el 11J; desde entonces, su familia no ha podido verlo ni hablar con él.

«Cada segundo la incertidumbre y la angustia es más grande, nos va asfixiando; cuando ellos (la Seguridad del Estado) no quieren decir nada, cuando se han mantenido durante tantos días en silencio, es porque algo está pasando y no quieren que el mundo lo sepa; puede ser el hecho de que esté siendo víctima de torturas, y en este momento esté brutalmente golpeado; puede ser que lo tengan hospitalizado, o amarrado, en contra de su voluntad, para compensar su estado de salud; también puede estar en otra provincia, algo que hacen para alejarlo de la familia ; además, está la opción, que es la peor y en la que no quiero pensar, de que lo estén dejando morir , porque puede estar en huelga de hambre», declaró a ABC Nelva Ismarays Ortega, esposa del ex prisionero de conciencia.

Ferrer García ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes en decenas de detenciones y encarcelamientos anteriores . En esta ocasión, según le informó a su esposa el instructor penal de la Seguridad del Estado, está siendo acusado de varios delitos –entre ellos «desórdenes públicos»– por los que pudiera ser sancionado a entre tres meses y un año de privación de libertad.

Por este mismo delito están siendo procesados el resto de los detenidos que participaron en las manifestaciones del 11J; a algunos se les imputa, además, de «instigación a delinquir», «atentado», «desobediencia» o «resistencia».

Al igual que Ferrer, se hallan detenidos otros líderes de la oposición como: Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, de Matanzas; Luis Manuel Otero Alcántara, artista líder del Movimiento San Isidro, de La Habana; y Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, de la Isla de la Juventud.

Además de la experiencia, las preocupaciones de Nelva Ortega por su esposo aumentan al conocer los testimonios de los manifestantes del 11J. Incluso menores de edad, al ser liberados, han relatado las golpizas y otras torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos.

Entre estos alegatos se halla el de Gabriela Zequeira ; la joven de 17 años fue liberada con una medida de reclusión domiciliaria, aunque unos días antes había sido condenada, en juicio sumario, a 8 meses de prisión. Gabriela contó cómo la amenazaban constantemente, incluso con una violación sexual. Tampoco le permitieron ver o hablar con su madre, y fue interrogada en varias ocasiones sin la presencia de un familiar o abogado defensor. Según CubaLex, todavía hay al menos seis menores de edad en prisión –de entre 14 y 18 años– y alrededor de veinte de entre 19 y 21 años.

El estudiante universitario, Leonardo Romero , narró las golpizas de las que fue víctima: varios agentes lo patearon. Además, le golpearon las piernas con tablas y luego le rompieron la nariz de un cabezazo.

Pese a la existencia de cientos de vídeos y testimonios que corroboran la violencia policial y las violaciones de los derechos humanos desde el 11J, las máximas autoridades del país solo han negado y escondido estos datos, además de justificar la represión.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro , dijo en una conferencia de prensa el 24 de julio que «en el país, no es delito pensar diferente, esto no constituye un delito, es un derecho. (…) La cuestión aquí no ha estado en ir a manifestarse», sino en «agredir, dañar, lesionar y desobedecer (a la autoridad)».

Apenas dos días antes, el Canciller Bruno Rodríguez rechazó que hubiera desaparecidos y aseguró que la mayoría de los arrestados habían sido liberados, «habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias».

De igual manera, Johana Tablada , funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una entrevista con la CNN, aseveró que «es mentira que haya habido personas torturadas ».