El protocolo del Brexit sobre Gibraltar «sienta las bases de cooperación» entre Reino Unido y España

Según adelantaba Michel Barnier, «este protocolo sienta las bases de la cooperación administrativa entre el Reino Unido y España en varios temas: los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, la pesca, así como la cooperación policial y aduanera». En ese sentido, el negociador agradeció a los gobiernos español y británico su trabajo bilateral.

Entre las páginas 495 y 501 del preacuerdo se explica que el protocolo -que consta de seis artículos- pretende «promover el desarrollo económico y social equilibrado» de Gibraltar y de los municipios del Campo de Gibraltar, «en particular en las condiciones de empleo». También se mencionan la protección medioambiental y el refuerzo de la seguridad de los habitantes de la zona. Se enfatiza, además, «la necesidad de combatir el fraude y el contrabando para proteger los intereses financieros de todas las partes».

Este protocolo protege los derechos de los trabajadores fronterizos , una de las principales reivindicaciones del Peñón, de forma que Londres y Madrid se comprometen a «cooperar de cerca» para asegurar los derechos de los cerca de 14.000 trabajadores que cada día cruzan la frontera.

Los dos países garantizan «la efectiva implementación de los derechos de los ciudadanos» recogidos en el apartado 2 del texto, que protege a los residentes que vivían en el Reino Unido o el resto de territorios comunitarios antes del Brexit, y «que se aplicará íntegramente a los trabajadores fronterizos que viven en Gibraltar o en España». El documento menciona específicamente a los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Queda establecido que España y el Reino Unido crearán un «comité coordinador» que velará por las condiciones laborales en el Peñón y sienta las bases para la cooperación administrativa entre España y Londres en materias como el tabaco, la pesca o el medio ambiente . El Reino Unido deberá garantizar que Gibraltar se adhiera al Convenio Marco para el control del tabaco de 2003 de la OMS y el Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos Tabacaleros (2012) antes del 30 de junio de 2020. Madrid y Londres acordarán las medidas para alcanzar la «transparencia completa en asuntos fiscales y en la protección de los intereses financieros de todas las partes». Para ello, deberán establecer un «sistema de cooperación administrativa para luchar contra el fraude, el contrabando y el lavado de dinero y que resuelva los conflictos fiscales» de los habitantes.