Primero narcotráfico y ahora conflicto armado: Venezuela toma el lastre que Colombia empieza a soltar

Hace quince años el chavismo empezó a implicarse directamente en el narcotráfico, facilitando que la cocaína generada por la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) partiera desde Venezuela en su ruta hacia el mercado estadounidense. Ese proceso dio origen al narco-estado chavista que conocemos. En los últimos días, Venezuela ha oficializado la importación de otro cáncer padecido por Colombia, relacionado con el anterior: el conflicto armado.

El chavismo siempre permitió la instalación de campamentos de las FARC en el lado venezolano de la frontera. Desde el abandono de las armas de esa organización en 2016 ha acogido a la disidencia dirigida por Iván Márquez y Jesús Santrich , bautizada como Segunda Marquetalia , además de permitir la presencia de la otra gran guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Meterse de lleno en el narcotráfico y confraternizar con las guerrillas colombianas no podía resultar inocuo para el resto de la sociedad venezolana. A los homicidios y otro tipo de violencia que esas actividades conllevan se ha sumado finalmente el fenómeno del «conflicto armado», por usar la expresión que durante décadas se aplicó en Colombia. No se trata ya del fenómeno de una insurgencia nacional que combate al propio Estado para implantar un sistema ideológico diferente, sino de una pelea entre facciones de crimen organizado, una de las cuales está apoyada por el Ejército venezolano en la disputa que mantienen por el control de espacios para sus negocios ilícitos. El hecho de que los grupos colombianos hayan comenzado a reclutar a venezolanos les da a algunos de ellos un carácter binacional que puede hacer que esa confrontación en suelo venezolano sea algo meramente esporádico, sino que se prolongue.

La división de las FARC ya se produjo en el momento de firmar el Plan de Paz colombiano. Márquez y Santrich, altos dirigentes de las antiguas FARC, aceptaron inicialmente el acuerdo, que ha seguido siendo respetado por el grueso de la organización, pero luego volvieron a la lucha armada , rivalizando en el control de los negocios ilícitos y el territorio con disidentes que no llegaron a colgar las armas; entre estos últimos el más notorio es Gentil Duarte, aliado ocasionalmente con otros cabecillas, como Ferley González.

Precisamente un campamento que dependía de este último fue atacado en el estado fronterizo de Apure el 21 de marzo por parte del Ejército venezolano, en una operación a gran escala. En el intercambio de fuego fallecieron dos soldados . El día 23, el grupo atacado respondió arrasando una aduana en la población de La Victoria. El 25, la intervención del Ejército y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) levó a la «neutralización» de cinco «terroristas», según el parte oficial, en una acción que podía esconder «falsos positivos»: varios miembros de una familia de campesinos fueron acribillados por los agentes alegando su confrontación al Ejército.

Los bombardeos del Ejército y los registros violentos llevados a cabo por las FAES, que han destruido c asas, han obligado a la marcha de sus tierras a unas cuatro mil personas: unos desplazados que se suman al alrededor de cinco millones de venezolanos que han debido emigrar por el hundimiento de la economía venezolana y la represión política del régimen.

A raíz de estos hechos, el gobierno chavista ha admitido por primera vez de manera oficial la existencia de grupos guerrilleros colombianos establecidos en suelo nacional. Nicolás Maduro ha denunciado, sin pruebas, que el Gobierno colombiano está protegiendo en su lado de la frontera a la facción que se enfrenta al régimen chavista, cuando ni Chávez ni Maduro atendieron nunca las quejas de Bogotá –y entonces sí había evidencias– de que el chavismo albergaba santuarios terroristas.

Maduro también ha denunciado ante la ONU el uso de minas antipersona por parte de los ex-FARC, a pesar de la falta de legitimidad derivada de haber comprado miles de minas a Cuba, saltándose tratado internacional contra la posesión de ese tipo de municiones firmado por Venezuela. Todos eso se vuelve ahora contra el propio régimen chavista.