Presos durante la dictadura, vuelven a la cárcel acusados de corrupción en Brasil

En una decisión inédita en la historia brasileña, resultado del llamado «juicio del siglo» , la Corte Suprema ha condenado a Dirceu, Genoino y Delubio Soares , ex tesorero del PT -condenado a nueve años-, por corrupción activa y asociación criminal, dirigir una trama de compra de votos entre parlamentarios aliados al gobierno pagada con recursos públicos, y financiación ilegal de la campaña que eligió a Lula en 2002.

Fundadores del partido más importante del país, el PT, Dirceu y Genoíno -apoyados por la fuerza de sus militantes en redes sociales- niegan su relación con el escándalo y apuntan a una nueva persecución, esta vez promovida por las elites, los medios de comunicación y la oposición.

En su blog, Dirceu acusa a la Corte de violar principios constitucionales por juzgarlo sin pruebas materiales y sin considerar la presunción de inocencia. Dirceu también afirma que el juicio fue realizado bajo la presión de los medios y coincidiendo con las elecciones municipales del 28 de octubre. «Voy a luchar, incluso cumpliendo la pena. Se lo debo a los que creyeron y lucharon a mi lado en los últimos 45 años», afirmó Dirceu.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Sao Paulo, el actual presidente del PT, Rui Falcão , defendió la tesis del partido de que Dirceu y Genoino fueron acusados sin pruebas, para lo que se recurrió a una teoría jurídica que presume la responsabilidad de quienes están en cargos públicos.

Falcão y los principales dirigentes del PT admiten que esas prácticas de financiación de campañas y compra de votos son realizadas por todos los partidos, entre ellos, el del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso .

Las condenas de Dirceu y Genoíno están basadas en la teoría del «Dominio del hecho», una doctrina nacida en Alemania para juzgar crímenes de lesa humanidad, que define que quien no está presente en la escena del crimen, pero dio la orden, es responsable como autor material.

Es la primera vez que la Corte Suprema brasileña recurre a ese argumento para juzgar a altos cargos públicos, empresarios y banqueros, como ha ocurrido en este escándalo, lo que ha creado jurisprudencia para casos similares y que, según los especialistas, debe llevar a políticos y empresarios a actuar con más responsabilidad en cargos de dirección.

El escándalo del «mensalão» (mensualidades) también está agitando un movimiento en la sociedad brasileña por una reforma política , que discuta la financiación pública de campañas y la facilidad con que se crean partidos, que no tienen representatividad ni ideología específica.

Por ejemplo, en las reciente elecciones municipales, treinta partidos tenían autorización legal para elegir candidatos. El Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE) es una de las iniciativas populares que debe buscar firmas para llevar al Congreso un proyecto de reforma del sistema.

La principal lección de este episodio histórico ha sido para el propio PT, antiguo abanderado de la ética que de repente se convirtió para los electores en un partido igual que a los demás.

De la mano de Lula, su principal líder, que fue hábilmente distanciado del escándalo por el propio partido, el grupo viene renovándose con figuras políticas que tienen una buena trayectoria técnica y un historial sin antecedentes de corrupción.

Lula da Silva consiguió elegir a su sucesora, Dilma Rousseff , a partir de esa estrategia de renovación, que recientemente llevó al desconocido Fernando Haddad a la alcaldía de São Paulo, uno de los bastiones de la política brasileña.

Una prueba del éxito de esa estrategia es que tanto Rousseff como Haddad han sido desvinculados de ese escándalo ante la opinión pública y que el propio Lula sigue siendo favorito para las próximas presidenciales.